El Partido Popular de Teruel muestra su oposición a la Ley Celaá

Menos de 24 horas después de que el Gobierno de España aprobara la denominada Ley Celaá en el Congreso de los Diputados, con el voto favorable de formaciones nacionalistas e independentistas, el Partido Popular ha mostrado su oposición a esta norma que atenta contra varios de los pilares esenciales del sistema educativo de nuestro país.

Lo han hecho mediante la presentación en la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y en el Ayuntamiento de la capital de una propuesta contraria a esa Ley y que será debatida en los próximos plenos de ambas instituciones. Un texto que han dado a conocer este viernes la alcaldesa de Teruel y diputada provincial, Emma Buj, en compañía del también representante en la DPT, Francisco Narro, y del portavoz ‘popular’ y concejal de Educación, Javier Domingo.

En palabras de Buj, es una Ley “perjudicial para el sistema educativo”. Lo ha justificado en que “no ha escuchado a nadie a la hora de elaborarla, a ningún colectivo del sector ni grupo político, a excepción del PSOE, Podemos y sus socios separatistas” y también en que “atenta contra la libertad de las familias, la educación especial, la cultura del esfuerzo, la función pública y el castellano”.

Especialmente grave ha calificado la alcaldesa de Teruel el ataque a la libertad de elección de las familias, con gran énfasis a la escuela concertada. Tal y como ha recordado, tanto en la capital como en Alcañiz conviven centros públicos y concertados: cinco y cuatro en Teruel, mientras existen tres y dos en la capital del Bajo Aragón, respectivamente.

“Hasta ahora las familias podíamos elegir dónde llevar a nuestros hijos”, ha recalcado, posibilidad que ha advertido que “se va a acabar” porque con esta Ley “será el Estado el que asigne a cada familia el colegio al que tienen que llevar a sus hijos”.

Asimismo, ha puesto el foco también en la decisión de que el castellano no sea contemplado en la nueva normativa como una lengua vehicular cuando en la actualidad es una de las más usadas en todo el mundo. “Tenemos uno de los idiomas más hablados y quieren que en algunos territorios de España quede erradicado”, ha criticado.

Si estos hechos han sido calificados por Buj como “muy graves”, tampoco ha rebajado la consideración con otros tres aspectos que contempla la reforma de la Ley Celaá. Con respecto a la educación especial ha advertido que esta normativa supone “un retroceso” y ha generado el rechazo de los padres de niños con necesidades especiales porque “van a salir perjudicados”; también que la cultura del esfuerzo “se tira por los suelos” cuando se puede promocionar de curso con asignaturas suspendidas; y ha mostrado su repulsa a que los inspectores educativos puedan ser elegidos de manera discreccional por el Gobierno, “yendo en contra de la promoción interna en un cuerpo fundamental para vigilar la calidad de nuestra educación”.

UN MODELO ALTERNATIVO

Los representantes del Partido Popular en Teruel han mostrado este viernes su rechazo y lo han hecho poniendo a su vez un modelo alternativo al aprobado este jueves en la Cámara Baja. “Apostamos por la libertad de elección de las familias, por la promoción del esfuerzo, por mantener las figuras de los inspectores de educación como venían reflejadas anteriormente y defendemos el castellano como nuestra lengua oficial y como una de las más ricas y habladas del mundo”, ha concretado.

Ese modelo aparece reflejado en la propuesta de los ‘populares” en la DPT y en el Ayuntamiento de Teruel, en la que se reclama “volver al pacto constitucional en materia educativa” y también “garantizar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos”. Junto a ello, también piden respeto al artículo 27.3 de la Constitución en el que los poderes públicos deben “garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

La propuesta presentada por el PP recoge a su vez varias solicitudes más, como la adopción de las medidas oportunas para que la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales “no sean fuente de discriminación”, extender la gratuidad al bachillerato, formación profesional y educación infantil, esta última de carácter voluntario; y asegurar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial en la red pública y privada concertada.