22/05/2016
La inspección tributaria de Aragón, atenta a posibles deslocalizaciones
El plan anual para el control del fraude prevé especial atención a cambios ‘ficticios’ de domicilio fiscal en Sucesiones y Donaciones y en Patrimonio, así como el seguimiento de depósitos, activos e inmuebles fuera de España
La prevención y la lucha contra el fraude fiscal en Aragón intensifica este año la labor de la inspección tributaria en diversos frentes, como la detección de posibles deslocalizaciones por cambios ‘ficticios’ de domicilio fiscal a otras Comunidades Autónomas que ofrecen más ventajas en los impuestos de Sucesiones y Donaciones o de Patrimonio. Sobre este último tributo también habrá un especial seguimiento tanto de depósitos y activos financieros como de inmuebles fuera de España.
Son algunas de las previsiones del Plan de Control Tributario para 2016, destinado a la lucha contra el fraude fiscal para salvaguardar los principios de justicia tributaria y de generalidad del sistema. Un plan que, como establece la Ley General Tributaria, tiene un carácter reservado, aunque sus directrices generales sí son públicas como garantía de imparcialidad y equilibrio en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Y esas directrices se publicaron el pasado día 16 en el Boletín Oficial Aragón (BOA).
El Plan consolida los mecanismos de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y establece medidas de servicio al ciudadano para facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones, además de agilizar la reacción pública frente a conductas fraudulentas e intensificar los controles extensivos e intensivos de las declaraciones, valoraciones y recaudación en la gestión de los tributos cedidos y propios de la Comunidad: Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio, Tributos sobre el Juego e Impuestos Medioambientales.
Entre las novedades de este año en el ámbito de la inspección figura dedicar especial atención en Sucesiones y Donaciones, entre otros supuestos, a “cruces e intercambio de información con la AEAT para la detección de posible deslocalizaciones en el ámbito de este impuesto, en especial por cambios ‘ficticios’ del domicilio fiscal a otras Comunidades Autónomas que han aprobado importantes reducciones en la base imponible u otros beneficios fiscales para sus residentes”.
Competición territorial
No se trata solo de la competencia tradicional de Comunidades cercanas a Aragón con un régimen financiero foral –Navarra y País Vasco-, sino también de otras Comunidades del régimen común que, haciendo ejercicio de su capacidad normativa, han establecido amplias ventajas fiscales para sus ciudadanos en estos tributos, caso de La Rioja o Madrid.
En este último caso, esos beneficios se añaden a las derivadas de la propia capitalidad del Estado, que bastante propicia por sí sola la domiciliación fiscal de numerosas empresas como para competir encima con ventajas añadidas, como lamentó el pasado viernes en el pleno de las Cortes de Aragón el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno.
De igual forma, el Plan de Control Tributario de este año prevé investigar posibles cambios de residencia respecto al Patrimonio, “en especial por cambios ‘ficticios’ del domicilio fiscal a otras Comunidades Autónomas, no sólo por evitar la efectiva tributación en el seno de este impuesto, sino también por la futura tributación en el marco del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”.
También respecto al Impuesto sobre el Patrimonio la inspección tributaria hará “un especial seguimiento a los expedientes de comprobación e investigación en curso y otros que se puedan iniciar con relación de contribuyentes que tenían depósitos y activos financieros en entidades bancarias situadas fuera del territorio nacional así como bienes inmuebles situados fuera de España”.
Aunque no se explicita en la resolución publicada en el BOA, cabe recordar a este respecto que la ‘regularización extraordinaria’ o ‘Declaración Tributaria Especial’ aprobada por el Gobierno central en 2012, también conocida como ‘amnistía fiscal’, obligó a que se declararan todos los bienes ubicados en el extranjero. Y en función de esas declaraciones, la Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón revisa si dichos bienes estaban declarados correctamente en el Impuesto sobre Patrimonio.
Otras actuaciones de la inspección tributaria previstas este año atañen al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; entre otras la comprobación de la correcta aplicación de la renuncia a la exención del IVA o “el seguimiento e investigación de los movimientos de efectivo y de las transmisiones de metales preciosos, objetos usados o antigüedades, que pudieran dar lugar tributación o a incrementar la base imponible declarada”.
En los tributos sobre el Juego está previsto verificar las bases declaradas en Casinos y autoliquidaciones no presentadas por la explotación de máquinas recreativas. En el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta se atenderá especialmente a la comprobación de no declarantes del impuesto detectados. Y en el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas se realizarán aquellas actuaciones de comprobación e investigación que puedan ser requeridas por el Instituto Aragonés del Agua, responsable de la gestión de este tributo.
Otras actuaciones
Más allá de la inspección, también se reforzará el control de la recaudación y se dará prioridad a los procedimientos de compensación de oficio, en coordinación con la Intervención y la Dirección General de Presupuestos, entre otras razones para “evitar la realización de pagos a favor de sujetos o entidades que aparezcan como deudores de la Administración autonómica”.
Dentro de los controles extensivos de gestión tributaria está prevista por ejemplo la verificación y comprobación de la deducción por inversiones medioambientales aplicadas o de las autoliquidaciones por pagos fraccionados presentadas en los nuevos impuestos sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada y sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
Otro ámbito de actuación en la prevención del fraude fiscal es la valoración tributaria, de especial incidencia en el sector inmobiliario. A este respecto, y para facilitar a los contribuyentes el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se mantiene una aplicación informática en el portal tributario de la web oficial del Gobierno de Aragón –www.aragon.es- para la valoración de inmuebles a precio de mercado actualizado, junto con la valoración catastral que depende del Ministerio de Hacienda.
