29/03/2017
Unas 7.600 plazas de funcionarios interinos se convertirán en plazas de fijas de carrera desde ahora y hasta 2019
El acuerdo para la mejora de la ocupación pública que se ha refrendado en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas permitirá, también, la cobertura de puestos de trabajo públicos esenciales por el equivalente a las bajas que se puedan producir, en mayor medida que hasta la fecha.
El director general de Función Pública y Administración Pública, Pedro Jiménez, ha destacado “la importancia de la presión que hemos ejercido desde las comunidades autónomas y desde las fuerzas sindicales, para conseguir este acuerdo, en la línea de aquello que habíamos reclamado repetidamente al Gobierno del Estado”.
Las medidas contenidas dentro del acuerdo de la mejora de la ocupación pública quedarán incluidas en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, la tramitación de los cuales se podrá iniciar con su aprobación inicial en el Consejo de Ministros de este viernes.
La función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, incluido el personal docente, el estatutario del servicio de salud, reducirá la temporalidad de sus puestos de trabajo del actual 33% hasta el 8% entre ahora y el 2019. Este hecho, largamente reclamado por el Govern de les Illes Balears ante el Gobierno del Estado, será posible en el momento de la aprobación de los Presupuestos generales del Estado de 2017. “Finalmente el Gobierno se ha tenido que rendir a la evidencia”, ha dicho Cladera, para quien “los años de recortes a la función pública ya no se podían alargar más”.
Paralelamente, también se podrán regularizar las plazas interinas en las administraciones locales, básicamente referidas a los funcionarios de Policía Local, una demanda especialmente candente en Baleares, donde casi 600 de los 2.600 miembros de los diferentes cuerpos de Policía Local son interinos.
Tanto el proceso de regularización de los interinos de la Administración de la comunidad, como de los funcionarios de las entidades locales. han sido demandas exigidas con insistencia por el Govern. Las dos últimas reuniones de la consellera Catalina Cladera y del director general Pedro Jiménez con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ya permitieron dar a conocer las reivindicaciones de Baleares de cara a la regularización de una ocupación pública muy afectada por la temporalidad de la contratación. “Se ha demostrado la efectividad de la presión que hemos hecho las Comunidades y los sindicatos, por que el Gobierno del Sido haya variado su postura”, ha dicho Cladera.
Especialmente se ha mostrado efectiva la presión ejercida por el Govern en el caso de la inclusión de los cuerpos de Policía Local dentro del proceso abierto de regularización de la interinidad a las entidades locales; “un tema que entró a formar parte del acuerdo de la Conferencia de Presidentes a instancia de la intervención de la presidenta Francina Armengol”.
La aplicación efectiva del acuerdo en Baleares permitirá que el Gobierno convoque 7.000 plazas de funcionario, que actualmente son ocupadas de manera interina o temporal, y que después del proceso de oferta pública de ocupación, pasarán a ser para personal fijo de carrera, tanto en el ámbito de educación, sanidad como en servicios generales. Y en el caso de los interinos en las entidades locales de Baleares, se cifra en 600 plazas las que podrán salir para oferta pública para su regularización. El mismo acuerdo aclara que estas convocatorias tendrán que respetar los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito capacidad y publicidad, mientras que el tiempo prestado en el servicio a la Administración será valorado en la fase de concurso del proceso.
El acuerdo de Mesa General de Negociación para la mejora de la ocupación pública incluye, además, la activación de una oferta pública en 2017. En este proceso todavía será de aplicación la tasa de reposición, a pesar de que permitirá sustituir el 100% de las plazas que queden vacantes en los denominados sectores prioritarios, dentro del ámbito de sanidad, educación, justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social. “El Gobierno del Estado todavía insiste con mantener la tasa de reposición, pero creo que habría que plantearse su desaparición, para que las diferentes administraciones pudiéramos dotarnos del personal realmente necesario para ofrecer el servicio público en las mejores condiciones de calidad”, ha apuntado la consellera Cladera.
Además de los ya mencionados, se declaran nuevos sectores prioritarios, a los que les será de aplicación esta tasa del 100% en la reposición de los efectivos que causen baja. Así será en el caso de la atención a la ciudadanía en los servicios públicos, la prestación directa del servicio de transporte público, seguridad y emergencias.
La validez del acuerdo de hoy queda supeditada a la aprobación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que incluye las medidas del acuerdo para la mejora de la ocupación pública que hoy ha refrendado la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, una medida “que el ministro Montoro hubiera podido evitar claramente, con la aprobación de un decreto-ley desvinculado del PGE 2017, pero está claro que el ministro ha preferido más tener a los interinos como rehenes para forzar a la aprobación del Presupuesto; una jugada política”.
