27/12/2016
Europa elogia la ordenanza reguladora de prestaciones sociales de Bétera
La Red Académica sobre la Carta Social Europea y los Derechos Sociales destaca que el modelo de ordenanza del Ayuntamiento Bétera debería ser un ejemplo a seguir en relación con la regulación de derechos humanos, como son los derechos sociales. La alcaldesa de Bétera, Cristina Alemany, manifestó ayer su satisfacción por el trabajo realizado desde el consistorio en impulsar la ordenanza y la concejalía de Derechos Sociales: "Las personas con más necesidades deben tener el apoyo más inmediato y cercano de la administración pública, y en ese caso el ayuntamiento tiene que estar a su lado ".
Hace unos días, el perfil de la sección española de la Red académica sobre la Carta Social Europea y los Derechos Sociales, citaba la ordenanza reguladora de las bases específicas para la concesión de prestaciones sociales económicas en materia de Servicios Sociales como ejemplo a la hora de regular derechos fundamentales y trasladaba sus felicitaciones al Ayuntamiento de Bétera.
noviembre, regula las prestaciones y ayudas sociales que desde la Concejalía de Derechos sociales pueden otorgarse, unas ayudas que desde que comenzó la crisis se han hecho vitales para numerosas familias que han visto como los recortes en el gasto público y las numerosas reformas, tanto laborales como respecto de la asistencia sanitaria, han mermado sus derechos sociales y su propia dignidad.
La alcaldesa de Bétera, Cristina Alemany, manifestó ayer su satisfacción por el trabajo realizado desde el consistorio en impulsar la ordenanza y la concejalía de Derechos Sociales: "Las personas con más necesidades deben tener el apoyo más inmediato y cercano de la administración pública, y en ese caso el ayuntamiento tiene que estar a su lado ". Alemán recordó también el trabajo hecho por el ex concejal del ramo, Daría Terrádez (actual Directora General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado) y el del actual edil, Raquel Puig.
La Red Académica sobre la Carta Social Europea y los derechos sociales es una asociación sin ánimo de lucro formada por especialistas del mundo académico y la principal misión es promover el conocimiento y la aplicación de la Carta Social Europea, tratado internacional del Consejo de Europa en materia de derechos sociales.La sección española de la red detectó que el preámbulo de la ordenanza citaba tanto el mandato constitucional de protección de la dignidad de la persona, recogido en el art. 10 de nuestra Constitución, como la obligatoriedad de cumplir con lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos sociales, como el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, de Naciones Unidas, y la Carta social Europea del Consejo de Europa; ambos tratados han sido ratificados por el Estado español y según reza el Preámbulo de la ordenanza "está obligado a dar cumplimiento efectivo a lo establecido en ellos, de acuerdo con lo expresado en la Constitución española en el capítulo tercero del Título III ", donde se regula el procedimiento de celebración y ratificación. Esta mención a la obligatoriedad de cumplir con lo dispuesto en tratados y convenios internacionales ratificados por España es lo que la sección española de la RACSE valora como positivo, pues los derechos sociales, desde el inicio de la crisis han sufrido numerosos ataques, dejando casi vacío de sentido del Estado social y democrático de derecho que propugna nuestra Constitución. Asimismo, la sección española destaca que el modelo de ordenanza de Bétera debería ser un ejemplo a seguir en relación con la regulación de derechos humanos, como son los derechos sociales, a pesar de que algunos sectores políticos insistan que estos derechos son de segunda categoría ya que se necesita invertir mucho dinero para hacerlos efectivos y no pueden tener las mismas garantías que el acceso a la justicia o el ejercicio del sufragio universal, los dos derechos fundamentales que, de igual forma que los sociales, suponen un importante desembolso económico.
