29/04/2016
La Audiencia de Teruel deniega la acusación particular de Jamones Bronchales en el caso del Jamón de Teruel
La Audiencia de Teruel ha denegado admitir como acusación particular a Jamones Bronchales en el caso por las supuestas irregularidades en el CRDO ya que no considera que se haya visto afectada
La Audiencia de Teruel ha denegado la personación como acusación particular de la empresa Jamones Bronchales en la causa por las presuntas irregularidades contables en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel porque no considera que tenga la condición de perjudicada por el delito que se investiga.
El tribunal provincial estima así el recurso de apelación presentado por Antonio Arrufat, expresidente de la Diputación de Teruel; Rogelio Castaño, técnico de la institución provincial, y Francisco Abril, exvicepresidente de la institución), llamados a declarar en la causa del Jamón de Teruel.
En el auto de la Audiencia Provincial de Teruel se señala que la personación de la mercantil Jamones Brochales S L se hizo exclusivamente a través de escrito firmado por letrado, sin la asistencia de procurador, y esta circunstancia determinaría por si sola el rechazo de la personación efectuada, que debe hacerse necesariamente por medio de abogado y procurador.
Además, Jamones Bronchales fundamenta su personación en su condición de perjudicada por el delito, en cuanto que ostentan la condición de socio del CRDO Jamón de Teruel y la actuación de la entidad denunciada supuso una elevación de las cuotas para los socios. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Teruel considera que en los delitos investigados relacionados con las subvenciones tiene la condición de perjudicado la propia Administración Pública, por lo que un supuesto interés en “pedir el esclarecimiento de los hechos” de la empresa jamonera no es suficiente para constituir a dicha mercantil como perjudicada por el delito.
En este aspecto, el auto también apunta a que Jamones Bronchales no es tampoco perjudicada por el hecho de haber abonado tarifas por la prestación de servicios de gestión y certificación, pues no se alcanza a comprender la relación existente entre el supuesto fraude de subvenciones y el pago de tales tarifas por parte de la mercantil.
Al margen de lo expuesto, en el auto también menciona que el representante legal de la citada mercantil es Eugenio García Belenguer, al que el tribunal provincial denegó su personación en la causa el pasado mes de febrero, y que ahora pretende hacerlo nuevamente, amparado en una personalidad jurídica distinta, pero con similares argumentos a los esgrimidos en aquella ocasión.(aragondigital.es)
El tribunal provincial estima así el recurso de apelación presentado por Antonio Arrufat, expresidente de la Diputación de Teruel; Rogelio Castaño, técnico de la institución provincial, y Francisco Abril, exvicepresidente de la institución), llamados a declarar en la causa del Jamón de Teruel.
En el auto de la Audiencia Provincial de Teruel se señala que la personación de la mercantil Jamones Brochales S L se hizo exclusivamente a través de escrito firmado por letrado, sin la asistencia de procurador, y esta circunstancia determinaría por si sola el rechazo de la personación efectuada, que debe hacerse necesariamente por medio de abogado y procurador.
Además, Jamones Bronchales fundamenta su personación en su condición de perjudicada por el delito, en cuanto que ostentan la condición de socio del CRDO Jamón de Teruel y la actuación de la entidad denunciada supuso una elevación de las cuotas para los socios. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Teruel considera que en los delitos investigados relacionados con las subvenciones tiene la condición de perjudicado la propia Administración Pública, por lo que un supuesto interés en “pedir el esclarecimiento de los hechos” de la empresa jamonera no es suficiente para constituir a dicha mercantil como perjudicada por el delito.
En este aspecto, el auto también apunta a que Jamones Bronchales no es tampoco perjudicada por el hecho de haber abonado tarifas por la prestación de servicios de gestión y certificación, pues no se alcanza a comprender la relación existente entre el supuesto fraude de subvenciones y el pago de tales tarifas por parte de la mercantil.
Al margen de lo expuesto, en el auto también menciona que el representante legal de la citada mercantil es Eugenio García Belenguer, al que el tribunal provincial denegó su personación en la causa el pasado mes de febrero, y que ahora pretende hacerlo nuevamente, amparado en una personalidad jurídica distinta, pero con similares argumentos a los esgrimidos en aquella ocasión.(aragondigital.es)
