13/05/2016
La Oficina Municipal de Defensa del Derecho a la Vivienda ha paralizado 11 desahucios en Móstoles
Desde la oficina se negocia con los bancos, con el Juzgado, con los propietarios de las viviendas o empresas tenedoras de viviendas en los casos de alquileres, proponiendo soluciones alternativas y eficaces para evitar los desahucios.
Desde su apertura en septiembre de 2015 la Oficina Municipal de Defensa del Derecho a la Vivienda, dependiente de la concejalía de Urbanismo y Vivienda, ha atendido a más de 100 familias. En la oficina no solo se atienden casos derivados de hipotecas de viviendas, situaciones que van desde la paralización de desahucios,… renegociación de condiciones de los préstamos, como quitas, tipos de interés etc., sino que también se tratan casos de alquileres y casos de ocupación de viviendas.
El objetivo principal de la Oficina de Defensa del derecho a la Vivienda es evitar que se fije una fecha de lanzamiento, es decir que las familias no se vean sometidas al doloroso trámite de tener que esperar al día fijado para el desahucio sin que su problema esté resuelto, esperando a soluciones de última hora que paralicen temporalmente el lanzamiento.
No obstante, en los casos en que las familias llegan a la oficina con una fecha señalada para el desalojo de sus domicilios, se intenta paralizarlo, circunstancia ésta que se ha conseguido en 11 casos.
Por tanto, lo que se pretende es llegar a acuerdos que eviten la fijación por el juzgado de una fecha de lanzamiento, realizándose para ello negociaciones con los bancos, con el Juzgado, con los propietarios de las viviendas o empresas tenedoras de viviendas en los casos de alquileres, proponiendo soluciones alternativas y eficaces para solventar la situación de la vivienda y de en definitiva de mejorar la situación integral de la unidad familiar: renegociar su hipoteca, gestionar una dación en pago con un alquiler social, obtener una ayuda económica para ponerse al día en los pagos, etc. Se realiza todo lo necesario con el fin de evitar que a las familias se les comunique el día que tienen que marcharse de sus casas.
Paralizar temporalmente un lanzamiento, en la oficina no se contabiliza como un logro total, ya que volverá a fijarse otro día próximo y no se está dando una solución real a esa familia.
Dado el componente claramente social del derecho a la vivienda y los problemas asociados que llevan a la extrema situación de poder perder la misma, desde finales de enero se ha incorporado una trabajadora social para dar una atención integral a la problemática de la pérdida de vivienda, ya que como se ha dicho ésta a menudo, viene derivada de una serie de problemáticas sociales añadidas: pérdida de empleo, enfermedad, discapacidad, dependencias, violencia de género, etc.
Las personas que acuden a la oficina vienen en situaciones muy diversas: cuando ya no van a poder hacer frente a los pagos de las cuotas, cuando ya han dejado de pagarlas y tienen deuda, cuando se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria, incluso cuando les han notificado la fecha de subasta o el lanzamiento de la misma. Algunos son avalistas de sus hijos, amigos, y necesitan información y orientación de cómo actuar.
Dependiendo del momento la solución pasa por unas medidas u otras. Siempre se les ofrecen todas las alternativas existentes pero es la persona o familia la que decide presentar una propuesta u otra.
Actuaciones de la oficina
A fecha de hoy, se han realizado 29 reclamaciones del Código de Buenas Prácticas.
Se han conseguido 9 ofertas de Daciones en Pago y 3 de condonación de pago con venta a terceros.
Se ha conseguido la reapertura de negociación con el banco en 13 ocasiones cuando el banco ya había decidido no continuar negociando.
Se han paralizado 6 subastas inminentes.
Se refinanciaron 10 créditos hipotecarios.
Se han conseguido 4 alquileres sociales por parte de los bancos, varios con fecha de lanzamiento inminentes.
Se ha conseguido varias condonaciones de deuda de 60 mil y 68 mil €, se está trabajando en tres casos más.
Desde el pasado mes de febrero, con la incorporación de la trabajadora social, se han derivado 20 personas a recursos de búsqueda de empleo.
