10/02/2016
Trabajadores y vecinos acuerdan un primer calendario de movilizaciones en Andorra
El jueves se presentará ante representantes empresariales y políticos de toda la comarca Andorra Sierra de Arcos para ser debatido, mejorado y ratificado. Los representantes sindicales reunidos ayer por la tarde exigieron ayer «celeridad, acción y toma de decisiones políticas» que sirvan para garantizar el futuro del carbón.
Los últimos 33 despidos en Ariño y la aplicación del plan de optimización por el que Endesa prevé 42 prejubilaciones en la Villa Minera que no se restituirán han puesto en guardia al sector, que la semana pasada ya decidió formar una Mesa Ciudadana con la que luchar en bloque para, entre otras cuestiones, conseguir la declaración de Zona Estratégica del territorio e, incluso, Utilidad Pública de la Central. Este jueves, también se espera formar la Mesa .
Los últimos acontecimientos han traido reacciones políticas a todos los niveles. El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón Vicente Guillén, criticó al final de la semana pasada la gestión del Ministro de Industria, José Manuel Soria, del problema minero. «Ha habido una dejación de funciones absoluta. No nos consta que Rajoy ni Soria hayan defendido en Bruselas la quema de carbón», criticó Guillén.
Con respecto a la Central, el consejero explicó que la empresa propietaria siempre les ha informado de que necesitan garantías jurídicas para acometer la inversión de 230 millones de euros necesaria para adaptar la Térmica. Aseguró que la DGA estará junto a las reivindicaciones y movilizaciones de la cuenca minera. «Nosotros solo podemos sumar y ponernos al lado de aquellos que reivindican algo justo», zanjó.
Pero el Ministerio de Industria no está dispuesto a admitir las críticas por las que le acusan de no estar haciendo nada por el futuro de la minería. Soria defendió este viernes a través de un comunicado que el día 29 de enero se reunió con la comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, para abordar las ayudas al carbón.
En la reunión se planteó que Bruselas acepte algún tipo de mecanismo de ayuda a lo largo de estos años para garantizar la quema de carbón nacional por parte de las centrales térmicas con el objetivo de no poner en riesgo la seguridad de suministro. Según afirman desde el Ministerio, la comisaria se mostró comprensiva con los argumentos españoles, si bien supeditó cualquier tipo de ayuda a que ésta sea compatible con el régimen europeo, para lo cual siguen trabajando equipos técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El ministro argumentó que, a pesar de los evidentes avances en la legislatura anterior, «España es un país con muy pocas interconexiones con el resto de Europa, lo que significa que la seguridad de suministro energético es vulnerable y precisa fuentes autóctonas».
La Comisión Europea no se opondría a ese tipo de ayudas, pero siempre y cuando se hagan dentro de la legalidad europea. El compromiso comunitario es por tanto estudiar la posibilidad de una vía legal que permita a España cierta compensación a la quema del carbón nacional hasta el año 2018.
Cabe recordar que España ya propuso una orden hace meses que se basaba en los pagos por capacidad, mecanismo por el que se pretende ayudar a las centrales a realizar la inversión que necesitan para adaptarse a la nueva normativa europea medioambiental a cambio de que compren lignito autóctono. Sin embargo y pese a que no hay un rechazo oficial a esta orden, todo parece apuntar a que no se acepte. Más teniendo en cuenta que en octubre la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya emitió un informe muy desfavorable que contemplaba que los pagos por capacidad serían ayudas estatales incompatibles con el reglamento europeo. La Comisión hablaba de «competencia desleal» hacia las renovables y advertía, por tanto, de que Bruselas podría no aceptar la orden.