02/08/2017
El Gobierno destina 3.335.000 euros a las ayudas de alquiler 2017
En la convocatoria de 2016, la primera que gestionar íntegramente el actual Gobierno, se incrementó en un 89% el número de beneficiarios de las ayudas, que fueron un total de 1.478, respecto de 2015 (con únicamente 785 beneficiarios).
El objetivo de la convocatoria de 2017 es incrementar el número de beneficiarios y también dar solución a la problemática que evidenció la convocatoria anterior por las condiciones que fija el Estado y que no responden a las necesidades de las Islas Baleares: los precios de alquiler más elevados en Ibiza y Formentera.
Así, en la convocatoria de este año junto con las ayudas procedentes del Estado, se ha abierto -al mismo tiempo- una convocatoria con fondos propios autonómicos para los residentes en Ibiza y Formentera que tengan alquileres de entre 600 y 800 euros .
Para 2017, los 3 millones del Plan Estatal se le sumamos 335.000 euros de fondos autonómicos para las ayudas a los alquileres de hasta 800 euros para los residentes en Ibiza y Formentera. Se destinan por tanto 3.335.000 euros a las ayudas de alquiler en 2,017.
Las ayudas de alquiler forman parte del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 (prorrogado por 2017), pero es la Comunidad Autónoma la que las gestiona. Este año los 5,8 millones de euros asignados a las Islas Baleares (por distintas ayudas relacionadas con la vivienda como alquiler, rehabilitación y regeneración urbana, entre otros), es el Gobierno balear el que decide -al igual que el año pasado- destinar 3 millones a las ayudas a alquiler, con el incremento autonómico de hasta 3.335.000 euros.
La convocatoria se extiende desde el próximo lunes día 7 de agosto hasta el 21 de septiembre (habitatge.caib.es y teléfono 900 780 000). Son ayudas para personas que residen en las Islas Baleares para pagar el alquiler de su domicilio habitual, y que tienen ingresos iguales o inferiores a 22.365 euros la unidad familiar.
Se paga hasta un 40% del importe del alquiler. En el conjunto de las Islas: para alquileres de hasta 600 euros y con una cantidad anual máxima de 2.400 euros anuales o 200 al mes.
Para Ibiza y Formentera: para los alquileres superiores a 600 euros y hasta 800 euros, con fondos autonómicos se paga el 40% del alquiler, hasta un máximo de 3.000 euros anuales o 250 al mes.
Se priorizan, en caso de empate entre solicitantes, las unidades familiares consideradas de sectores preferentes; es decir, núcleos familiares como familias numerosas, con personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas afectadas por desahucios o víctimas de terrorismo.
Las ayudas que se otorgan son para alquileres de 2017, desde enero a diciembre y aunque se convoquen ahora se pagan con efectos retroactivo desde enero.
Las ayudas son compatibles con las que reciban las personas en situación de vulnerabilidad.
Hay que recordar que en la convocatoria del año 2016 se concedieron la mayoría de las solicitudes presentadas: el 80% de las 1.847 presentadas.
Otros temas tratados en la Mesa:
Además de las ayudas de alquiler de 2017, durante la Mesa de la Vivienda el conseller ha explicado también el decreto que regulará las viviendas de precio tasado y los principales cambios que se han introducido en la futura ley de la vivienda atendiendo informe del Consejo Consultivo. Tanto el decreto como el proyecto de ley de vivienda está previsto que se aprueben en el próximo Consejo de Gobierno.
El decreto de regulación de las viviendas de precio tasado permitirá que se inicie el proceso que posibilitaría la construcción de cerca de 700 viviendas de compraventa a un precio asequible en Mallorca, bajo el control y la garantía de la administración.
Este decreto desarrolla una ley del último gobierno progresista (ley 5/2008) que creó reservas estratégicas de suelo para obtener suelo a precio asequible para construir viviendas de protección oficial, de precio tasado (precio máximo) como libres.
Fruto de aquella ley se aprobaron y desarrollaron cinco reservas estratégicas de suelo (3 en Calvià, 1 en Palma (Son Bordoy) ??y 1 en Son Servera) con suelo a llevado por promotores. En estas reservas se podrán construir unas 700 viviendas de precio máximo.
El decreto establece que estas viviendas de precio tasado (que son siempre de compraventa) se pueden vender a un máximo de 1.819,20 euros el metro cuadrado (sobre la superficie construida) y una superficie máxima de 90 metros cuadrados útiles.
Estas viviendas tasadas no son de protección oficial pero sí tienen un control de la administración y unas condiciones a cumplir con el objetivo de que sean viviendas a un precio más asequible que los de mercado. Son viviendas, por tanto, que quedan fuera de las subidas de precio y que se ponen al alcance de la ciudadanía a precios más asumibles. Deben ser destinados al domicilio habitual durante 20 años y tampoco se pueden alquilar (excepto algunas circunstancias como un traslado por trabajo o familiar justificable, al igual que en los VPO).
Para garantizar que serán viviendas a un precio razonable en sus primeros 20 años, durante este periodo están sujetas a un precio máximo de venta, que fija la administración.