27/09/2018
Avanza el impuesto a Garoña para que sus residuos no se queden de forma definitiva
El rechazo del PP tumba la enmienda del PSOE en las Cortes, contrario a poner en marcha el tributo
Gravar el «daño medioambiental» derivado del almacenamiento temporal de residuos en plantas nucleares situadas en Castilla y León. Es el objetivo del conocido como impuesto a Garoña, que ayer superó el primer trámite parlamentario en las Cortes tras ser rechazada la enmienda a la totalidad contra este tipo presentada por el Grupo Socialista, con los votos en contra del PP, la abstención de Podemos y UPL y el respaldo de PSOE y Ciudadanos. Aunque lo hizo con la «duda» de si podrá ponerse en marcha, si llegará a recaudar algo y las advertencias de un camino «tortuoso» por un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.
Un gravamen que persigue, además, «los residuos de Garoña no se queden en nuestro territorio de manera definitiva», según subrayó el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, en la defensa del texto, ante la ausencia de la titular de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, de viaje en Bruselas en relación con el cierre anunciado por Vestas de su planta en Villadangos del Páramo (León).
Y otra clausura, precisamente la de la nuclear del Valle de Tobalina, es la que ha motivado que la Junta de Castilla y León impulse este nuevo impuesto, para gravar el «riesgo de alteración del medio ambiente» derivado del combustible nuclear gastado, y depositado temporalmente en la central, y «disuadir» de la realización de «conductas perniciosas», señaló Carriedo. Argumento con el que, según el consejero, queda claro que «no existe» doble imposición ni choca con el tipo estatal que se impone a las instalaciones centralizadas de almacenamiento y con el que se ejercita la «capacidad normativa» de la Comunidad en materia tributaria, «conforme» a sus competencias.
Resultado de una pataleta
El impuesto «es el resultado de una pataleta por haberse quedado con el culo al aire» después de que la propietaria de la central, Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa), anunciase su cierre «por razones estrictamente económicas», espetó el socialista José Francisco Martín, muy crítico con este gravamen, al que calificó como «el peor impuesto de la historia autonómicas, junto con el centimazo».
«No es un tributo, no es un impuesto. Es una sanción enmascarada», afeó Martín, quien advirtió de que dada la configuración «artificiosa y falaz» con la que, a su juicio, está articulado el texto legal, corre el «riesgo» de que se presente contra él un recurso de inconstitucionalidad. Además, auguró que «no van a recaudar ni un euro» y que finalmente el sujeto pasivo que deberá soportar la carga fiscal no serán la propietaria de Garoña, sino la sociedad pública Enresa y, por tanto, «todos los españoles y, en especial, los castellano y leoneses». En su opinión, con este gravamen el PP abre la puerta a que ese almacén temporal para los residuos propios de la nuclear burgalesa se convierta en el almacenamiento «permanente» de los de otras plantas, debido a la «llamada» que esto puede suponer.
LEER MÁS
Un gravamen que persigue, además, «los residuos de Garoña no se queden en nuestro territorio de manera definitiva», según subrayó el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, en la defensa del texto, ante la ausencia de la titular de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, de viaje en Bruselas en relación con el cierre anunciado por Vestas de su planta en Villadangos del Páramo (León).
Y otra clausura, precisamente la de la nuclear del Valle de Tobalina, es la que ha motivado que la Junta de Castilla y León impulse este nuevo impuesto, para gravar el «riesgo de alteración del medio ambiente» derivado del combustible nuclear gastado, y depositado temporalmente en la central, y «disuadir» de la realización de «conductas perniciosas», señaló Carriedo. Argumento con el que, según el consejero, queda claro que «no existe» doble imposición ni choca con el tipo estatal que se impone a las instalaciones centralizadas de almacenamiento y con el que se ejercita la «capacidad normativa» de la Comunidad en materia tributaria, «conforme» a sus competencias.
Resultado de una pataleta
El impuesto «es el resultado de una pataleta por haberse quedado con el culo al aire» después de que la propietaria de la central, Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa), anunciase su cierre «por razones estrictamente económicas», espetó el socialista José Francisco Martín, muy crítico con este gravamen, al que calificó como «el peor impuesto de la historia autonómicas, junto con el centimazo».
«No es un tributo, no es un impuesto. Es una sanción enmascarada», afeó Martín, quien advirtió de que dada la configuración «artificiosa y falaz» con la que, a su juicio, está articulado el texto legal, corre el «riesgo» de que se presente contra él un recurso de inconstitucionalidad. Además, auguró que «no van a recaudar ni un euro» y que finalmente el sujeto pasivo que deberá soportar la carga fiscal no serán la propietaria de Garoña, sino la sociedad pública Enresa y, por tanto, «todos los españoles y, en especial, los castellano y leoneses». En su opinión, con este gravamen el PP abre la puerta a que ese almacén temporal para los residuos propios de la nuclear burgalesa se convierta en el almacenamiento «permanente» de los de otras plantas, debido a la «llamada» que esto puede suponer.
LEER MÁS
