17/05/2016
El Gobierno de Aragón aprueba el FITE de 2016 y reclama su firma cuanto antes
El Consejo de Gobierno aprobó hoy la dotación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), de 30 millones de euros y dio el visto bueno al convenio de colaboración entre el Departamento de Economía, Industria y Empleo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para articular el FITE del ejercicio 2016.
Se trata de un documento sobre cuyo contenido el Ministerio ha rechazado la práctica totalidad de las nuevas propuestas planteadas desde la Comunidad Autónoma.
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén fue explícito y reclamó su firma lo antes posible para procurar la ejecución de los proyectos que se determinen y no acumular más retrasos.
De esta forma, la Comunidad Autónoma da por finalizados todos los pasos de carácter administrativo que debe ejecutar a fin de poder llevar adelante dicho convenio y queda a la espera de que el Ministerio de Hacienda, a quien todavía le queda por realizar toda la tramitación de carácter administrativo, previa a la firma.
El convenio está dotado con un presupuesto de 60 millones de euros, financiado al 50% por ambas administraciones, y contempla la financiación, de manera preferente, de las siguientes líneas de inversión:
Servicios sociales y sanitarios sin que tengan que concurrir a concursos
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy un decreto ley sobre acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario. Este decreto ley modifica el modelo de organización de la prestación de estos servicios sociales y sanitarios y complementa, a través de los conciertos, los actuales modos de gestión directa o indirecta por contrato.
El decreto, que responde a unas históricas demandas de las entidades sociales, establece que un operador económico que aspire a obtener un beneficio empresarial como consecuencia de su colaboración con la administración en la prestación de servicios solo podrá hacerlo en el marco de un proceso de contratación. Sin embargo, aquellas entidades sin ánimo de lucro podrán hacerlo bajo la forma de acción concertada, siempre que cumplan unos requisitos asistenciales y de calidad del servicio.
La novedad es que se pasa de un sistema que reconocía un simple derecho de preferencia a las entidades sin ánimo de lucro y que planteaba numerosos problemas de aplicación a otro que permite reconocer el valor social y la función que realizan estas organizaciones en el ámbito de los servicios a las personas.
