21/06/2016
La DGA recurre la sentencia por el hospital de Teruel
La DGA ha presentado un recurso a la sentencia que le obliga a pagar 3,3 millones de euros a Acciona por la rescisión del contrato de construcción del nuevo hospital de Teruel
El Gobierno de Aragón ha presentado un recurso de apelación a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza que le condena a pagar 3,3 millones de euros a Acciona por la rescisión del contrato de construcción del nuevo hospital de Teruel. Pide que estime este recurso y revoque la citada sentencia.
En su recurso, los servicios jurídicos de la Comunidad advierten de la actitud "claramente maliciosa" de Acciona. "Es sabedor de que el proyecto inicial ya no existe, hay una modificación adjudicada" que contempla los "problemas sísmicos" en la zona, reza el recurso. Riesgo sísmico que fue advertido, en 2008, por el catedrático de Geología José Luis Simón, en alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel.
En este sentido, el Gobierno de Aragón expone en su recurso que fue el Ayuntamiento de Teruel quien "no advierte de este riesgo sísmico y da licencia al proyecto presentado por el Servicio Aragonés de Salud que no contempla estos extremos, pues no ha sido advertido de ello".
El recurso recuerda que el contrato se firmó el 1 de marzo de 2012 y el plazo de replanteo finalizó un mes mas tarde. "El contratista es sabedor y consiente en ello, pues sabe de la imposibilidad del replanteo por no existir dirección de obra". Ésta, adjudicada a Pinearq SLP, "se ve afectada por la constatación de los problemas sísmicos".
El Gobierno de Aragón recuerda que es el propio contratista quien, en mayo de 2013, propone una modificación del contrato, es decir, "está desistiendo de realizar el contrato inicial pues sabe de su imposibilidad".
El 23 de enero de 2014 se convocó modificación del contrato y se adjudicó el 22 de abril de ese año. En octubre, el contratista presentó su desistimiento "por demora en el replanteo". Acciona "ha pretendido modificar la adjudicación del contrato pretendiendo su realización parcial en cuanto a su interés", extremo que "no permite la ley", según entienden los servicios jurídicos de la DGA en su recurso que entienden que esta actitud "no es razonable".
Defienden así que el Salud ha obrado en todo momento "con la diligencia debida" y que "no podía proceder al replanteo de una obra que estaba en entredicho, por la denuncia de esos problemas sísmicos" de los que "conocía pero no oficialmente". "No se le comunica hasta enero de 2013, y a partir de ahí se solicitan informes al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico Minero de España", reza el recurso.