13/11/2015
«Nos sentimos todos opositores defraudados»
abc | Regional
Más de 20.000 aspirantes a una plaza de enfermero en la Sanidad de Castilla y León se han quedado sin poder realizar el examen de oposición previsto para el domingo 22 de noviembre como consecuencia de un auto del TSJCyL que paraliza la convocatoria. La medida ha dejado en el aire 554 plazas de enfermería, pero también frena las de 311 médicos, cuya orden estaba a punto de publicarse.
La decisión del la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que adopta la decisión de forma cautelar a la espera de entrar a analizar el fondo de la asunto, llega a instancia del Ministerio de Hacienda, que considera que la convocatoria no es válida al superarse los tres años que fija el Estatuto Básico del Empleado Público para ejecutar una oferta de empleo de este tipo. De hecho, la convocatoria corresponde a las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, por lo que el plazo se considera ya vencido.
Lo cierto es que para realizar los exámenes de esta oposición, previstas para el domingo 22 en León y Valladolid, se habían inscrito más de 20.000 personas de toda la Comunidad e, incluso, del resto de la geografía nacional. El hecho de que la última convocatoria pública fuese en 2009 explica el elevado número de aspirantes entre los que ayer reinaba el desconcierto ante la suspensión de la oposición diez días antes de la fecha prevista.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, compareció a primera hora de la tarde para dar su versión de los hechos y explicar que «la Administración central entendía que nos habíamos excedido en el número de plazas porque interpreta que sólo pueden incorporarse las que figuraban en los tres años anteriores». Con esa interpretación, «no hubiéramos podido incorporar ni una sola plaza de enfermería y el ánimo que hemos tenido es intentar agrupar el mayor número, dar estabilidad al empleo y reducir la interinidades». Además, recordó, la convocatoria se realizó con el acuerdo de las organizaciones sindicales.
Así las cosas, Sáez Aguado señaló que «respetamos el auto aunque no estamos de acuerdo con él» y argumentó su posición en que existen pronunciamientos similares de otros tribunales superiores de comunidades autónomas que consideran que ese plazo no es algo definitivo o relevante por completo porque impediría a la Administración cumplir con sus objetivos de cobertura de plazas. El consejero también desmontó el segundo de los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Hacienda en el sentido de que con ese numero de plazas se podía incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. «Entendemos que estos puestos están ocupados de manera interina, por lo que no tiene impacto en el gasto público», argumentó. Es más, apuntó que «no sé si el Ministerio de Hacienda lo desconoce, pero en Castilla y León esas 554 plazas vacantes están ocupadas ya por interinos así que no tiene un mayor impacto».
De momento, y dado que el TSJ no ha entrado en el fondo del asunto sino que ha dictado una paralización cautelar para evitar que se realizase el examen y que después las consecuencias de la anulación de la convocatoria fuesen mayores, los servicios jurídicos de la Junta estudian el auto, si bien habrá que esperar a que tome una resolución definitiva para tomar una decisión al respecto.
Reunión con los sindicatos
Sáez Aguado explicó que la Consejería ya había informado a los sindicatos a través de la mesa sectorial de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas había iniciado un requerimiento que ha tenido como resultado la suspensión de la convocatoria. Ante las interpretaciones de otros tribunales, según el consejero, «éramos partidarios de mantener la oposición». Este sería, además, el mismo criterio que se quería mantener con la convocatoria de 311 plazas de médicos, cuya orden se iba a hacer efectiva en los próximos días. Sin embargo, en virtud de los sucedido, el consejero señaló que se consultará a los sindicatos en la reunión del viernes 20 para tomar una decisión.
También la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, señaló en el programa «Es la tarde» de la emisora Es Radio en Castilla y León que en el Gobierno regional se sienten «todos opositores defraudados» e insistió en la «decepción profunda» que ha provocado esta sentencia.
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Esta noticia pertenece a: www.abc.es
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La decisión del la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que adopta la decisión de forma cautelar a la espera de entrar a analizar el fondo de la asunto, llega a instancia del Ministerio de Hacienda, que considera que la convocatoria no es válida al superarse los tres años que fija el Estatuto Básico del Empleado Público para ejecutar una oferta de empleo de este tipo. De hecho, la convocatoria corresponde a las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, por lo que el plazo se considera ya vencido.
Lo cierto es que para realizar los exámenes de esta oposición, previstas para el domingo 22 en León y Valladolid, se habían inscrito más de 20.000 personas de toda la Comunidad e, incluso, del resto de la geografía nacional. El hecho de que la última convocatoria pública fuese en 2009 explica el elevado número de aspirantes entre los que ayer reinaba el desconcierto ante la suspensión de la oposición diez días antes de la fecha prevista.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, compareció a primera hora de la tarde para dar su versión de los hechos y explicar que «la Administración central entendía que nos habíamos excedido en el número de plazas porque interpreta que sólo pueden incorporarse las que figuraban en los tres años anteriores». Con esa interpretación, «no hubiéramos podido incorporar ni una sola plaza de enfermería y el ánimo que hemos tenido es intentar agrupar el mayor número, dar estabilidad al empleo y reducir la interinidades». Además, recordó, la convocatoria se realizó con el acuerdo de las organizaciones sindicales.
Así las cosas, Sáez Aguado señaló que «respetamos el auto aunque no estamos de acuerdo con él» y argumentó su posición en que existen pronunciamientos similares de otros tribunales superiores de comunidades autónomas que consideran que ese plazo no es algo definitivo o relevante por completo porque impediría a la Administración cumplir con sus objetivos de cobertura de plazas. El consejero también desmontó el segundo de los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Hacienda en el sentido de que con ese numero de plazas se podía incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. «Entendemos que estos puestos están ocupados de manera interina, por lo que no tiene impacto en el gasto público», argumentó. Es más, apuntó que «no sé si el Ministerio de Hacienda lo desconoce, pero en Castilla y León esas 554 plazas vacantes están ocupadas ya por interinos así que no tiene un mayor impacto».
De momento, y dado que el TSJ no ha entrado en el fondo del asunto sino que ha dictado una paralización cautelar para evitar que se realizase el examen y que después las consecuencias de la anulación de la convocatoria fuesen mayores, los servicios jurídicos de la Junta estudian el auto, si bien habrá que esperar a que tome una resolución definitiva para tomar una decisión al respecto.
Reunión con los sindicatos
Sáez Aguado explicó que la Consejería ya había informado a los sindicatos a través de la mesa sectorial de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas había iniciado un requerimiento que ha tenido como resultado la suspensión de la convocatoria. Ante las interpretaciones de otros tribunales, según el consejero, «éramos partidarios de mantener la oposición». Este sería, además, el mismo criterio que se quería mantener con la convocatoria de 311 plazas de médicos, cuya orden se iba a hacer efectiva en los próximos días. Sin embargo, en virtud de los sucedido, el consejero señaló que se consultará a los sindicatos en la reunión del viernes 20 para tomar una decisión.
También la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, señaló en el programa «Es la tarde» de la emisora Es Radio en Castilla y León que en el Gobierno regional se sienten «todos opositores defraudados» e insistió en la «decepción profunda» que ha provocado esta sentencia.
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