Marquesán: “la Diputación Provincial de Teruel es la que más rápido llega a atender las emergencias de los pequeños municipios”

La Diputación Provincial de Teruel tiene, como uno de sus objetivos esenciales y principio básico de funcionamiento, la atención a todos los pueblos de la provincia para atender las necesidades que tienen ellos y los habitantes de los diferentes municipios, tanto en las grandes localidades como en las pequeñas. Dentro de todo ello, una de las principales peticiones que realizan a la Institución provincial es la atención ante las emergencias derivadas de las inclemencias meteorológicas.

Para atender esas necesidades, la Diputación Provincial de Teruel pone en marcha anualmente el Plan de Emergencias con el fin de financiar inversiones destinadas a la reparación de las afecciones que se producen en los diferentes municipios. La edición del presente año 2016 ha sido presentada este miércoles por el vicepresidente segundo de la Institución y responsable de Planes Provinciales, Luis Carlos Marquesán, que ha anunciado que cuenta con una partida de 100.000 euros.

Marquesán ha aprovechado la presentación del Plan de Emergencias 2016 para poner en valor la labor de la Institución. “La Diputación Provincial de Teruel es la que más rápido llega a atender las emergencias de los pequeños municipios”, argumento que ha considerado “irrefutable” para asegurar que “la desaparición de estas administraciones sería un golpe muy duro para las localidades de menor tamaño que muy posiblemente no podrían soportar porque se quedarían sin el apoyo directo que actualmente le prestamos”.

Según ha detallado el vicepresidente segundo, las actuaciones que son susceptibles de contar con el apoyo del Plan son las ocasionadas por daños eléctricos  y las afecciones en edificios municipales. “De esta manera -ha afirmado- atendemos las principales reivindicaciones que tienen los municipios para resolver de la manera más rápida posible los daños que suelen sufrir ante fenómenos como tormentas o granizos”.

Con relación al primero de ellos, Marquesán ha precisado que el objetivo es “minimizar al máximo los problemas eléctricos que se produzcan en las bombas de abastecimiento de agua y que suponen un serio perjuicio a los vecinos”, mientras que con respecto a la segunda ha asegurado que “pretendemos restaurar los edificios municipales que desarrollan actividades vinculadas a los servicios que prestan a los vecinos y para lo que requieren que las infraestructuras estén en un estado óptimo”. Todo ello, ha añadido, “para resolver lo más rápidamente posible los problemas extraordinarios que tienen los pueblos por cuestiones meteorológicas y para lo que necesitan en la mayoría de los casos el apoyo de las instituciones porque no tienen capacidad económica para poder afrontar su reparación en solitario”.

Junto a esas posibilidades, el vicepresidente segundo ha destacado que una de las novedades más destacadas consiste en la posibilidad de incluir las afecciones que sufren las bombas de agua y que les permiten suministrarla a los domicilios de las distintas localidades. Con esa variación “respondemos a las continuas peticiones de los ayuntamientos que nos solicitaban que esas incidencias fueran susceptibles de entrar en el Plan de Emergencias”, ha manifestado.

El Plan de Emergencias del año 2016 vuelve a contar con la misma partida presupuestaria que en 2015, pero es susceptible de ampliación si se producen un gran número de afecciones por cuestiones climatológicas. “La Diputación Provincial de Teruel no va a dejar desatendido a ningún municipio y, por ese motivo, si se necesitaran más fondos para atender a esos problemas los habilitaríamos para que nadie se quede sin la ayuda precisa”, ha advertido.

Plan de Emergencias 2016

El mencionado Plan tiene como objeto cofinanciar actuaciones de reparación o sustitución de infraestructuras municipales ocasionadas directamente por desastres naturales, siendo provocados por sucesos extraordinarios imprevisibles o, aún siendo previsibles, que sean inevitables. La afección debe ser de tal magnitud que las instalaciones o el servicio quede interrumpido o afectado de forma tan grave que sea necesaria una actuación de emergencia.

En lo que concierne a los daños eléctricos en los sistemas de bombeo, el solicitante deberá acreditar mediante certificado de un organismo de control que cumple el reglamento de instalaciones de baja tensión en los últimos cinco años; mientras que en los desperfectos en edificios municipales deberá acreditar la titularidad municipal del mismo y que en él se llevan a cabo actividades directamente vinculadas a los servicios municipales.

Las solicitudes, que serán tenidas en consideración por orden de presentación, deberán ser presentadas en el plazo máximo de un mes desde que se produjo la situación de emergencia, a excepción de las producidas desde el uno de enero de 2016 y la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Para la concesión o desestimación de la solicitud se tendrán en cuenta criterios como la ubicación en el casco urbano, que se trate de una infraestructura de servicio municipal obligatorio, que sea una infraestructura básica, que no se destine a uso privado, que en el caso de daños por viento éste debe ser superior a los 90 kilómetros por hora y que el daño sea sobrevenido y no como consecuencia del transcurso del tiempo.

Las subvenciones concedidas dentro del Plan de Emergencias serán compatibles con financiación procedente de otros Planes o de otras Administraciones o Entidades, pero en ningún caso el importe a abonar por la Diputación Provincial podrá ser de tal cuantía que aislada o en concurrencia con otras ayudas supere el coste de la actuación a subvencionar. Son gastos subvencionables los directamente relacionados con la inversión subvencionada y que se realicen dentro de plazo de ejecución y justificación del Plan, con la excepción del Impuesto de Valor Añadido (IVA).

Para determinar la resolución de las diferentes peticiones que se formulen a la Diputación Provincial de Teruel, se establecerá una Comisión de Valoración que estará compuesta por los miembros de la Comisión de Cooperación con representación de todos los grupos políticos. El plazo máximo para resolver dichas solicitudes no podrá exceder los tres meses a partir del día siguiente a la presentación de las solicitudes.