08/10/2015
Extremadura promueve la creación de un grupo de trabajo nacional para evaluar la Ley de la Dependencia
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, promueve la creación de un grupo de trabajo nacional que evalúe la Ley de la Dependencia en el Consejo Territorial de Políticas Sociales y Dependencia celebrado en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.
Jose María Vergeles rechazaba un informe del ministro Alonso sobre estrategia sociosanitaria que “crea un tercer espacio en la atención a las personas en situación de dependencia”.
El consejero extremeño apuesta por potenciar los servicios sanitarios y sociales y establecer unos potentes mecanismos de coordinación entre ellos, en lugar de establecer un tercer espacio, que ”lo que viene es a fragmentar aún más la atención que reciben estos ciudadanos y ciudadanas”.
Con estos argumentos, Vergeles ha conseguido que sigan en estudio estas modificaciones antes de aprobar el borrador definitivo.
El responsable de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura también ha mostrado su preocupación por la moratoria que se pueda establecer en la acreditación de los profesionales que atienden a las personas en situación de dependencia. De esta decisión, ha manifestado, pueden depender muchos empleos, sobre todo en el medio rural y fundamentalmente empleo femenino. Advierte que es necesario un gran pacto que permita que los profesionales del sector tengan una acreditación ordenada en función de sus competencias. Además, ha dicho, este es un sector en desarrollo y un nicho de empleo.
Antes del consejo, en declaraciones a los medios, Vergeles ha mostrado su sorpresa porque en el orden del día no se habían recogido temas fundamentales para el desarrollo futuro de las políticas sociales en todo el país, como la aplicación de la Ley de Régimen Local y la evaluación de la Ley de la Dependencia, que no se hace desde su aprobación en 2007.
Ha recordado que la Ley de régimen Local, si se lleva al mínimo detalle, establece que a partir de enero de 2016 los servicios sociales, la gestión de los mismos y la Dependencia, pasarían a ser de las comunidades autónomas, “algo para lo que no estamos preparadas ni las comunidades ni el ministerio”. Y ha pedido una definición del modo de financiación de las comunidades autónomas por lo que debiera haberse incluido en el orden del día. Por todo ello, el consejero ha pedido una moratoria para hacer todos los ajustes necesarios.
Jose María Vergeles rechazaba un informe del ministro Alonso sobre estrategia sociosanitaria que “crea un tercer espacio en la atención a las personas en situación de dependencia”.
El consejero extremeño apuesta por potenciar los servicios sanitarios y sociales y establecer unos potentes mecanismos de coordinación entre ellos, en lugar de establecer un tercer espacio, que ”lo que viene es a fragmentar aún más la atención que reciben estos ciudadanos y ciudadanas”.
Con estos argumentos, Vergeles ha conseguido que sigan en estudio estas modificaciones antes de aprobar el borrador definitivo.
El responsable de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura también ha mostrado su preocupación por la moratoria que se pueda establecer en la acreditación de los profesionales que atienden a las personas en situación de dependencia. De esta decisión, ha manifestado, pueden depender muchos empleos, sobre todo en el medio rural y fundamentalmente empleo femenino. Advierte que es necesario un gran pacto que permita que los profesionales del sector tengan una acreditación ordenada en función de sus competencias. Además, ha dicho, este es un sector en desarrollo y un nicho de empleo.
Antes del consejo, en declaraciones a los medios, Vergeles ha mostrado su sorpresa porque en el orden del día no se habían recogido temas fundamentales para el desarrollo futuro de las políticas sociales en todo el país, como la aplicación de la Ley de Régimen Local y la evaluación de la Ley de la Dependencia, que no se hace desde su aprobación en 2007.
Ha recordado que la Ley de régimen Local, si se lleva al mínimo detalle, establece que a partir de enero de 2016 los servicios sociales, la gestión de los mismos y la Dependencia, pasarían a ser de las comunidades autónomas, “algo para lo que no estamos preparadas ni las comunidades ni el ministerio”. Y ha pedido una definición del modo de financiación de las comunidades autónomas por lo que debiera haberse incluido en el orden del día. Por todo ello, el consejero ha pedido una moratoria para hacer todos los ajustes necesarios.
