04/05/2016
Desmantelado un 'poblado' ilegal con una docena de infraviviendas en sa Font des Saig
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, con la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ha desmantelado un asentamiento ilegal en la zona de sa Font des Saig que suponía un grave riesgo para al medio ambiente ya que había acumulaciones de residuos y elementos potencialmente peligrosos, las infraviviendas no tenían los servicios adecuados para hacer una correcta gestión de sus deshechos y había numerosos puntos que podían ser el foco de un incendio forestal potencialmente muy grave al haber personas cerca y encontrarse en una zona frondosa y de difícil acceso considerada ANEI. El asentamiento tenía una capacidad para una veintena de personas, contaba con una 'cantina', baños comunales y la intervención se descubrió una plantación de marihuana con una quincena de ejemplares.
Ahora, los servicios municipales han advertido al propietario del terreno de que debe retirar todos los elementos ilegales o peligrosos y, si no lo hace, lo hará el Consistorio y posteriormente le cargará la factura. Igualmente, se han abierto procedimientos para determinar las responsabilidad por las posibles infracciones medioambientales y urbanísticas detectadas. Igualmente, se ha dado traslado al Govern por si debe actuar dentro de sus competencias, se estudia si el caso se lleva a Fiscalía para determinar si existe un delito contra el medio ambiente y también se informará al Consell Insular d'Eivissa por si debe actuar ya que podría haber una actividad de alquiler turístico ilegal.
La denuncia de las posibles irregularidades llegó en julio de 2014 a la Conselleria de Medi Ambient del Govern, que ya documentó esta situación; pero el expediente tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento el pasado día 21 de marzo. Ante la magnitud del asentamiento y la gran variedad de elementos a inspeccionar, los Servicios Jurídicos del Consistorio organizaron un dispositivo que comprendía Policía Local, personal de Medio Ambiente y de Urbanismo del Ayuntamiento y agentes del Seprona. Medio Ambiente del Govern no participó finalmente por falta de personal.
Cuando en la primera quincena del mes de abril se efectuó la revisión se encontraron una docena de infraviviendas de todo tipo, algunas de ellas aprovechando viejas caravanas. Muchas de las viviendas tenían conexión eléctrica ilegal y en condiciones peligrosas ya que se encontraban situadas en medio del arbolado y sin ninguna medida de protección. Igualmente, había baños públicos sin conexión a la red, generadores, salidas de humos cerca de los árboles y bombonas de butano en diferentes lugares. Igualmente, la inspección registró vehículos abandonados que aún contenían fluidos y elementos potencialmente peligrosos para el medio ambiente.
Alquiler, cantina y marihuana
La revisión por parte de los servicios municipales y la Guardia Civil también sirvió para descubrir un pequeño invernadero de fabricación casera en el que se cultivaban una quincena de plantas de marihuana. También se descubrió que esta 'comunidad' contaba con un pequeño local que parecía servir para ofrecer comidas y bebidas y actuaba como cantina para los residentes.
Todo el conjunto se había alzado a una propiedad con una vivienda de obra que presentaba algunas modificaciones sin licencia. Esta vivienda contaba a su entrada con una placa de vivienda turística, por lo que se ha remitido al Consell Insular para que determine si podía ejercer esta actividad. Igualmente, se sospecha que las infraviviendas también podrían tener este uso.
Ahora, los servicios municipales han advertido al propietario del terreno de que debe retirar todos los elementos ilegales o peligrosos y, si no lo hace, lo hará el Consistorio y posteriormente le cargará la factura. Igualmente, se han abierto procedimientos para determinar las responsabilidad por las posibles infracciones medioambientales y urbanísticas detectadas. Igualmente, se ha dado traslado al Govern por si debe actuar dentro de sus competencias, se estudia si el caso se lleva a Fiscalía para determinar si existe un delito contra el medio ambiente y también se informará al Consell Insular d'Eivissa por si debe actuar ya que podría haber una actividad de alquiler turístico ilegal.
La denuncia de las posibles irregularidades llegó en julio de 2014 a la Conselleria de Medi Ambient del Govern, que ya documentó esta situación; pero el expediente tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento el pasado día 21 de marzo. Ante la magnitud del asentamiento y la gran variedad de elementos a inspeccionar, los Servicios Jurídicos del Consistorio organizaron un dispositivo que comprendía Policía Local, personal de Medio Ambiente y de Urbanismo del Ayuntamiento y agentes del Seprona. Medio Ambiente del Govern no participó finalmente por falta de personal.
Cuando en la primera quincena del mes de abril se efectuó la revisión se encontraron una docena de infraviviendas de todo tipo, algunas de ellas aprovechando viejas caravanas. Muchas de las viviendas tenían conexión eléctrica ilegal y en condiciones peligrosas ya que se encontraban situadas en medio del arbolado y sin ninguna medida de protección. Igualmente, había baños públicos sin conexión a la red, generadores, salidas de humos cerca de los árboles y bombonas de butano en diferentes lugares. Igualmente, la inspección registró vehículos abandonados que aún contenían fluidos y elementos potencialmente peligrosos para el medio ambiente.
Alquiler, cantina y marihuana
La revisión por parte de los servicios municipales y la Guardia Civil también sirvió para descubrir un pequeño invernadero de fabricación casera en el que se cultivaban una quincena de plantas de marihuana. También se descubrió que esta 'comunidad' contaba con un pequeño local que parecía servir para ofrecer comidas y bebidas y actuaba como cantina para los residentes.
Todo el conjunto se había alzado a una propiedad con una vivienda de obra que presentaba algunas modificaciones sin licencia. Esta vivienda contaba a su entrada con una placa de vivienda turística, por lo que se ha remitido al Consell Insular para que determine si podía ejercer esta actividad. Igualmente, se sospecha que las infraviviendas también podrían tener este uso.
