17/11/2015
La Comunidad desiste del actual proyecto de Ciudad de la Justicia
EL GOBIERNO NO RENUNCIA A CONCENTRAR LAS SEDES JUDICIALES
La Comunidad de Madrid desiste del actual proyecto de Ciudad de la Justicia ante la incertidumbre temporal sobre la resolución de los contratos adjudicados y que han sido recurridos en sede judicial. La Dirección General de Justicia y Seguridad ha decidido el desistimiento del contrato de concesión de obra pública de este proyecto al haberse licitado cuando todavía no estaba resuelto, al menos, un contrato previo.
El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de esta propuesta. Este desestimiento del proyecto actual no supone la renuncia a concentrar las sedes judiciales de la región de Madrid por parte del Gobierno de la Comunidad, haciéndolo con el mayor consenso posible con jueces y magistrados, colegios de abogados y procuradores y el resto de colectivos implicados. Una iniciativa que, en su día, fue defendida tanto por los profesionales de la Justicia como por los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
Cronología del proyecto
El pasado 5 de febrero, se inició la tramitación del expediente de contratación de la ejecución de obra pública de la denominada Ciudad de la Justicia, proyecto presentado a finales de 2014 siguiendo un modelo distinto a la iniciativa original de Campus de la Justicia, de 2005 y que fue descartada tras el inicio de la crisis económica.
Tras iniciarse esta tramitación, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ordenó la paralización de la contratación con motivo del recurso interpuesto por Corsán-Corviam, al considerar que la contratación tenía por objeto una obra que ya se le había adjudicado a la empresa en junio de 2007. En cumplimiento de esta resolución, el pasado 10 de julio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid suspendió la tramitación de la adjudicación del contrato.
Desde ese momento, el Ejecutivo madrileño ha venido trabajando en la resolución de la situación generada con Corsán-Corviam, así como con otras dos reclamaciones similares planteadas por los arquitectos Ángel Borrego y Rafael de la Hoz por contratos no resueltos de Campus de la Justicia, que se encuentran a día de hoy en sede judicial y con incertidumbre sobre su fecha de resolución.
En la medida en la que estos contratos deberían haberse resuelto antes de iniciar el procedimiento de contratación de la Ciudad de la Justicia y puesto que condicionan el nuevo proyecto, la Dirección General de Justicia y Seguridad entiende que se dan las circunstancias para proceder al desestimiento de la adjudicación y, así, ha informado hoy al Consejo de Gobierno.
En todo caso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no renuncia al proyecto de reagrupar las sedes judiciales de la región en un mismo espacio, al entender que de esta manera se podrá ganar en eficiencia y se facilitarán los trámites relacionados con la Administración de la Justicia a los ciudadanos. Una propuesta en la que coinciden tanto los principales operadores jurídicos de la región como todos los grupos parlamentarios de la Asamblea, a excepción del de Podemos.
El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de esta propuesta. Este desestimiento del proyecto actual no supone la renuncia a concentrar las sedes judiciales de la región de Madrid por parte del Gobierno de la Comunidad, haciéndolo con el mayor consenso posible con jueces y magistrados, colegios de abogados y procuradores y el resto de colectivos implicados. Una iniciativa que, en su día, fue defendida tanto por los profesionales de la Justicia como por los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
Cronología del proyecto
El pasado 5 de febrero, se inició la tramitación del expediente de contratación de la ejecución de obra pública de la denominada Ciudad de la Justicia, proyecto presentado a finales de 2014 siguiendo un modelo distinto a la iniciativa original de Campus de la Justicia, de 2005 y que fue descartada tras el inicio de la crisis económica.
Tras iniciarse esta tramitación, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ordenó la paralización de la contratación con motivo del recurso interpuesto por Corsán-Corviam, al considerar que la contratación tenía por objeto una obra que ya se le había adjudicado a la empresa en junio de 2007. En cumplimiento de esta resolución, el pasado 10 de julio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid suspendió la tramitación de la adjudicación del contrato.
Desde ese momento, el Ejecutivo madrileño ha venido trabajando en la resolución de la situación generada con Corsán-Corviam, así como con otras dos reclamaciones similares planteadas por los arquitectos Ángel Borrego y Rafael de la Hoz por contratos no resueltos de Campus de la Justicia, que se encuentran a día de hoy en sede judicial y con incertidumbre sobre su fecha de resolución.
En la medida en la que estos contratos deberían haberse resuelto antes de iniciar el procedimiento de contratación de la Ciudad de la Justicia y puesto que condicionan el nuevo proyecto, la Dirección General de Justicia y Seguridad entiende que se dan las circunstancias para proceder al desestimiento de la adjudicación y, así, ha informado hoy al Consejo de Gobierno.
En todo caso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no renuncia al proyecto de reagrupar las sedes judiciales de la región en un mismo espacio, al entender que de esta manera se podrá ganar en eficiencia y se facilitarán los trámites relacionados con la Administración de la Justicia a los ciudadanos. Una propuesta en la que coinciden tanto los principales operadores jurídicos de la región como todos los grupos parlamentarios de la Asamblea, a excepción del de Podemos.