Por otra parte, el Preámbulo trata también de insistir en la idea de que las prestaciones y ayudas sociales no son ni un privilegio ni algo que deba ganarse, sino que son derechos sociales respecto de los que las autoridades públicas tienen una obligación positiva, la obligación de garantizarlos. De hecho, la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bétera pasó a denominarse de Derechos Sociales, para así reforzar esa idea. La dignidad de las personas, su bienestar y su pleno desarrollo deberían ser los ejes de actuación de cualquier administración, no sólo porque así lo dicta el sentido común, sino también porque así lo imponen la Constitución y los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos.
Hace unos días, el perfil de la sección española de la Red académica sobre la Carta Social Europea y los Derechos Sociales, citaba la ordenanza reguladora de las bases específicas para la concesión de prestaciones sociales económicas en materia de Servicios Sociales como ejemplo a la hora de regular derechos fundamentales y trasladaba sus felicitaciones al Ayuntamiento de Bétera.
noviembre, regula las prestaciones y ayudas sociales que desde la Concejalía de Derechos sociales pueden otorgarse, unas ayudas que desde que comenzó la crisis se han hecho vitales para numerosas familias que han visto como los recortes en el gasto público y las numerosas reformas, tanto laborales como respecto de la asistencia sanitaria, han mermado sus derechos sociales y su propia dignidad.
La alcaldesa de Bétera, Cristina Alemany, manifestó ayer su satisfacción por el trabajo realizado desde el consistorio en impulsar la ordenanza y la concejalía de Derechos Sociales: "Las personas con más necesidades deben tener el apoyo más inmediato y cercano de la administración pública, y en ese caso el ayuntamiento tiene que estar a su lado ". Alemán recordó también el trabajo hecho por el ex concejal del ramo, Daría Terrádez (actual Directora General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado) y el del actual edil, Raquel Puig.
La Red Académica sobre la Carta Social Europea y los derechos sociales es una asociación sin ánimo de lucro formada por especialistas del mundo académico y la principal misión es promover el conocimiento y la aplicación de la Carta Social Europea, tratado internacional del Consejo de Europa en materia de derechos sociales.La sección española de la red detectó que el preámbulo de la ordenanza citaba tanto el mandato constitucional de protección de la dignidad de la persona, recogido en el art. 10 de nuestra Constitución, como la obligatoriedad de cumplir con lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos sociales, como el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, de Naciones Unidas, y la Carta social Europea del Consejo de Europa; ambos tratados han sido ratificados por el Estado español y según reza el Preámbulo de la ordenanza "está obligado a dar cumplimiento efectivo a lo establecido en ellos, de acuerdo con lo expresado en la Constitución española en el capítulo tercero del Título III ", donde se regula el procedimiento de celebración y ratificación. Esta mención a la obligatoriedad de cumplir con lo dispuesto en tratados y convenios internacionales ratificados por España es lo que la sección española de la RACSE valora como positivo, pues los derechos sociales, desde el inicio de la crisis han sufrido numerosos ataques, dejando casi vacío de sentido del Estado social y democrático de derecho que propugna nuestra Constitución. Asimismo, la sección española destaca que el modelo de ordenanza de Bétera debería ser un ejemplo a seguir en relación con la regulación de derechos humanos, como son los derechos sociales, a pesar de que algunos sectores políticos insistan que estos derechos son de segunda categoría ya que se necesita invertir mucho dinero para hacerlos efectivos y no pueden tener las mismas garantías que el acceso a la justicia o el ejercicio del sufragio universal, los dos derechos fundamentales que, de igual forma que los sociales, suponen un importante desembolso económico.
Por otra parte, el Preámbulo trata también de insistir en la idea de que las prestaciones y ayudas sociales no son ni un privilegio ni algo que deba ganarse, sino que son derechos sociales respecto de los que las autoridades públicas tienen una obligación positiva, la obligación de garantizarlos. De hecho, la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bétera pasó a denominarse de Derechos Sociales, para así reforzar esa idea. La dignidad de las personas, su bienestar y su pleno desarrollo deberían ser los ejes de actuación de cualquier administración, no sólo porque así lo dicta el sentido común, sino también porque así lo imponen la Constitución y los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos.
