12/10/2015
La Universitat de València elabora un diagnóstico de la corrupción política de la Comunitat Valenciana
La profesora de Derecho Penal de la Universitat de València Ángeles Jareño ha dirigido un proyecto de investigación en el que ha elaborado un diagnóstico de la corrupción pública y la política criminal en la Comunitat Valenciana. Las conclusiones de este trabajo se publican en ‘Corrupción pública. Cuestiones de política criminal: la Comunitat Valenciana’, editada por Iustel, con la colaboración del Ministerio de Economía y Competitividad.
El análisis se realiza desde diferentes disciplinas, desmenuzando la jurisprudencia en materia de corrupción pública en la Comunitat, la legislación urbanística, la labor de transparencia, el papel de los órganos de persecución especializados y el de los medios de comunicación.
Ángeles Jareño señala que tras estudiar los delitos relacionados con la corrupción pública “se demuestra que no hay necesidad de modificar el Código Penal para crear nuevas figuras para perseguir los delitos de corrupción, tan sólo, algunos ajustes de las existentes”. Sin embargo, la profesora considera que sí es el momento de cuestionar “la proporcionalidad interna de las sanciones recogidas en el Código Penal, donde se castiga con un margen similar los delitos de corrupción pública que, por ejemplo, los de hurto o estafa”.
La investigación muestra, en opinión de la coordinadora del proyecto, “un cambio relevante en el volumen jurisprudencial en los últimos dos o tres años el cual ha ido en aumento y en este incremento han influido tanto la creación de la Fiscalía anticorrupción, como el cambio de percepción social ante los delitos de corrupción, que se agudiza con la crisis económica, cuando la población es mucho más sensible a estos casos”.
DESEQUILIBRIO ENTRE CONDENAS Y REALIDAD SOCIAL
De hecho, tras analizar decenas de sentencias -relacionadas con delitos de prevaricación administrativa y urbanística, cohecho, malversación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y delitos contra la administración pública- el investigador Jorge Correcher asevera que el estudio jurisprudencial realizado en el ámbito valenciano revela “una situación de cierto desequilibrio entre el número de sentencias condenatorias y la realidad social asociada a este grupo de delitos”.
La profesora de Derecho Penal subraya la coincidencia “en paralelo, de una mala gestión pública con el incremento del volumen de corrupción”. A pesar de ello, “el aumento de casos más destacable que llegaron a los juzgados se produjo más tarde, en los tres o cuatro últimos años, precisamente cuando la Comunitat Valenciana avanzaba hacia un progresivo proceso de empobrecimiento y se agravaba el riesgo de la exclusión social”.
“Los ciudadanos valencianos llevan unos cuantos años viendo cómo se reduce drásticamente su nivel de vida, sus expectativas profesionales y su acceso a la salud, mientras tanto, el dinero público ha sido gestionado en otra dirección, que evidentemente no era la que hacía falta, a la vista de los resultados”, apunta Jareño.
En cuanto a la transparencia en la acción política, el profesor Ricard Martínez subraya en esta obra que la labor de control de la acción de gobierno requiere del acceso a información de distinta naturaleza y en relación con el caso valenciano “en el pasado inmediato la protección de datos y la confidencialidad de los contratos se han erigido en barreras esgrimidas para negar el acceso a documentación”.
INCENTIVOS A LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
Por su parte, el profesor Leonardo García resalta los diversos incentivos a la corrupción en materia urbanística, que son “causa de la mala reputación asociada a este sector, principalmente en el ámbito del planeamiento urbanístico, tomando como referencia la vigente Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje”. García también se refiere a los incentivos con los que la regulación “contribuye a la permisibilidad ante la tradicional falta de disciplina urbanística, especialmente en suelo no urbanizable”.
El catedrático de Periodismo Josep Lluís Gómez Mompart analiza en este proyecto la corrupción política en los medios de comunicación a partir de una investigación centrada en Las Provincias y Levante-EMV. “Se constata que la percepción social de la corrupción no está sobredimensionada y, a la vez, que la ciudadanía tiene sospechas fundadas de que hay más corrupción de la que llega al sistema judicial”, afirma.
DILACIONES PROCESALES Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL DE FONDOS
El investigador Vicente Torres explica en su artículo el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia y María Luisa Cuerda aborda las dilaciones procesales en casos tan conocidos como Gürtel, Fabra, Emarsa, Brugal, además de la administración desleal de fondos públicos en relación a las Torres de Calatrava de Valencia, el aeropuerto y centro de convenciones de Castelló o la Ciudad de la Luz en Alicante. A su vez, Óscar Vicente habla de las técnicas para medir la corrupción.
