Alcañiz invertirá 3,6 millones entre Pui Pinos y el nuevo vial

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alcañiz ha defendido este jueves en rueda de prensa con pelos y señales su gestión al frente de la crisis producida tras el derrumbe en el cerro Pui Pinos hace dos años. Formalmente, el proceso se encuentra actualmente en el Juzgado después de que los afectados- no precisan el número exacto- denunciaran al Consistorio.

A falta de saber qué dirimirán los tribunales. El expediente de responsabilidad patrimonial -elaborado por los técnicos y en manos de los vecinos- desestimó en enero las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por los afectados frente al Ayuntamiento al considerar que «es la empresa contratista de los jardines y zonas verdes Sifu la responsable de los daños causados, a los que debe hacer frente» en base a varios informes, especialmente el de Intemac. Además, en su contrato se especifica que será su obligación «indemnizar todos los daños y perjuicios que cause». Según esta consultora, el desencadenante del deslizamiento habría sido la saturación de terreno debido a la presencia de agua en la coronación del talud pese a que no había llovido. Todo parece indicar que el agua procedió de la tubería de riego debido a que no se cerraron las dos llaves de la caseta de bombeo. También lo corrobora el estudio geológico de Ensaya encargado por la Diputación de Teruel, donde consta que el suceso ocurrió por «un aporte extraordinario de agua durante un largo periodo de tiempo».

La Plataforma de Afectados del cerro Pui Pinos ha convocado una manifestación el domingo. Saldrá a las 11.30 de la ronda Teruel (caballetes) pasando por la avenida Aragón para terminar en la plaza España, donde se leerá un manifesto. El lema es ‘¿Te imaginas que hubiera sido tu casa? ¡Soluciones ya!’. «Reclamamos lo que teníamos antes del 18 abril de 2017 además información y transparencia al Ayuntamiento», explican.

«Ya pueden decir el resto de partidos que si gobiernan devolverán a los afectados lo que tenían antes que no es verdad, quien haga eso está prevaricando. El caso está judicializado y el Ayuntamiento no puede pagar a los vecinos con un informe en contra. Lo pregunté a los técnicos y me dijeron que no», afirmó ayer el alcalde, Juan Carlos Gracia.

El equipo de gobierno realizó balance de los dos años de proceso mostrando toda la documentación. El primer edil dijo que se sintió «solo» sin apoyo del resto de partidos los primeros 20 días del derrumbe en los que hubo que realizar una atención más cercana a los vecinos, a los que se les «dieron todas las facilidades».

En este aspecto, salió al paso de las críticas por la falta de atención recalcando que el Consistorio lleva más de 2 millones de dinero público invertidos en el cerro y que, por ejemplo, se sigue pagando los alquileres tanto a las personas que perdieron su vivienda como a los desalojados por las obras sin reclamarles nada pese a que el informe el expediente de responsabilidad constata que el Ayuntamiento no tuvo responsabilidad en el suceso. Además, en algunos casos se les abona los gastos de agua, luz, tributos, gas y comunidad; algo que ayer anunciaron que «estudiarían» porque algunos vecinos, a los que no se les paga, se habían quejado al considerarlo un agravio ya que si estuvieran en sus casas se lo pagarían ellos.

Puso de ejemplo, los 92.500 euros gastados tanto en los alquileres de pisos escogidos por los propios vecinos, locales para las empresas y, durante los primeros días, el pago de los hoteles a los 64 afectados, medicinas, atención médica y psicológica, bonos para el bus urbano, tarjetas para no pagar en la zona azul y 100 euros en metálico para cada uno para comprar útiles de primera necesidad. «Siempre se les ha dado todo lo que ha estado en nuestra mano y en esto quiero recalcar el trabajo del delegado de Seguridad, los técnicos y de la Policía Local», afirmó el alcalde.

Además, quiso dejar claro respecto a la polémica grieta previa al deslizamiento, que el equipo de gobierno no hizo caso omiso. «Se avisó a los técnicos, se realizaron las actuaciones que consideraron y se informó en comisión, donde todos los grupos dieron el visto bueno a estas intervenciones», afirmó Gracia Suso.

También anunció que una vez terminen las obras de emergencia, reclamará a Sifu el pago de todo lo invertido en el cerro. Estaba previsto que finalizaran en febrero pero se han retrasado a agosto debido a que los trabajos han sacado a la luz el sexto torreón de la muralla.

El Ayuntamiento lleva gastados más de dos millones de euros y, sin embargo, tan solo ha recibido 358.000 euros «irrisorios» de ayudas de otras instituciones. 150.000 de la Diputación de Teruel, 104.000 del Gobierno de España y otros 104.000 del Gobierno de Aragón para las primeras obras, las de emergencia. Aunque existe un acuerdo de pleno en el que todos los grupos reclamaban a las tres instituciones ayuda para los trabajos actuales, los de estabilización del talud, no han recibido colaboración. Una falta de ayudas que Suso calificó de «escandalosa». «En ningún otro suceso las administraciones han abandonado tanto a un pueblo como en este caso a Alcañiz. Hasta en la riada, que costó mucho menos, nos dieron más ayuda».

Concretamente, las obras suman casi 1,2 millones a los que se calcula que se sumarán otros 700.000 a su fin. A ello se añadirá después los 1,6 millones que costará la construcción del nuevo vial proyectado de la ronda Teruel al Cuartelillo que conectará con el nuevo parquin subterráneo. Además, se contabilizan 92.500 euros de los alquileres y gastos de los vecinos; y 24.000 de la seguridad contratada para que nadie entrara a robar en las casas los días posteriores al suceso.

Desestimadas las reclamaciones

También el Consejo Consultivo de Aragón desestimó las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de los vecinos formuladas ante el Ayuntamiento al considerar que debe ser la contratista SIFU la responsable de los daños aunque sí examina si son correctas o no cada una de las peticiones. Los daños en los inmuebles se aceptan aunque en la mayoría en una cantidad mucho menor teniendo en cuenta informes de la arquitecta en los que tiene en cuenta su depreciación. Por ejemplo, un inmueble por el que se piden 119.000 euros se rebaja hasta los 22.000 u otro pasa de 122.000 a 76.000 por los «coeficientes de depreciación».

En cuanto a los daños morales a los afectados, desestima todas las reclamaciones, que van en una horquilla entre los 20.000 y los 60.000 euros. También pone el foco sobre peticiones «extrañas» como 20.000 euros en una cochera o joyas por 5.900 euros.(La Comarca)