«Si el Consejo de Cuentas desapareciera la gestión de las administraciones se relajaría»

—¿Cómo lleva el paso del Parlamento regional como procurador del PP a la Presidencia del Consejo de Cuentas?

—Es un cambio total por la responsabilidad que comporta. El Consejo de Cuentas es una institución que tiene cerca de 90 trabajadores y que hace una labor muy importante en el conjunto del sector público de la Comunidad. Es un trabajo más intenso y con una vertiente totalmente distinta a la de las Cortes. En la actividad parlamentaria, uno está integrado en un grupo y obedece unas directrices y un criterio político.

—Ha llegado al cargo con fuerza al prometer más austeridad y, al mismo tiempo, una agilización de sus informes ¿ambos objetivos son compatibles?

—Sí, sí, sí... El primer paso se dio con la decisión de reducir de cinco a tres el número de consejeros, lo que supone un mayor incremento de carga de trabajo, pero que no obsta para establecer unos criterios de agilización de la emisión de los informes y cumplir lo que quieren todos los ciudadanos y es que haya una mayor proximidad entre la aprobación anual de fiscalización y su rendición ante las Cortes. En esa línea estamos trabajando.

—¿Y recibirá el necesario apoyo de los grupos parlamentarios para conseguirlo?

—Quiero recordar que estos años los distintos grupos en las Cortes han respetado siempre las propuestas del plan anual de fiscalización, que marca el programa de actuaciones. Estoy convencido de que ese respeto de la Cámara va a continuar.

—También habla de dar nuevos enfoques al organismo que preside. ¿A qué se refiere?

—Queremos dar a conocer de forma muy transparente la ingente labor del Consejo de Cuentas en plena sintonía con lo que demanda la sociedad, que quiere saber cómo se gastan el dinero las instituciones, si se hace de una manera eficaz, si cumple los fines prometidos... Ésa es la línea que nos hemos marcado.

—¿Siente que llega a un cargo que puede tener fecha de caducidad por aquello de que hay voces que abogan por recortar instituciones que se pueden considerar duplicadas?

—Los órganos de control externo son imprescindibles porque suponen una mejora en la gestión económica y financiera al actuar con independencia y libertad. En cuanto al coste real que supone el Consejo dentro del sector público de la Comunidad es sólo del 0,02 por ciento. ¿Alguien prescindiría del control de calidad en una edificación? Salvando las distancias, el Consejo viene a hacer esa función sobre el sector público. Omitir ese 0,02 por ciento no sería una manifestación de responsabilidad.

—Pero el Tribunal de Cuentas nacional podría realizar vuestra función actual.

—Es conveniente que los ciudadanos sepan que el Tribunal de Cuentas tiene sus funciones, pero no ha desarrollado esas secciones territoriales porque lo estamos cumpliendo los respectivos consejos. Aquí se está haciendo una labor que si no existiera debería de hacerse igualmente. Ese supuesto ahorro del que se habla es discutible porque si desapareciéramos los consejos, se tendría que aumentar la plantilla de auditores para poder cubrir la labor de fiscalizacón que realizamos. El hecho de que no existan los Consejos en las autonomías no suprimiría el control estatal, pero también digo que si el sector público no nota esa presión cercana, posiblemente se relajaría en su gestión económica y financiera

—Su predecesor en el cargo, Pedro Martín, se despidió con unos últimos informe en los que daba algunos «palos» a la Junta, ¿le temblará el pulso para hacer lo mismo?

—Me he comprometido a ser libre e independiente y a actuar con absoluta imparcialidad y eso es lo que voy a hacer. Evidentemente, habrá informes que no guste a los objetos de fiscalización y soy consciente de ello, pero me debo a mis obligaciones como presidente del Consejo de Cuentas.

—¿Le tocará denunciar algún despilfarro como los que parece que ha habido en los últimos años?

—Hubo algunos años en los que incluso se superaban los ingresos previstos y eso ha podido influir en una mayor alegría inversora. Dicho esto, creo que esta Comunidad Autónoma no participa de lo que haya podido suceder en otros lugares de España. Aquí se ha gestionado siempre con un criterio de eficiencia y austeridad. Cuando uno saca cuadros comparativos de esta región se da cuenta y percibe que tenemos los mejores servicios públicos de España. No lo digo yo, lo dicen y lo destacan los organismos independientes.

—Defiende la gestión de la Junta, ¿pero lo hace de igual manera con los ayuntamientos?

—Todas las administraciones deben tener la obsesión de la austeridad y de la eficiencia en la gestión, pero no se puede focalizar el problema en los ayuntamientos.

—Pero también están en el punto de mira...

—Los ayuntamientos también tienen un problema de financiación muy serio y de ahí surgen buena parte de sus dificultades.

—¿Y están para atender a las recomendaciones de un organismo como el Consejo de Cuentas?

—Creo que sí han sido escuchadas, pero, a veces, por la dinámica de las instituciones, no han llegado a cumplirlas íntegramente.

—¿Tiene asumido ya que su presupuesto, al igual que el de la Comunidad, menguará este año?

—Sí, por supuesto. Hemos trabajado en la reducción, pero con la peculiaridad de que prácticamente el 90 por ciento del presupuesto del Consejo se destina al gasto del personal de esos auditores que se encargan de fiscalizar los distintos organismos. Por este motivo, la bajada porcentual no va a ser muy grande, pero sí va a ser apreciable sobre otros capítulos de nuestras cuentas.

—En los últimos días se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la conveniencia o no de modificar el Estado de las Autonomías. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—Todos debemos pararnos a pensar lo que han sido estos 30 años, muy positivos en cuanto a la calidad de vida y convergencia con Europa. Sería una frivolidad tirar a la basura todo este periodo. ¿Qué se han producido excesos en algunos ámbitos? Yo no lo voy a negar, pero el saldo es tremendamente favorable y se ha conseguido con un estado autonómico. Otra cuestión es que haya que reforzar la solidaridad para que, por ejemplo, todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan derecho a los mismos servicios públicos, o que haya que coordinar más las actuaciones entre las comunidades, como se ha hecho ya desde Castilla y León, para hacer más sencilla la vida a los ciudadanos. Estar dudando ahora de un modelo que ha producido unas mejors en las cuotas de bienestar me parece injusto. No se puede cuestionar el estado autonómico. En todo caso, se puede perfeccionar.

—¿Entonces cree que la Comunidad, tal y como se la conoce, tiene futuro a medio y largo plazo?

—Hay Castilla y León para para rato porque, además, esta Comunidad es un claro ejemplo en materia de gestión pública, de austeridad y de eficiencia.

—¿Se atreve a aventurar cuándo acabará la crisis en la que llevamos instalados ya casi cinco años?

—Cada día nos sorprenden a todos noticias sobre la crisis. Es tan cambiante, profunda y difícil que por mi parte sería una auténtica presunción apuntar cuándo va a terminar. Lo que si deseo, lógicamente, es que concluya cuanto antes.