Extremadura valora la voluntad de consenso y diálogo para incluir propuestas autonómicas al acuerdo sobre temporalidad y defiende la continuidad de lo

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha puesto de manifiesto la importancia de situar a la ciudadanía en el centro de la movilidad para posibilitar un mejor acceso a la educación, la salud, el comercio, la cultura y el ocio, el desarrollo de sus oportunidades laborales, de la actividad económica, así como de sus necesidades de comodidad, tiempo y desplazamientos.

Así lo ha manifestado este jueves en la Asamblea de Extremadura, donde ha desgranado el contenido y los objetivos del nuevo decreto ley sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera sometidos a obligaciones de servicio público.

Además de situar a la ciudadanía en el eje de la fijación de los servicios, la consejera ha señalado que este decreto ley busca lograr el equilibrio y la sostenibilidad económica y ambiental del sistema; la reducción de emisiones de CO2; establecer mejoras de la movilidad a través del sistema de la regulación del transporte a la demanda o la intermodalidad, y la modernización y digitalización de la red de transportes, para lo que ha anunciado que se destinarán fondos europeos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia que también servirán para sufragar la renovación de las flotas de vehículos.

Por otro lado, ha apuntado que el decreto ley persigue “impulsar el diseño de la reestructuración de la red de transportes, procurando la transición a un nuevo mapa de servicios unificando la extinción de los contratos actuales con el fin de evitar distorsiones e interrupciones que afecten negativamente el proyecto”.

Iglesias ha destacado que este decreto ley tiene también como objetivo “contribuir a la lucha contra la despoblación, la cohesión social y el empleo, por lo que se incorpora, además, la posibilidad de armonizar otros servicios de transporte público y la adjudicación mediante concesión directa de los servicios que, por su baja rentabilidad puedan quedar sin cobertura”.

En este sentido, ha señalado que “un modelo de movilidad sostenible, segura, eficiente y conectada convierte al transporte público en un aliado más, e importante, del reto demográfico, con el objetivo de facilitar la permanencia y la trayectoria vital en el ámbito rural en igualdad de condiciones de acceso a todos los recursos, especialmente en una región como la nuestra, con una baja densidad de población, para los que se ha de garantizar la vertebración, la mejora de la calidad de vida, el crecimiento y la igualdad de oportunidades”.

PROYECTOS PILOTOS NOVEDOSOS

La consejera ha anunciado que a partir del otoño se pondrá en marcha un proyecto piloto de transporte a demanda monitorizado mediante aplicaciones móviles, central de reservas gratuita y control de flota que se implementará con carácter de prueba en dos concesiones, una en cada provincia, con objeto de acortar kilómetros, evitar operaciones en vacío y mejorar la cobertura y prestaciones a los pasajeros con horarios mejores y más flexibles.

Este nuevo sistema, que se basa en la ejecución de forma combinada y con asistencia colaborativa, “permitirá distinguir entre el tráfico principal de una línea y el tráfico dependiente de ella que, estando distanciado del itinerario principal y suponiendo un menor número de pasajeros, hace que las rutas se alarguen en kilómetros, tiempo y horarios para poder acceder a servicios básicos como los de carácter sanitario”.

De esta forma, se posibilitará que el itinerario principal sea operado con vehículos adscritos a la prestación del servicio en régimen de ejecución ordinaria y el resto, cubiertos mediante demanda con otros vehículos adscritos a la gestión o, si la empresa concesionaria no dispusiera de ellos, mediante colaboración con taxis o VTC que se encargarían, con estas “lanzaderas”, de recoger a los usuarios bien para acceder directamente a algún servicio o para enlazar con los vehículos de la ruta central.

“Esto permitirá mantener la cobertura en todos y cada uno de los municipios de Extremadura, reducir los itinerarios y los tiempos de viaje de los servicios haciendo el transporte público más competitivo, atractivo y sostenible, a la vez que menos contaminante, puesto que las lanzaderas operan con vehículos más pequeños y generadores de empleo manteniendo así la actividad del taxi rural”, ha declarado Iglesias.

Las rutas en las que se incorporarán estos pilotos serán la concesión JEV021, en las que se incluye el servicio de Esparragosa de Lares a Badajoz, con una duración actual de 4 horas de recorrido con 25 municipios implicados, en la que se ahorrarán 98 kilómetros al día y una mejora de 55 minutos en el tiempo de viaje; el servicio Villanueva de la Serena a Mérida, que se reducirá en 30 kilómetros por día y 25 minutos sobre una duración actual de una hora y media; y los servicios Cáceres a Cabeza del Buey, Cabeza del Buey a Don Benito y Santi Espíritu a Cáceres, con una mejora de 30 minutos y 75 kilómetros al día.

En la concesión JEV007, los servicios beneficiados serán el de Albalá a Trujillo, con un ahorro en la expedición de 45 minutos y 25 kilómetros al día en la ruta que actualmente opera en 1 hora y 20 minutos; y el de Ibahernando a Torremocha con una mejora de 10 minutos y 19 kilómetros al día en los tiempos de viaje en un recorrido de 50 minutos.

MOVILIDAD DURANTE LA PANDEMIA

Durante su intervención, la consejera ha incidido en las medidas puestas en marcha por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para garantizar los servicios públicos de transporte por carretera durante la pandemia ante la reducción de la movilidad de hasta un 70 por ciento en mayo de 2020 y con un descenso de usuarios del 52 por ciento respecto a la situación previa a la crisis sanitaria.

Este contexto, ha señalado Iglesias, “ha hecho urgente tanto la necesidad de acelerar el cambio de sistema como de la disposición de un mecanismo que permita la transición en un futuro próximo de un modelo a otro, así como de la intervención durante estos meses para garantizar el equilibrio entre la garantía de la oferta de un servicio público de transportes en todos los municipios con el fin de evitar la quiebra de las empresas que operan en el sector del transporte público”.

En este sentido, ha recordado que durante el período de pandemia se declararon como servicios públicos básicos los transportes de competencia autonómica sometidos a contrato u operación de servicio público, se implantó el transporte a la demanda en 579 expediciones que solicitaron más de 18.000 viajeros, se tramitaron 7.3 millones de ayudas para compensar al sector que presta servicio público de autobús, a los que se han sumado 860.000 euros hasta este momento mediante la resolución de la Consejería de Economía de ayudas a autónomos y empresas afectados por la COVID19 en el sector del transporte de viajeros. Además, se ha referido a las medidas de reparto de material de protección en el transporte urbano e interurbano y al reconocimiento de los gastos destinados a medidas higiénicas y de desinfección.

La consejera ha agradecido a las empresas su esfuerzo, resistencia y compromiso durante este período y las ha instado a colaborar en los diseños venideros de cara a garantizar la estabilidad del sector y al mantenimiento de los puestos de trabajo derivados de ello.