11/10/2016
Las Baleares reclaman que se mantengan las pruebas de selectividad al menos durante el curso 2016-2017
El Govern de las Illes Balears es uno de los gobiernos autonómicos que reclaman al Gobierno español la paralización de las pruebas de reválida de bachillerato que prevé la LOMCE para el curso 2016-2017 y la prórroga de las pruebas de selectividad que se habían hecho hasta ahora. Esta propuesta surge de la reunión que mantuvieron el pasado 4 de octubre todos los directores generales de universidad de las comunidades autónomas.
En la reunión, la opinión mayoritaria de las comunidades autónomas es que, atendida la interinidad en la cual está inmerso el Gobierno de España y teniendo en cuenta que la implantación de la evaluación final de bachillerato (EFB) - el que conocemos como revàlida- tendrá lugar con el curso ya avanzado, es preferible prorrogar el actual sistema de prueba de acceso a la universidad (PAU), conocida como selectividad. Esta prórroga tendría que ser, al menos, de un curso académico, opción que es reforzada por el hecho de que el EFB tiene, el presente curso, un carácter transitorio y, de hecho, no tiene efectos académicos a la hora de obtener el título de bachillerato. Actualmente, el Ministerio de Educación todavía no ha aprobado la orden ministerial que tiene que definir las nuevas reválidas.
Por otro lado, los representantes de las comunidades autónomas, en línea con lo que manifestó la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), también acordaron, en la reunión de Valladolid, que, para el curso 2016-2017, sería deseable que en sus respectivos territorios sólo se hiciera una única prueba de acceso, ya fuera el EFB, que deriva de la LOMCE, u otra, y que esta prueba sirviera también como procedimiento de admisión. De este modo, se evitaría la duplicidad de pruebas que posibilita la normativa actual y sería posible que esta prueba fuera reconocida recíprocamente por todas las comunidades con objeto de preservar el distrito universitario único. Con relación a esta cuestión, se decidió solicitar al Ministerio que establezca mecanismos para garantizar el distrito universitario único mencionado.
En cuanto a la estructura y a la organización de la prueba, los representantes de las comunidades autónomas consideran que se tiene que asemejar tanto como sea posible a la actual PAU, por lo cual proponen al Ministerio que avance en esta línea.
De manera particular, y en cuanto a la EFB del presente curso 2016-2017, en la reunión se consideró que tiene que quedar suficientemente explícito que se trata de una prueba obligatoria exclusivamente para el acceso a la universidad y que, por lo tanto, los estudiantes de bachillerato que no aspiren a acceder tienen la posibilidad de no presentarse. De la expresión «se tiene que tener en cuenta» que figura en la disposición final quinta de la LOMCE no se deduce una obligatoriedad, puesto que no comporta exigencia sino tener en consideración:
Disposicio´n final quinta. Calendario de implantacio´n.
La evaluacio´n final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el an~o 2017 u´nicamente se tendra´ en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superacio´n no sera´ necesaria para obtener el ti´tulo de Bachiller. Tambie´n se tendra´ en cuenta para la obtencio´n del ti´tulo de Bachiller por los alumnos y alumnas que se encuentren en posesio´n de un ti´tulo de Te´cnico de grado medio o superior de Formacio´n Profesional o de las Ensen~anzas Profesionales de Mu´sica o de Danza, de conformidad, respectivamente, con los arti´culos 44.4 y 50.2 de la Ley Orga´nica 2/2006, de 3 de mayo
No menos importante es la financiación de la nueva prueba. Todos los representantes de las comunidades autónomas subrayaron que, con el nuevo bachillerato, se complica la logística y se encarece el coste de la prueba de acceso (EFB u otra modalidad), el cual, además, recae exclusivamente sobre las comunidades autónomas, sin que el Ministerio haya previsto la financiación debida. Por todo esto, se decidió pedir al Gobierno de España que garantice la viabilidad económica de esta prueba no sólo el presente curso académico, sino también en el futuro. Sin la garantía de este apoyo financiero difícilmente las comunidades autónomas podrán hacerse cargo de la organización de la prueba.
Finalmente, se decidió solicitar al Ministerio que convoque a los representantes de las comunidades autónomas para explicarlos el desarrollo del EFB, puesto que son las comunidades autónomas las que tienen que implantar esta prueba y las que tienen que hacer frente a las dificultades que se han expresado en este documento.