Ángeles Jareño es profesora de Derecho Penal de la Universitat de València y acreditada para catedrática en la misma disciplina. Sus líneas de investigación más recientes son la corrupción pública y la protección jurídica de la intimidad. Jareño ha publicado diversas monografías sobre garantías penales, parte especial del derecho penal, protección del derecho a la intimidad y corrupción pública
El análisis se realiza desde diferentes disciplinas, desmenuzando la jurisprudencia en materia de corrupción pública en la Comunitat, la legislación urbanística, la labor de transparencia, el papel de los órganos de persecución especializados y el de los medios de comunicación.
Ángeles Jareño señala que tras estudiar los delitos relacionados con la corrupción pública “se demuestra que no hay necesidad de modificar el Código Penal para crear nuevas figuras para perseguir los delitos de corrupción, tan sólo, algunos ajustes de las existentes”. Sin embargo, la profesora considera que sí es el momento de cuestionar “la proporcionalidad interna de las sanciones recogidas en el Código Penal, donde se castiga con un margen similar los delitos de corrupción pública que, por ejemplo, los de hurto o estafa”.
La investigación muestra, en opinión de la coordinadora del proyecto, “un cambio relevante en el volumen jurisprudencial en los últimos dos o tres años el cual ha ido en aumento y en este incremento han influido tanto la creación de la Fiscalía anticorrupción, como el cambio de percepción social ante los delitos de corrupción, que se agudiza con la crisis económica, cuando la población es mucho más sensible a estos casos”.
DESEQUILIBRIO ENTRE CONDENAS Y REALIDAD SOCIAL
De hecho, tras analizar decenas de sentencias -relacionadas con delitos de prevaricación administrativa y urbanística, cohecho, malversación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y delitos contra la administración pública- el investigador Jorge Correcher asevera que el estudio jurisprudencial realizado en el ámbito valenciano revela “una situación de cierto desequilibrio entre el número de sentencias condenatorias y la realidad social asociada a este grupo de delitos”.
La profesora de Derecho Penal subraya la coincidencia “en paralelo, de una mala gestión pública con el incremento del volumen de corrupción”. A pesar de ello, “el aumento de casos más destacable que llegaron a los juzgados se produjo más tarde, en los tres o cuatro últimos años, precisamente cuando la Comunitat Valenciana avanzaba hacia un progresivo proceso de empobrecimiento y se agravaba el riesgo de la exclusión social”.
“Los ciudadanos valencianos llevan unos cuantos años viendo cómo se reduce drásticamente su nivel de vida, sus expectativas profesionales y su acceso a la salud, mientras tanto, el dinero público ha sido gestionado en otra dirección, que evidentemente no era la que hacía falta, a la vista de los resultados”, apunta Jareño.
En cuanto a la transparencia en la acción política, el profesor Ricard Martínez subraya en esta obra que la labor de control de la acción de gobierno requiere del acceso a información de distinta naturaleza y en relación con el caso valenciano “en el pasado inmediato la protección de datos y la confidencialidad de los contratos se han erigido en barreras esgrimidas para negar el acceso a documentación”.
INCENTIVOS A LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
Por su parte, el profesor Leonardo García resalta los diversos incentivos a la corrupción en materia urbanística, que son “causa de la mala reputación asociada a este sector, principalmente en el ámbito del planeamiento urbanístico, tomando como referencia la vigente Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje”. García también se refiere a los incentivos con los que la regulación “contribuye a la permisibilidad ante la tradicional falta de disciplina urbanística, especialmente en suelo no urbanizable”.
El catedrático de Periodismo Josep Lluís Gómez Mompart analiza en este proyecto la corrupción política en los medios de comunicación a partir de una investigación centrada en Las Provincias y Levante-EMV. “Se constata que la percepción social de la corrupción no está sobredimensionada y, a la vez, que la ciudadanía tiene sospechas fundadas de que hay más corrupción de la que llega al sistema judicial”, afirma.
DILACIONES PROCESALES Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL DE FONDOS
El investigador Vicente Torres explica en su artículo el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia y María Luisa Cuerda aborda las dilaciones procesales en casos tan conocidos como Gürtel, Fabra, Emarsa, Brugal, además de la administración desleal de fondos públicos en relación a las Torres de Calatrava de Valencia, el aeropuerto y centro de convenciones de Castelló o la Ciudad de la Luz en Alicante. A su vez, Óscar Vicente habla de las técnicas para medir la corrupción.
Ángeles Jareño es profesora de Derecho Penal de la Universitat de València y acreditada para catedrática en la misma disciplina. Sus líneas de investigación más recientes son la corrupción pública y la protección jurídica de la intimidad. Jareño ha publicado diversas monografías sobre garantías penales, parte especial del derecho penal, protección del derecho a la intimidad y corrupción pública
