01/08/2017
El Govern envía un oficio a todos los registros para que informen de que desde hoy no se pueden presentar nuevas altas de alquiler turístico
Hoy entra en vigor la Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas. Por lo tanto, desde hoy está vigente la moratoria de nuevas autorizaciones de alquiler turístico. Por esta razón, el Govern ha enviado un oficio a todas las administraciones públicas de las Illes Balears que cuentan con registro, para que informen a la ciudadanía de que no se pueden presentar nuevas declaraciones responsables de inicio de actividad turística (DRIAT) hasta que los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma establezcan las zonas aptas para el desarrollo de esta actividad económica.
El oficio explica que desde la entrada en vigor de la nueva normativa «no se podrán presentar nuevas declaraciones responsables de inicio de actividad si no cumplen todos los requisitos, entre los cuales se encuentra estar ubicadas a una zona ya declarada apta de manera expresa por los consells insulars o el Ayuntamiento de Palma, que a la fecha de entrada en vigor de la ley todavía no estarán determinadas».
Asimismo, el documento afirma: «Se recuerda también que la presentación de una declaración responsable que infrinja la normativa turística puede ser objeto de expediente sancionador».
Finalmente, el oficio recomienda hacer pública esta información, desde los registros, «a los ciudadanos que pretendan presentar declaraciones responsables relativas a la comercialización de estancias turísticas en viviendas, sea de manera verbal, sea mediante cartel informativo».
Hay que recordar que la ley publicada ayer en el BOIB establece que los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma tendrán que decidir, en virtud de sus competencias en ordenación territorial y urbanística, qué zonas se declaran aptas para la comercialización de estancias turísticas en viviendas. La ley marca un plazo máximo de 12 meses para aprobar la zonificación.
