13/11/2015
Abril continuará en sus cargos a pesar de su imputación en el caso del jamón de Teruel
El exvicepresidente de la DPT Francisco Abril, tras declarar como imputado ante el juez que instruye la causa por posibles irregularidades contables en el Consejo Regulador del Jamón de Teruel, ha afirmado que continuará en sus cargos
El exvicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) Francisco Abril ha declarado este viernes como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel que investiga la causa abierta por posibles irregularidades contables en el Consejo Regulador del Jamón de Teruel.
Tras declarar durante algo más de dos horas ante el juez por un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, Abril ha asegurado que continuará en sus cargos, de vicepresidente de la Comarca Comunidad de Teruel y alcalde de Alfambra, ya que cuenta con el apoyo del PAR.
Además, y según ha apuntado el abogado de Francisco Abril, Manuel Gómez Campos, se solicitará el archivo de la causa en la parte que le corresponde a su defendido. “Cuando presentemos esta petición, a ver cómo se pronuncia el juzgado y si continua con la imputación, nos tendrá que aclarar los motivos o los hechos”, ha comentado Gómez Campos.
Según ha explicado Francisco Abril tras prestar declaración, se ha limitado a aclarar su responsabilidad por firmar en 2012 una orden de pago de una subvención otorgada por decreto tras recibir el informe de intervención y de los Servicios Agropecuarios. “Yo firmé esa orden de pago en sustitución de la presidenta de la DPT, en ese momento Carmen Pobo, porque estaba de vacaciones”, ha puntualizado Abril.
Además, ha comentado que las subvenciones otorgadas por la Diputación de Teruel durante el año 2011 fueron fiscalizadas por la Cámara de Cuentas quien emitió un informe que se remitió al Tribunal de Cuentas. “Este organismo pidió la documentación pertinente y archivó los expedientes porque no se percibe que haya irregularidad o ilegalidad”, ha argumentado Abril.
Informes
Sin embargo, el juez que instruye la causa se apoya en el informe pericial realizado sobre las ayudas recibidas por el Consejo Regulador de la DO de Jamón de Teruel y que reconoce irregularidades en las tres subvenciones por un importe de 68.000 euros firmadas por Antonio Arrufat, Carmen Pobo y el propio Francisco Abril.
Al parecer, las ayudas a fueron aprobadas sin contar la DPT con una ordenanza de subvenciones y un Plan Estratégico, tal y como recoge la Ley General de Subvenciones de 2003 y cuyo reglamento se desarrolla en 2006.
En sus investigaciones, el juez, además del informe pericial, también está teniendo en cuenta el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón de 2011 donde se asegura que la institución provincial no tiene competencias para otorgar este tipo de ayudas agroalimentarias así como en materias como cultura, acción social, educación, cooperación al desarrollo, agricultura y ganadería.
Tras declarar durante algo más de dos horas ante el juez por un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, Abril ha asegurado que continuará en sus cargos, de vicepresidente de la Comarca Comunidad de Teruel y alcalde de Alfambra, ya que cuenta con el apoyo del PAR.
Además, y según ha apuntado el abogado de Francisco Abril, Manuel Gómez Campos, se solicitará el archivo de la causa en la parte que le corresponde a su defendido. “Cuando presentemos esta petición, a ver cómo se pronuncia el juzgado y si continua con la imputación, nos tendrá que aclarar los motivos o los hechos”, ha comentado Gómez Campos.
Según ha explicado Francisco Abril tras prestar declaración, se ha limitado a aclarar su responsabilidad por firmar en 2012 una orden de pago de una subvención otorgada por decreto tras recibir el informe de intervención y de los Servicios Agropecuarios. “Yo firmé esa orden de pago en sustitución de la presidenta de la DPT, en ese momento Carmen Pobo, porque estaba de vacaciones”, ha puntualizado Abril.
Además, ha comentado que las subvenciones otorgadas por la Diputación de Teruel durante el año 2011 fueron fiscalizadas por la Cámara de Cuentas quien emitió un informe que se remitió al Tribunal de Cuentas. “Este organismo pidió la documentación pertinente y archivó los expedientes porque no se percibe que haya irregularidad o ilegalidad”, ha argumentado Abril.
Informes
Sin embargo, el juez que instruye la causa se apoya en el informe pericial realizado sobre las ayudas recibidas por el Consejo Regulador de la DO de Jamón de Teruel y que reconoce irregularidades en las tres subvenciones por un importe de 68.000 euros firmadas por Antonio Arrufat, Carmen Pobo y el propio Francisco Abril.
Al parecer, las ayudas a fueron aprobadas sin contar la DPT con una ordenanza de subvenciones y un Plan Estratégico, tal y como recoge la Ley General de Subvenciones de 2003 y cuyo reglamento se desarrolla en 2006.
En sus investigaciones, el juez, además del informe pericial, también está teniendo en cuenta el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón de 2011 donde se asegura que la institución provincial no tiene competencias para otorgar este tipo de ayudas agroalimentarias así como en materias como cultura, acción social, educación, cooperación al desarrollo, agricultura y ganadería.