Se han solicitado 17 ayudas económicas de emergencia a servicios sociales, varias se han concedido de hasta 3.500 euros.
Se han realizado 12 informes sociales para Juzgados, abogados/as, entidades bancarias, etc.
Se ha solicitado 39 viviendas de IVIMA, de las cuales 10 de especial necesidad.
Se han adjudicado 2 viviendas del IMS, una del cupo de personas minusválidas.
El objetivo principal de la Oficina de Defensa del derecho a la Vivienda es evitar que se fije una fecha de lanzamiento, es decir que las familias no se vean sometidas al doloroso trámite de tener que esperar al día fijado para el desahucio sin que su problema esté resuelto, esperando a soluciones de última hora que paralicen temporalmente el lanzamiento.
No obstante, en los casos en que las familias llegan a la oficina con una fecha señalada para el desalojo de sus domicilios, se intenta paralizarlo, circunstancia ésta que se ha conseguido en 11 casos.
Por tanto, lo que se pretende es llegar a acuerdos que eviten la fijación por el juzgado de una fecha de lanzamiento, realizándose para ello negociaciones con los bancos, con el Juzgado, con los propietarios de las viviendas o empresas tenedoras de viviendas en los casos de alquileres, proponiendo soluciones alternativas y eficaces para solventar la situación de la vivienda y de en definitiva de mejorar la situación integral de la unidad familiar: renegociar su hipoteca, gestionar una dación en pago con un alquiler social, obtener una ayuda económica para ponerse al día en los pagos, etc. Se realiza todo lo necesario con el fin de evitar que a las familias se les comunique el día que tienen que marcharse de sus casas.
Paralizar temporalmente un lanzamiento, en la oficina no se contabiliza como un logro total, ya que volverá a fijarse otro día próximo y no se está dando una solución real a esa familia.
Dado el componente claramente social del derecho a la vivienda y los problemas asociados que llevan a la extrema situación de poder perder la misma, desde finales de enero se ha incorporado una trabajadora social para dar una atención integral a la problemática de la pérdida de vivienda, ya que como se ha dicho ésta a menudo, viene derivada de una serie de problemáticas sociales añadidas: pérdida de empleo, enfermedad, discapacidad, dependencias, violencia de género, etc.
Las personas que acuden a la oficina vienen en situaciones muy diversas: cuando ya no van a poder hacer frente a los pagos de las cuotas, cuando ya han dejado de pagarlas y tienen deuda, cuando se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria, incluso cuando les han notificado la fecha de subasta o el lanzamiento de la misma. Algunos son avalistas de sus hijos, amigos, y necesitan información y orientación de cómo actuar.
Dependiendo del momento la solución pasa por unas medidas u otras. Siempre se les ofrecen todas las alternativas existentes pero es la persona o familia la que decide presentar una propuesta u otra.
Actuaciones de la oficina
A fecha de hoy, se han realizado 29 reclamaciones del Código de Buenas Prácticas.
Se han conseguido 9 ofertas de Daciones en Pago y 3 de condonación de pago con venta a terceros.
Se ha conseguido la reapertura de negociación con el banco en 13 ocasiones cuando el banco ya había decidido no continuar negociando.
Se han paralizado 6 subastas inminentes.
Se refinanciaron 10 créditos hipotecarios.
Se han conseguido 4 alquileres sociales por parte de los bancos, varios con fecha de lanzamiento inminentes.
Se ha conseguido varias condonaciones de deuda de 60 mil y 68 mil €, se está trabajando en tres casos más.
Desde el pasado mes de febrero, con la incorporación de la trabajadora social, se han derivado 20 personas a recursos de búsqueda de empleo.
Se han solicitado 17 ayudas económicas de emergencia a servicios sociales, varias se han concedido de hasta 3.500 euros.
Se han realizado 12 informes sociales para Juzgados, abogados/as, entidades bancarias, etc.
Se ha solicitado 39 viviendas de IVIMA, de las cuales 10 de especial necesidad.
Se han adjudicado 2 viviendas del IMS, una del cupo de personas minusválidas.
