17/06/2016
El Govern aprueba el Decreto de sequía de Eivissa
El Consell de Govern ha aprobado hoy el Decreto por el cual se declara la situación de sequía extraordinaria en la isla de Eivissa y se adoptan medidas urgentes y excepcionales de gestión de los recursos hídricos para paliar y corregir sus efectos.
La isla de Eivissa presenta una situación crítica con respecto a las reservas de agua, consecuencia de dos factores: la falta continuada de precipitaciones y la sobreexplotación de los acuíferos. Estos factores comportan que mientras no se normalice el régimen de precipitaciones y no se busquen fuentes de suministro de agua alternativas no naturales, no se puede garantizar que se pueda atender la demanda de agua.
El Decreto tiene como finalidad controlar al máximo posible la disposición y el uso de agua, y como objetivo final, recuperar las masas. Eso obliga, por una parte, a adoptar medidas temporales que permitan un incremento del agua disponible hasta que los niveles de reserva mejoren, y de la otra, a adoptar las medidas administrativas necesarias que permitan corregir esta situación mediante la limitación y la restricción de los aprovechamientos de manera equitativa y solidaria entre los sectores afectados.
Para incrementar el agua disponible, el Decreto prevé que mientras dure la situación de sequía no se puedan efectuar nuevas captaciones en las masas de serra Grossa, Cala Llonga y sa Roca Llisa, las cuales están sobreexplotadas de acuerdo con el balance hidrológico. Se exceptúan los aprovechamientos para abastecimiento en población, geotermia, reordenación de caudales sin aumento de volumen, mantenimiento y saneamiento de pozos y depósitos contra incendios.
Las medidas que prevé el Decreto consisten en reducir un 15% el volumen de extracciones, excepto en la agricultura, que desciende un 10%, y en el abastecimiento en poblaciones, las captaciones ligadas a la lucha contra incendios y la geotermia, que no sufrirán restricciones. Esta norma también recoge la suspensión de la tramitación y del otorgamiento de nuevas autorizaciones y concesiones de uso y la obligatoriedad de los suministradores (incluidos los de venta de agua en camiones) de utilizar agua desalada de octubre a abril. Los ayuntamientos estarán obligados a hacer estudios de detección de escapes y presentarlos a la Administración hidráulica en un plazo máximo de 45 días desde la entrada en vigor del Decreto, y a llevar a cabo un plan de actuación que tiene que validar la Dirección General de Recursos Hídricos en caso de que los escapes sean superiores al 25%. Las obras necesarias para los cambios de uso se considerarán de utilidad pública y de necesidad urgente.
El periodo de aplicación y vigencia de este Decreto se tiene que extender hasta que se haya superado el periodo de sequía. Es decir, cuando el índice de sequía publicado en el Portal del Agua presente valores de situación estable durante tres meses consecutivos.
La isla de Eivissa presenta una situación crítica con respecto a las reservas de agua, consecuencia de dos factores: la falta continuada de precipitaciones y la sobreexplotación de los acuíferos. Estos factores comportan que mientras no se normalice el régimen de precipitaciones y no se busquen fuentes de suministro de agua alternativas no naturales, no se puede garantizar que se pueda atender la demanda de agua.
El Decreto tiene como finalidad controlar al máximo posible la disposición y el uso de agua, y como objetivo final, recuperar las masas. Eso obliga, por una parte, a adoptar medidas temporales que permitan un incremento del agua disponible hasta que los niveles de reserva mejoren, y de la otra, a adoptar las medidas administrativas necesarias que permitan corregir esta situación mediante la limitación y la restricción de los aprovechamientos de manera equitativa y solidaria entre los sectores afectados.
Para incrementar el agua disponible, el Decreto prevé que mientras dure la situación de sequía no se puedan efectuar nuevas captaciones en las masas de serra Grossa, Cala Llonga y sa Roca Llisa, las cuales están sobreexplotadas de acuerdo con el balance hidrológico. Se exceptúan los aprovechamientos para abastecimiento en población, geotermia, reordenación de caudales sin aumento de volumen, mantenimiento y saneamiento de pozos y depósitos contra incendios.
Las medidas que prevé el Decreto consisten en reducir un 15% el volumen de extracciones, excepto en la agricultura, que desciende un 10%, y en el abastecimiento en poblaciones, las captaciones ligadas a la lucha contra incendios y la geotermia, que no sufrirán restricciones. Esta norma también recoge la suspensión de la tramitación y del otorgamiento de nuevas autorizaciones y concesiones de uso y la obligatoriedad de los suministradores (incluidos los de venta de agua en camiones) de utilizar agua desalada de octubre a abril. Los ayuntamientos estarán obligados a hacer estudios de detección de escapes y presentarlos a la Administración hidráulica en un plazo máximo de 45 días desde la entrada en vigor del Decreto, y a llevar a cabo un plan de actuación que tiene que validar la Dirección General de Recursos Hídricos en caso de que los escapes sean superiores al 25%. Las obras necesarias para los cambios de uso se considerarán de utilidad pública y de necesidad urgente.
El periodo de aplicación y vigencia de este Decreto se tiene que extender hasta que se haya superado el periodo de sequía. Es decir, cuando el índice de sequía publicado en el Portal del Agua presente valores de situación estable durante tres meses consecutivos.
