01/11/2016
La Guardia Civil desmantela una Comunidad de Bienes que empleaba el nombre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para estafar
Han sido detenidas tres personas y otras 14 están siendo investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada y falsedad documental
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘ROPU’, una investigación dirigida esclarecer una serie de estafas continuadas que se ha saldado con la detención de tres personas y la investigación de otras 14, miembros de un entramado delincuencial con sede en Madrid, presuntamente dedicado a estafar, en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, a más de un millar de particulares y empresas de todas las provincias españolas.
La investigación continúa abierta por lo que no se descarta que existan otros perjudicados.
La operación ‘ROPU’ se inició el pasado mes de febrero cuando la Guardia Civil conoció que varios agricultores del municipio de Jumilla estaban recibiendo llamadas telefónicas de personas que, identificándose como guardias civiles, solicitaban colaboraciones económicas mediante la inserción de publicidad en revistas oficiales de la Guardia Civil.
Fruto de los contactos mantenidos con estas primeras víctimas se averiguó que alguna de ellas había colaborado con los presuntos estafadores, en la creencia que lo hacían con la Benemérita y que otros, a pesar de haber declinado expresamente su participación, habían recibido cargos en sus cuentas bancarias sin su consentimiento.
Las pesquisas practicadas por la Guardia Civil destaparon que esta supuesta red delictiva había actuado en otras provincias, con el mismo modus operandi, perjudicando tanto a organismos públicos como privados.
El pasado mes de junio, y una vez obtenidos los indicios necesarios, la Guardia Civil situó el origen de estas prácticas delictivas en una Comunidad de Bienes con sede en Madrid, por lo que se solicitó el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro.
El registro del inmueble se saldó con la detención de tres personas, una de ellas el principal cabecilla de la organización, a las que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada y falsedad documental, así como con la incautación de abundante documentación relacionada con la trama.
El análisis de los documentos ha permitido identificar a otras catorce personas, supuestos miembros de la organización delictiva, a las que se les ha instruido diligencias como investigadas.
Se hacían pasar por miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local
La organización criminal ahora desmantelada se dedicaba, presuntamente, a recabar publicidad en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, haciéndose pasar por miembros de estos Cuerpos, con la finalidad de obtener anunciantes para revistas de temática policial, de asociacionismo profesional o sindicales.
Con este método se aseguraban la colaboración de los patrocinadores y la eficacia con sus clientes, publicaciones legales ajenas al engaño.
Entre los casos esclarecidos se encuentran víctimas que, además, nunca recibieron la revista con la que colaboraban, otras que recibían otra distinta y otras a las que les facturaban por la inserción de publicidad en varias publicaciones aunque solo habían autorizado su colaboración con una.
La Guardia Civil ha averiguado que alguno de los perjudicados habría recibido llamadas telefónicas en las que su interlocutor, simulando ser miembro de estos cuerpos policiales, lo coaccionó cuando se negó a colaborar.
Al menos dos sindicatos policiales se han visto perjudicados por esta actividad delictiva, al aparecer sus logos o siglas en facturas expedidas a nombre de clientes, que los ahora detenidos utilizaban sin el consentimiento de los titulares, para dar mayor credibilidad a sus operaciones.
Sólo existe una revista oficial llamada: Guardia Civil
La información obtenida en Jumilla destapó un supuesto entramado empresarial dedicado a estafar tanto a empresas, como a particulares e incluso a organismos públicos como ayuntamientos, utilizando para ello, entre otros, el nombre de la Guardia Civil, con el objetivo de obtener ingresos económicos mediante engaño, valiéndose del prestigio y el valor de la marca Guardia Civil.
La Benemérita recuerda que ‘Guardia Civil’ es una marca registrada y que la única revista oficial editada legalmente bajo el mismo nombre: Guardia Civil, es una publicación que se sustenta de los suscriptores, en ningún caso de solicitudes externas de colaboración económica.
Existen otras publicaciones relacionadas con la Guardia Civil o la Policía Nacional que emplean emblemas, logos o fotografías de ámbito profesional y que son editadas por asociaciones o sindicatos legales que, si bien no representan a estas instituciones, tratan temas de actualidad, asociacionismo profesional o temática policial.
Estas ediciones, digitales o impresas, se sufragan, en algunos casos, con la inserción de publicidad, todo lo cual se realiza en el marco legal, para lo que, generalmente, emplean la subcontrata de empresas de publicidad.
La ilegalidad aparece cuando la empresa de publicidad trata de obtener patrocinadores mediante engaño o con la ambigüedad de hablar en nombre de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, como organismos oficiales.
La operación ‘ROPU’ ha culminado con la detención de tres personas –varones, con edades comprendidas entre los 22 y los 50, residentes en Madrid– y con la instrucción de diligencias a 14 personas como investigadas, todas ellas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsedad documental.
Se estima en más de un millar, el total de víctimas afectadas por las prácticas fraudulentas de la comunidad de bienes investigada.
Los tres detenidos, la documentación incautada y las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jumilla (Murcia).
La Guardia Civil mantiene abierta la operación con la identificación de más perjudicados en el ámbito nacional, con la dificultad añadida de que alguno de ellos, debido al engaño al que han sido sometidos declinan, en un primer momento, el diálogo con los investigadores, que han tenido que requerir el auxilio de personal de Puestos y Comisarías para contactar directamente con las víctimas.
