«El modelo autonómico no es un fracaso, es la historia de un éxito colectivo»

—¿Pueden las comunidades autonómas ahorrar más sin que ello afecte a la calidad de los servicios públicos que prestan?

—Hablamos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. De su calidad. Y también de su equidad, para garantizar esa calidad en el medio urbano y en el rural, y por encima del nivel de riqueza de cada ciudadano y familia. Y claro que se puede mejorar. Gestionar con más austeridad y eficiencia. Priorizar y blindar las carteras de servicios básicos. Y ahorrar. Pero dicho esto, también hay que añadir que estos grandes servicios públicos, cuya gestión tenemos encomendada las Autonomías, no son de goma, y mantener y mejorar su calidad exige un esfuerzo permanente. Cuando un gasto es tan estructural y poco elástico como el de la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, su déficit presupuestario puede proceder, no tanto del abuso o del incremento injustificado de ese gasto, sino de una brutal disminución de los ingresos ordinarios vinculados a su financiación. Es el caso de España desde 2008, y la gran reducción de recursos públicos como consecuencia de la crisis económica. La salida que se buscó incrementa el problema a medio plazo: recurrir a un ingreso extraordinario, como es el endeudamiento, para financiar un gasto ordinario estructural irrenunciable, como es el de los grandes servicios públicos. Esta es la salida a la que se nos indujo a las Comunidades cuando se puso en marcha el último modelo de financiación autonómica, lo que prueba su fracaso e insuficiencia. Y este es el círculo diabólico en el que hoy nos encontramos, porque es evidente que servicios públicos básicos y déficit no pueden convivir durante mucho tiempo.

—¿Apoyaría en algún caso la devolución de alguna competencia al Estado para garantizar su sostenibilidad, como propone Esperanza Aguirre?

—Sin perjuicio del reconocimiento de errores, de todos los problemas existentes, y de los matices que pueden plantearse, son muchas las razones para afirmar que el modelo autonómico que nuestra Constitución puso en marcha ha sido muy positivo para España. No podemos convertir en un fracaso lo que en realidad es la historia de un éxito colectivo. Desde el autonomismo útil en el que creo, las competencias sanitarias, educativas y de servicios sociales son las que justifican día a día ante los ciudadanos la existencia de nuestras Comunidades. Es verdad que no todas lo han sabido o podido hacer igual. Pero cuando, como es el caso de Castilla y León, los distintos y sucesivos Informes independientes (PISA, Asociaciones de usuarios o de profesionales) coinciden en valorar positivamente la calidad de los grandes servicios que estamos administrando desde la Autonomía, sus gestores, a pesar de todos los retos y dificultades, debemos animarnos a mantener y a mejorar esas competencias. Y preguntarnos si de verdad los muchos problemas reales que les afectan se solucionarían sin más por el solo hecho de su devolución al Estado, de su recentralización, o del cambio de sus actuales gestores. Yo considero sinceramente que no.

—Entonces, ¿qué se puede revisar o retocar del actual modelo autonómico para que sea más sostenible?

—Hay que revisar las mil y una cosas que estamos haciendo. Unas serán más importantes y urgentes que otras. Unas vendrán exigidas por nuevas necesidades, pero otras sólo serán fruto de la rutina y de la inercia. Hay que revisar también las duplicidades y actuaciones impropias que estamos asumiendo: las Administraciones, en general, no podemos suplantar ni sustituir indefinidamente el papel esencial que en la vida económica y social de España les corresponde a los empresarios y emprendedores, a las entidades financieras, a toda la sociedad civil y a sus agentes. Considero que las Comunidades debemos centrarnos sobre todo en las competencias que son nuestra razón de ser. Gestionarlas con más austeridad, racionalidad y eficiencia. Valorando y confiando para ello en la responsabilidad y profesionalidad de sus empleados públicos. Hay que garantizar de una vez una financiación preferente, suficiente y estable para esos grandes servicios de gestión autonómica. Que desde luego sea consistente con el necesario principio de estabilidad presupuestaria: no podemos gastar más de lo que tenemos. Pero que también sea representativo del valor que los ciudadanos damos a unos servicios que son de todos, y que no son gratis porque se financian con el esfuerzo de todos. Tal vez para ello, España necesita dotarse definitivamente de un modelo tributario justo, eficaz y estable, que contribuya a esa sostenibilidad.

—¿Cuál es la solución para que la Sanidad y la Educación sean más eficientes y generen menos gasto?

—Considero imprescindible un mayor liderazgo y papel activo del Estado, que tiene grandes competencias para la ordenación, coordinación y cohesión de auténticos sistemas nacionales que, al fin, garanticen la igualdad esencial de derechos de todos los españoles, cualquiera que sea su lugar de residencia. También es fundamental una mayor colaboración entre Comunidades, y en general entre Administraciones. Y dentro de una misma Administración gestora, tenemos la obligación de fortalecer la coordinación de los distintos servicios. Es el caso del ámbito sociosanitario. Y el de los distintos niveles de la atención sanitaria, o los del sistema educativo. Son necesarias medidas que aseguren el uso responsable, racional y proporcionado de los recursos por parte de todos. Que definan consensuadamente los catálogos de las prestaciones y servicios que son esenciales y básicos. Que incentiven una mayor implicación de los profesionales en la gestión, no sólo desde la perspectiva del gasto, sino también de la de unos recursos e ingresos que son limitados.

—¿Qué responsabilidad tienen las Comunidades de la situación de crisis actual?

—Ahí están los datos para valorar esa responsabilidad. Las competencias y los recursos de cada uno. Los respectivos niveles de déficit y de deuda, y sus causas. Todo sujeto a examen y a debate. Lo que considero absolutamente incierto e injusto es atribuir en exclusiva, o casi en su totalidad, las causas de la crisis a las Comunidades, que estamos haciendo notables esfuerzos para amortiguar sus duros efectos, al igual que los Ayuntamientos. Nadie puede negar que somos parte del problema. Pero se equivoca el que no nos vea también como parte necesaria de la solución. Las Comunidades somos España. Y necesitamos un Gobierno de la Nación como el actual que marque una dirección común para España. La dirección de las reformas que favorezcan el crecimiento económico y el empleo, que son la mejor garantía de la viabilidad de nuestros servicios públicos. Y también la dirección de la estabilidad presupuestaria. En ello estamos con el Gobierno. Sería esencial lograr el más amplio acuerdo político en la tramitación parlamentaria de la Ley que desarrolla el artículo 135 de la Constitución. No queremos nunca más un Gobierno que nos obligue al déficit, que nos transfiera su déficit, o que ejerza ese desleal «yo invito, pero tú pagas» con el que, por ejemplo, se ha puesto en marcha en estos años un sistema de atención a la dependencia. El Gobierno es responsable de todos nosotros ante las instituciones europeas, y es lógico que tenga facultades de control y, en su caso, de intervención. Pero también es fundamental que comprenda nuestros problemas, y nos ayude. Y ese es el caso de este Gobierno con sus medidas para el aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de la financiación autonómica de los años 2008 y 2009, para facilitar el pago de la deuda pendiente con los proveedores, y para favorecer la emisión de nuestra nueva deuda, en mejores plazos y condiciones, a través de la garantía del Estado. Ese debe ser el camino, y en él debemos encontrarnos.