11/02/2016
185 Trabajadores municipales de Ribarroja verán reducida su nómina entre 40 y 400 euros
El Ayuntamiento de Ribarroja del Turia aplicará a partir de la próxima nómina del mes de febrero un descuento de hasta 400 euros al mes a los 185 trabajadores municipales afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que anula el incremento salarial que el anterior equipo de gobierno aprobó en junio de 2010 por encima del límite fijado por el Ministerio de Hacienda.
El equipo de gobierno convocó ayer miércoles a los afectados una asamblea informativa en la que se les explicó las causas de la reducción de las sus nóminas así como la duración y las medidas que adoptará en las próximas semanas el consistorio para evitar que el poder adquisitivo de los empleados se vea afectado por dicha sentencia.
El fallo del Supremo ratificaba la que previamente emitió el Tribunal Superior de Justicia valenciano que admitía el recurso del Abogado del Estado, a instancias de la Delegación del Gobierno, al considerar que el aumento del 3'2% sobrepasaba ampliamente el límite del 0'3% fijado por el Ministerio de Hacienda, es decir, el consistorio aumentar el poder adquisitivo en hasta un 2'9% en total.
Entre las medidas que ha adoptado el actual equipo de gobierno destaca la supresión de algunas plazas que el anterior ejecutivo local convocó y que quedan por tanto amortizadas con la ejecución de la sentencia. Estas plazas son la de Intendente principal y 2 plazas de técnico en educación. Paralelamente se amortizaron 5 plazas que ahora deberán ser creadas y consignadas presupuestariamente en 2016 y se reclasificaron otros tres.
Los hechos que motivaron la sentencia del Tribunal Supremo arrancan en junio de 2010 cuando el anterior equipo de gobierno, gobernado por el PP, aprobó una subida salarial del 3'2% para el personal funcionario y laboral a pesar de que incumplía el mandato del Ministerio de Hacienda y que entraba en vigor a partir del siguiente ejercicio 2011, a las puertas de las elecciones municipales de mayo de ese mismo año.
Sin embargo, primero el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y, a continuación, el Tribunal Supremo en última instancia ratificaron la ilegalidad que la medida del gobierno del Partido Popular aplicó a 185 de los 370 trabajadores que forman parte del ayuntamiento.
El alcalde de Ribarroja del Turia, Robert Raga informó a los trabajadores de la 'responsabilidad penal por la no aplicación de la sentencia' que podía derivarse en su persona y aseguró 'resolveré la situación cuando tenga capacidad legal de resolverlo' porque aseguró 'no se trata de un tema de liquidez sino de una cuestión de legalidad'
El fallo del Supremo se notificó a finales de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, la sentencia no se comunicó al pleno del ayuntamiento en los meses posteriores y no fue hasta la entrada del actual gobierno cuando se le dio la publicidad a que está obligado el gobierno local ante decisiones judiciales de este tipo.
Lla aplicación de la sentencia supondrá reducciones en las nóminas de los trabajadores de Ribarroja afectados de entre 40 y 400 euros, en función de la categoría laboral de cada uno, con un importe global de 18.000 euros mensuales, hasta un total de 216.000 euros al año durante los próximos ejercicios en aplicación del fallo judicial del Supremo.
Esta mañana se ha informado a todos los trabajadores implicados deseen realizar consultas en cuanto a su implementación y consecuencias, que se dirijan personalmente a la vicesecretaría a partir del martes 16 de febrero de 2016.
El equipo de gobierno convocó ayer miércoles a los afectados una asamblea informativa en la que se les explicó las causas de la reducción de las sus nóminas así como la duración y las medidas que adoptará en las próximas semanas el consistorio para evitar que el poder adquisitivo de los empleados se vea afectado por dicha sentencia.
El fallo del Supremo ratificaba la que previamente emitió el Tribunal Superior de Justicia valenciano que admitía el recurso del Abogado del Estado, a instancias de la Delegación del Gobierno, al considerar que el aumento del 3'2% sobrepasaba ampliamente el límite del 0'3% fijado por el Ministerio de Hacienda, es decir, el consistorio aumentar el poder adquisitivo en hasta un 2'9% en total.
Entre las medidas que ha adoptado el actual equipo de gobierno destaca la supresión de algunas plazas que el anterior ejecutivo local convocó y que quedan por tanto amortizadas con la ejecución de la sentencia. Estas plazas son la de Intendente principal y 2 plazas de técnico en educación. Paralelamente se amortizaron 5 plazas que ahora deberán ser creadas y consignadas presupuestariamente en 2016 y se reclasificaron otros tres.
Los hechos que motivaron la sentencia del Tribunal Supremo arrancan en junio de 2010 cuando el anterior equipo de gobierno, gobernado por el PP, aprobó una subida salarial del 3'2% para el personal funcionario y laboral a pesar de que incumplía el mandato del Ministerio de Hacienda y que entraba en vigor a partir del siguiente ejercicio 2011, a las puertas de las elecciones municipales de mayo de ese mismo año.
Sin embargo, primero el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y, a continuación, el Tribunal Supremo en última instancia ratificaron la ilegalidad que la medida del gobierno del Partido Popular aplicó a 185 de los 370 trabajadores que forman parte del ayuntamiento.
El alcalde de Ribarroja del Turia, Robert Raga informó a los trabajadores de la 'responsabilidad penal por la no aplicación de la sentencia' que podía derivarse en su persona y aseguró 'resolveré la situación cuando tenga capacidad legal de resolverlo' porque aseguró 'no se trata de un tema de liquidez sino de una cuestión de legalidad'
El fallo del Supremo se notificó a finales de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, la sentencia no se comunicó al pleno del ayuntamiento en los meses posteriores y no fue hasta la entrada del actual gobierno cuando se le dio la publicidad a que está obligado el gobierno local ante decisiones judiciales de este tipo.
Lla aplicación de la sentencia supondrá reducciones en las nóminas de los trabajadores de Ribarroja afectados de entre 40 y 400 euros, en función de la categoría laboral de cada uno, con un importe global de 18.000 euros mensuales, hasta un total de 216.000 euros al año durante los próximos ejercicios en aplicación del fallo judicial del Supremo.
Esta mañana se ha informado a todos los trabajadores implicados deseen realizar consultas en cuanto a su implementación y consecuencias, que se dirijan personalmente a la vicesecretaría a partir del martes 16 de febrero de 2016.