La SSPA plantea bonificaciones fiscales como forma de combatir la despoblación

Un estudio encargado por la red SSPA, impulsada por las organizaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca con el apoyo de los grupos de acción local de las tres provincias, propone una rebaja efectiva del 50 por ciento de la cuota íntegra de los principales impuestos, en zonas despobladas y alejadas de cabeceras comarcales o provinciales. Según este estudio, igualar los impuestos que ya tienen las islas y ciudades como Ceuta y Melilla, incrementarían el PIB de la provincia en 80 millones e incluso podría ayudar a generar cerca de 1.000 empleos en un futuro a medio y largo plazo.

El informe que la SSPA presentó este lunes en Teruel después de que las organizaciones empresariales hicieran lo propio en Madrid antes de presentar el documento a Isaura Leal, comisionada frente al Reto Demográfico en el Gobierno de España. En esta ocasión, el acto contó con la presencia del coordinador del informe, José Antonio Herce, quien destacó que el estudio busca «analizar en qué medida el ordenamiento jurídico permite un tratamiento excepcional para territorios despoblados».

Se refiere a zonas, además de despobladas, alejadas de cabeceras de comarca o provincia, y la propuesta es plantear medidas que la normativa europea y estatal contempla actualmente, ha dicho, para Canarias y los territorios de ultramar. «El estudio es una ficha económico, financiera e incluso jurídica que debería acompañar a las leyes que planteen esta discriminación positiva para estos territorio», comentó Herce.

La propuesta plantea una reducción del 50 por ciento de «todas las grandes figuras del ordenamiento tributario español», indicó Herce: desde el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta el Impuesto de Sociedades, pasando por el de sucesiones y actos jurídicos documentados o de transacciones patrimoniales.

Esta reducción supondría que el Estado dejaría de ingresar 335 millones de euros, si se aplica a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel que es sobre las que se ha hecho el estudio, lo que supone un 0,17 por ciento de la recaudación impositiva consolidada en todo el Estado. «Ese dinero permanecería en el bolsillo de las empresas y de los autónomos para revertir en el desarrollo de la población y cada año se recuperarían 80 millones de euros», apuntó Herce.

Más fondos europeos

Además, se ha confirmado que los Estados miembros de la Unión Europea podrán asignar mayores recursos a las zonas que se enfrentar a graves de despoblación. Así lo constató el Parlamento Europeo con una respuesta a la pregunta formulada por el responsable de Asuntos Europeos de Chunta Aragonesista, Miguel Martínez Tomey, quien solicitó información sobre la cantidad adicional que la Comisión Europea proponía asignar a las zonas menos pobladas de Europa.

Según Tomey, pese a que desde Europa prefieren no dar cifras concretas, la financiación destinada a la despoblación en Aragón ronda los 100 millones de euros en la actualidad (el 15% de los 665,6 millones que recibe España); cifra que podría aumentar en el próximo marco financiero de 2021-2027, tal y como aseguraron desde el Parlamento Europeo. «Ahora es el momento de que el gobierno español priorice finacieramente la lucha contra la despoblación. Es toda una novedad y Aragón no puede desaprovechar la oportunidad», comentó Tomey en una nota de prensa.

La Estrategia Nacional, lista en marzo

Por su parte, el Gobierno de España sigue trabajando en la Estrategia Nacional contra la despoblación y mantiene el mes de marzo como fecha, todavía sin día marcado, para presentar el conjunto de medidas que se plantean desde Madrid para frenar una problemática que golpea a todo el medio rural español.

Junto a la comisionada frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, estuvieron este viernes los representantes de las 17 Comunidades Autónomas que participan en la redacción de dicha estrategia. Entre ellos, el comisionado para la Despoblación, Javier Allúe, quien exigió que Aragón tenga una mayor incidencia en las medidas que se presentarán en marzo.

Allué se encargó de recordar los planes en la lucha contra la despoblación impulsados por el Gobierno de Aragón en diferentes departamentos, como Sanidad y Servicios Sociales, y reclamó la imperiosa necesidad de modificar la ley de financiación de las CCAA para que se tenga en cuenta el coste de los servicios básicos en el medio rural.

De igual modo, apuntó a la necesidad de modificar la ley de los presupuestos para que estos incorporen un fondo específico para la lucha contra la despoblación, así como la implementación de medidas de fiscalidad diferenciada para el medio rural. También declaró que la estrategia «no puede ser un catálogo más de medidas, sino que debe incorporar una metodología de aplicación de esas medidas en las zonas despobladas».