La coordinación con la Agencia Tributaria estatal también se centra en la inspección de operaciones inmobiliarias significativas tanto de vivienda nueva (por el IVA) como usada (por Transmisiones Patrimoniales), así como ante posibles donaciones con incrementos de renta no justificados.
Son algunas de las previsiones del Plan de Control Tributario para 2016, destinado a la lucha contra el fraude fiscal para salvaguardar los principios de justicia tributaria y de generalidad del sistema. Un plan que, como establece la Ley General Tributaria, tiene un carácter reservado, aunque sus directrices generales sí son públicas como garantía de imparcialidad y equilibrio en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Y esas directrices se publicaron el pasado día 16 en el Boletín Oficial Aragón (BOA).
El Plan consolida los mecanismos de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y establece medidas de servicio al ciudadano para facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones, además de agilizar la reacción pública frente a conductas fraudulentas e intensificar los controles extensivos e intensivos de las declaraciones, valoraciones y recaudación en la gestión de los tributos cedidos y propios de la Comunidad: Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio, Tributos sobre el Juego e Impuestos Medioambientales.
Entre las novedades de este año en el ámbito de la inspección figura dedicar especial atención en Sucesiones y Donaciones, entre otros supuestos, a “cruces e intercambio de información con la AEAT para la detección de posible deslocalizaciones en el ámbito de este impuesto, en especial por cambios ‘ficticios’ del domicilio fiscal a otras Comunidades Autónomas que han aprobado importantes reducciones en la base imponible u otros beneficios fiscales para sus residentes”.
Competición territorial
No se trata solo de la competencia tradicional de Comunidades cercanas a Aragón con un régimen financiero foral –Navarra y País Vasco-, sino también de otras Comunidades del régimen común que, haciendo ejercicio de su capacidad normativa, han establecido amplias ventajas fiscales para sus ciudadanos en estos tributos, caso de La Rioja o Madrid.
En este último caso, esos beneficios se añaden a las derivadas de la propia capitalidad del Estado, que bastante propicia por sí sola la domiciliación fiscal de numerosas empresas como para competir encima con ventajas añadidas, como lamentó el pasado viernes en el pleno de las Cortes de Aragón el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno.
De igual forma, el Plan de Control Tributario de este año prevé investigar posibles cambios de residencia respecto al Patrimonio, “en especial por cambios ‘ficticios’ del domicilio fiscal a otras Comunidades Autónomas, no sólo por evitar la efectiva tributación en el seno de este impuesto, sino también por la futura tributación en el marco del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”.
También respecto al Impuesto sobre el Patrimonio la inspección tributaria hará “un especial seguimiento a los expedientes de comprobación e investigación en curso y otros que se puedan iniciar con relación de contribuyentes que tenían depósitos y activos financieros en entidades bancarias situadas fuera del territorio nacional así como bienes inmuebles situados fuera de España”.
Aunque no se explicita en la resolución publicada en el BOA, cabe recordar a este respecto que la ‘regularización extraordinaria’ o ‘Declaración Tributaria Especial’ aprobada por el Gobierno central en 2012, también conocida como ‘amnistía fiscal’, obligó a que se declararan todos los bienes ubicados en el extranjero. Y en función de esas declaraciones, la Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón revisa si dichos bienes estaban declarados correctamente en el Impuesto sobre Patrimonio.
Otras actuaciones de la inspección tributaria previstas este año atañen al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; entre otras la comprobación de la correcta aplicación de la renuncia a la exención del IVA o “el seguimiento e investigación de los movimientos de efectivo y de las transmisiones de metales preciosos, objetos usados o antigüedades, que pudieran dar lugar tributación o a incrementar la base imponible declarada”.
En los tributos sobre el Juego está previsto verificar las bases declaradas en Casinos y autoliquidaciones no presentadas por la explotación de máquinas recreativas. En el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta se atenderá especialmente a la comprobación de no declarantes del impuesto detectados. Y en el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas se realizarán aquellas actuaciones de comprobación e investigación que puedan ser requeridas por el Instituto Aragonés del Agua, responsable de la gestión de este tributo.
Otras actuaciones
Más allá de la inspección, también se reforzará el control de la recaudación y se dará prioridad a los procedimientos de compensación de oficio, en coordinación con la Intervención y la Dirección General de Presupuestos, entre otras razones para “evitar la realización de pagos a favor de sujetos o entidades que aparezcan como deudores de la Administración autonómica”.
Dentro de los controles extensivos de gestión tributaria está prevista por ejemplo la verificación y comprobación de la deducción por inversiones medioambientales aplicadas o de las autoliquidaciones por pagos fraccionados presentadas en los nuevos impuestos sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada y sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
Otro ámbito de actuación en la prevención del fraude fiscal es la valoración tributaria, de especial incidencia en el sector inmobiliario. A este respecto, y para facilitar a los contribuyentes el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se mantiene una aplicación informática en el portal tributario de la web oficial del Gobierno de Aragón –www.aragon.es- para la valoración de inmuebles a precio de mercado actualizado, junto con la valoración catastral que depende del Ministerio de Hacienda.
La coordinación con la Agencia Tributaria estatal también se centra en la inspección de operaciones inmobiliarias significativas tanto de vivienda nueva (por el IVA) como usada (por Transmisiones Patrimoniales), así como ante posibles donaciones con incrementos de renta no justificados.
