27/03/2018
C’s Almoradi presenta una moción para garantizar la seguridad ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas
Entendemos que la 'okupación' acaba convirtiendo en víctimas a los dueños ante "la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales", y que es un problema que acaba afectando a los vecinos, que sufren el deterioro de la convivencia, a veces incluso de manera grave.
Asimismo, señala que las ocupaciones ilegales han experimentado "un elevado crecimiento" en España durante los últimos años y que es necesario poder tramitar procedimientos judiciales rápidos que permitan la recuperación inmediata de la propiedad ilegítimamente usurpada.
En palabras de su portavoz María Quiles, “la falta de respuesta por parte de los poderes públicos está generando una sensación creciente, tanto de desprotección para los legítimos propietarios de las viviendas ocupadas como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones sin que se pueda hacer nada al respecto, así como de impunidad para las mafias que realizan este tipo de actividades delictivas. Se hace necesario, por tanto, reforzar urgentemente nuestra legislación para garantizar la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas. A este respecto y a través de nuestros portavoces en el congreso, recientemente se ha registrado una Proposición de Ley con esta finalidad”.
En esta moción se solicita que el pleno apoye la propuesta de modificaciones presentada en el Congreso, trabajar para que se refuerce la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas afectadas, poner en marcha un plan de protección de la Convivencia y seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya la posibilidad de acudir a la “Oficina del Defensor de la Ciudadanía”, figura propuesta por Ciudadanos y que en el plazo máximo de tres meses se cree un censo de viviendas ocupadas.
Por otra parte, “cualquier iniciativa que aborde el fenómeno de las ocupaciones ilegales no puede ser ajena al origen que lleva a muchas familias a verse en manos de estas organizaciones criminales, que no es otra que la situación de necesidad de una vivienda cuyos costes no pueden afrontar o de la que se han visto privados tras un desahucio, en la mayor parte de los casos, por circunstancias sobrevenidas y ajenas a su voluntad tras la reciente crisis económica”.