El PAR reclama en el Senado al Gobierno Central que las entidades locales puedan invertir 137 millones que tienen en los bancos

El senador del Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica, ha recordado que la formación presentó el pasado mes de febrero en el Senado una moción y una pregunta escrita con las que la formación aragonesista insta al Gobierno de España a que modifique la normativa para liberar 137 millones de las entidades locales de la provincia de Teruel que están actualmente en los bancos y la legislación actual no permite dedicarlas a dotar de servicios a los municipios.

La situación derivada de la crisis sanitaria por el coronavirus ha provocado que no se haya podido debatir este asunto en la Cámara Alta, tal y como estaba previsto, pero desde la formación reiteran que ahora más que nunca es necesario acelerar esta medida para que los ayuntamientos tengan fondos.

El Partido Aragonés presentó en el Senado esta reclamación que ya se ha aprobó en ayuntamientos, comarcas y la Diputación de Teruel, a iniciativa del PAR, en los últimos meses, donde tuvo el apoyo de todos los grupos políticos.

En concreto, el Partido Aragonés reclama “medidas concretas y fáciles de llevar a cabo, solo es cuestión de la voluntad política del Gobierno central de apoyar de vedad a las zonas despobladas” ha dicho Sánchez-Garnica. Así, la petición del PAR al Gobierno central es aprobar un decreto ley que permita destinar inmediatamente el superávit presupuestario obtenido en el año 2018 a inversiones financieramente sostenibles. “Esta medida es inmediata y permitiría que llegara a la provincia de Teruel una lluvia de millones sin tener que desembolsar ni un euro, simplemente permitiendo gastar de manera excepcional y para territorios concretos desfavorecidos” según ha añadido el vicepresidente de la Diputación de Teruel y secretario ejecutivo de Acción Territorial del PAR.

Además, en el momento en el que existan unos presupuestos aprobados del Estado, el PAR reclama incluir una modificación en la ley orgánica 2/2012 para habilitar el destino del superávit de las corporaciones locales de la denominada “España vaciada” a cualquiera de sus competencias permitidas, incluyendo especialmente todo lo relacionado con el fomento del empleo, inversión en el medio rural y cuantas medidas contribuyan de manera directa o indirecta contra la despoblación.

La moción recoge también la petición de que se apruebe de manera inmediata un real decreto ley, específico para zonas despobladas que permita excepcionalmente flexibilizar la regla de techo de gasto en las entidades locales que hayan cumplido la normativa.

“Sería una manera de mostrar con hechos de verdad el compromiso con la España rural, la España de interior, la más desfavorecida, y premiar a aquellas entidades locales que de verdad han cumplido y han sido eficaces en la gestión” ha resaltado la portavoz del PAR en la Diputación de Teruel, Berta Zapater, institución en la que se presentó esta moción en la sesión plenaria del mes de enero.

Según los datos recopilados por la diputada de la formación, solo en la provincia de Teruel y con datos de 2018, 137.400.732,1 millones de euros de todos los ayuntamientos, comarcas y de la Diputación de Teruel están en las entidades bancarias. Se trata de 1.026,57 euros por habitante de la provincia de Teruel que “podrían reinvertirse sin pedir a ningún sitio. No se trata de que se destine más dinero a ayuntamientos, comarcas y Diputación de Teruel sino de poder gastar el que tienen” ha subrayado Zapater.

Y a esto se suma que a partir de 2020 las entidades bancarias ya han avisado que comenzarán a cobrar un 0.4% del total de los depósitos que tienen las administraciones públicas, que en la provincia de Teruel supondrá algo más de 693.602 euros que no se podrán invertir.

Texto de la moción

La moción recoge que desde la implantación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) la regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública, las administraciones públicas han ido limitando el gasto y reduciendo la deuda pública hacia el equilibrio presupuestario.

Pero transcurridos ya más de siete años desde la aprobación de la actual normativa de estabilidad, el PAR considera, según recoge la moción, que “es urgente garantizar la aplicación homogénea de esta normativa en los diferentes territorios”. Así, continúa el texto, “los ayuntamientos que disponen de superávit al cierre de sus cuentas no deberían esperar a que el Estado disponga de unos Presupuestos Generales aprobados, o a que el Ejecutivo del momento tenga a bien aprobar la norma que habilite a las Entidades Locales a utilizar, en beneficio de sus propios vecinos, unos recursos económicos que han sido generados por la gestión realizada por esos propias entidades”.

La moción continúa señalando que, en aquellos ayuntamientos, diputaciones provinciales, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid y Bilbao o la Diputación Provincial de Barcelona, por ejemplo, donde se aprecia riesgo de incumplimiento, “es necesario que se adopten las medidas oportunas, pero en aquellas corporaciones locales, como es el caso de todas de la provincia de Teruel, es importante que se permita que esos remanentes de tesorería puedan destinarse a revertir la inversión en el territorio”, no solo con inversiones financieramente sostenibles, sino “permitiendo de manera extraordinaria destinar los más de 137 millones que en estos momentos están depositados en las entidades bancarias, en riqueza para un territorio, en medida concreta contra la despoblación”.

Los aragonesistas reprochan que las leyes se suelen hacer pensando en el ámbito urbano y por ello, ha reivindicado Sánchez-Garnica, el Partido Aragonés siempre ha estado “pegado al territorio, con los alcaldes y los concejales que son los que viven en los pueblos, los que sufren la despoblación y a los que no se pregunta”.