El director general de Función Pública y Administración Pública, Pedro Jiménez, ha destacado “la importancia de la presión que hemos ejercido desde las comunidades autónomas y desde las fuerzas sindicales, para conseguir este acuerdo, en la línea de aquello que habíamos reclamado repetidamente al Gobierno del Estado”.
Las medidas contenidas dentro del acuerdo de la mejora de la ocupación pública quedarán incluidas en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, la tramitación de los cuales se podrá iniciar con su aprobación inicial en el Consejo de Ministros de este viernes.
La función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, incluido el personal docente, el estatutario del servicio de salud, reducirá la temporalidad de sus puestos de trabajo del actual 33% hasta el 8% entre ahora y el 2019. Este hecho, largamente reclamado por el Govern de les Illes Balears ante el Gobierno del Estado, será posible en el momento de la aprobación de los Presupuestos generales del Estado de 2017. “Finalmente el Gobierno se ha tenido que rendir a la evidencia”, ha dicho Cladera, para quien “los años de recortes a la función pública ya no se podían alargar más”.
Paralelamente, también se podrán regularizar las plazas interinas en las administraciones locales, básicamente referidas a los funcionarios de Policía Local, una demanda especialmente candente en Baleares, donde casi 600 de los 2.600 miembros de los diferentes cuerpos de Policía Local son interinos.
Tanto el proceso de regularización de los interinos de la Administración de la comunidad, como de los funcionarios de las entidades locales. han sido demandas exigidas con insistencia por el Govern. Las dos últimas reuniones de la consellera Catalina Cladera y del director general Pedro Jiménez con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ya permitieron dar a conocer las reivindicaciones de Baleares de cara a la regularización de una ocupación pública muy afectada por la temporalidad de la contratación. “Se ha demostrado la efectividad de la presión que hemos hecho las Comunidades y los sindicatos, por que el Gobierno del Sido haya variado su postura”, ha dicho Cladera.
Especialmente se ha mostrado efectiva la presión ejercida por el Govern en el caso de la inclusión de los cuerpos de Policía Local dentro del proceso abierto de regularización de la interinidad a las entidades locales; “un tema que entró a formar parte del acuerdo de la Conferencia de Presidentes a instancia de la intervención de la presidenta Francina Armengol”.
La aplicación efectiva del acuerdo en Baleares permitirá que el Gobierno convoque 7.000 plazas de funcionario, que actualmente son ocupadas de manera interina o temporal, y que después del proceso de oferta pública de ocupación, pasarán a ser para personal fijo de carrera, tanto en el ámbito de educación, sanidad como en servicios generales. Y en el caso de los interinos en las entidades locales de Baleares, se cifra en 600 plazas las que podrán salir para oferta pública para su regularización. El mismo acuerdo aclara que estas convocatorias tendrán que respetar los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito capacidad y publicidad, mientras que el tiempo prestado en el servicio a la Administración será valorado en la fase de concurso del proceso.
El acuerdo de Mesa General de Negociación para la mejora de la ocupación pública incluye, además, la activación de una oferta pública en 2017. En este proceso todavía será de aplicación la tasa de reposición, a pesar de que permitirá sustituir el 100% de las plazas que queden vacantes en los denominados sectores prioritarios, dentro del ámbito de sanidad, educación, justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social. “El Gobierno del Estado todavía insiste con mantener la tasa de reposición, pero creo que habría que plantearse su desaparición, para que las diferentes administraciones pudiéramos dotarnos del personal realmente necesario para ofrecer el servicio público en las mejores condiciones de calidad”, ha apuntado la consellera Cladera.
Además de los ya mencionados, se declaran nuevos sectores prioritarios, a los que les será de aplicación esta tasa del 100% en la reposición de los efectivos que causen baja. Así será en el caso de la atención a la ciudadanía en los servicios públicos, la prestación directa del servicio de transporte público, seguridad y emergencias.
La validez del acuerdo de hoy queda supeditada a la aprobación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que incluye las medidas del acuerdo para la mejora de la ocupación pública que hoy ha refrendado la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, una medida “que el ministro Montoro hubiera podido evitar claramente, con la aprobación de un decreto-ley desvinculado del PGE 2017, pero está claro que el ministro ha preferido más tener a los interinos como rehenes para forzar a la aprobación del Presupuesto; una jugada política”.
