26/06/2017
El Govern considera antidemocrático el veto del ejecutivo español a la Ley de prospecciones
\ La Mesa del Congreso, en la cual suman mayoría Partido Popular y Ciudadanos puede levantar el veto del Gobierno español a la iniciativa
\ El Govern lamenta la postura del ejecutivo estatal y confía en que los grupos parlamentarios consigan levantar el veto
El Gobierno español ha vetado la tramitación en el Congreso de la Proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas zona libre de prospecciones de hidrocarburos al considerar que la aprobación supondría un impacto presupuestario. Afirma que se disminuirían los ingresos procedentes del impuesto y la tasa que gravan actualmente las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y que se tendrían que establecer indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la administración al no prorrogar las concesiones vigentes.
"Sentimos vergüenza", ha asegurado el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, que el Gobierno español "vete nuestro futuro por 4,7 millones de euros". Y es que ésta es la cantidad que el Estado prevé dejar de ingresar en materia de tasas. En la misma línea el conseller ha lamentado "el doble discurso del PP aquí y en Madrid" asegurando que "ya no nos los creemos y por eso apelamos a la responsabilidad de Ciutadans".
En este sentido ha recordado que el diputado por este grupo que asistió a las jornadas de la semana pasada al Congreso en las cuales se presentó la Proposición de ley a los grupos parlamentarios, Toni Cantó, se mostró muy favorable a aceptar la tramitación de la Ley que la Conselleria encargó a Alianza Mar Blava para poder debatirla en las Cortes.
Y es que la Mesa del Congreso puede levantar este veto para que una iniciativa legislativa aprobada por unanimidad en el Parlamento de las Illes Balears pueda continuar con la tramitación. Es por eso que, Vidal, ha pedido a Ciutadans que, esta vez, no dé apoyo al Partido Popular y vote con el resto de grupos parlamentarios a fin de que la iniciativa se pueda debatir.
Vidal, por su parte, ha negado que el Gobierno español tenga que indemnizar a las empresas promotoras de prospecciones de hidrocarburos con 164 millones de euros, como calcula el ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que la disposición adicional de la iniciativa legislativa especifica que las explotaciones de hidrocarburos que recoge la Ley cuya concesión sea anterior a la fecha en que entre en vigor, permanecerán vigentes hasta que se extingan, sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la Ley es aplicable a todas las solicitudes de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que no hayan sido resueltas cuando la Ley entre en vigor. Sin embargo se trata "de un debate que se puede abrir o bien al Congreso o bien entre los mismos partidos si eso es lo que le preocupa al Gobierno español".
Por eso el conseller sospecha que "los motivos del ejecutivo estatal para vetar la iniciativa y la carta que envió al Gobierno sobre la posible inconstitucionalidad de la Proposición de ley son sólo excusas para detener la tramitación".
La Proposición de ley, que se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria, que excluyen la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el cual el Estado español tiene jurisdicción. También se excluye de este espacio marino la exploración por medio de adquisiciones sísmicas, independientemente de la finalidad, excepto en el caso que esté científicamente demostrado que se utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.
Vidal ha asegurado que el veto a esta iniciativa tiene una talante "antidemocrático", teniendo en cuenta que ha sido aprobada, por unanimidad, en el Parlamento de las Illes Balears.
El Gobierno español ha vetado la tramitación en el Congreso de la Proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas zona libre de prospecciones de hidrocarburos al considerar que la aprobación supondría un impacto presupuestario. Afirma que se disminuirían los ingresos procedentes del impuesto y la tasa que gravan actualmente las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y que se tendrían que establecer indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la administración al no prorrogar las concesiones vigentes.
"Sentimos vergüenza", ha asegurado el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, que el Gobierno español "vete nuestro futuro por 4,7 millones de euros". Y es que ésta es la cantidad que el Estado prevé dejar de ingresar en materia de tasas. En la misma línea el conseller ha lamentado "el doble discurso del PP aquí y en Madrid" asegurando que "ya no nos los creemos y por eso apelamos a la responsabilidad de Ciutadans".
En este sentido ha recordado que el diputado por este grupo que asistió a las jornadas de la semana pasada al Congreso en las cuales se presentó la Proposición de ley a los grupos parlamentarios, Toni Cantó, se mostró muy favorable a aceptar la tramitación de la Ley que la Conselleria encargó a Alianza Mar Blava para poder debatirla en las Cortes.
Y es que la Mesa del Congreso puede levantar este veto para que una iniciativa legislativa aprobada por unanimidad en el Parlamento de las Illes Balears pueda continuar con la tramitación. Es por eso que, Vidal, ha pedido a Ciutadans que, esta vez, no dé apoyo al Partido Popular y vote con el resto de grupos parlamentarios a fin de que la iniciativa se pueda debatir.
Vidal, por su parte, ha negado que el Gobierno español tenga que indemnizar a las empresas promotoras de prospecciones de hidrocarburos con 164 millones de euros, como calcula el ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que la disposición adicional de la iniciativa legislativa especifica que las explotaciones de hidrocarburos que recoge la Ley cuya concesión sea anterior a la fecha en que entre en vigor, permanecerán vigentes hasta que se extingan, sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la Ley es aplicable a todas las solicitudes de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que no hayan sido resueltas cuando la Ley entre en vigor. Sin embargo se trata "de un debate que se puede abrir o bien al Congreso o bien entre los mismos partidos si eso es lo que le preocupa al Gobierno español".
Por eso el conseller sospecha que "los motivos del ejecutivo estatal para vetar la iniciativa y la carta que envió al Gobierno sobre la posible inconstitucionalidad de la Proposición de ley son sólo excusas para detener la tramitación".
La Proposición de ley, que se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria, que excluyen la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el cual el Estado español tiene jurisdicción. También se excluye de este espacio marino la exploración por medio de adquisiciones sísmicas, independientemente de la finalidad, excepto en el caso que esté científicamente demostrado que se utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.
Vidal ha asegurado que el veto a esta iniciativa tiene una talante "antidemocrático", teniendo en cuenta que ha sido aprobada, por unanimidad, en el Parlamento de las Illes Balears.
