04/05/2016
La Junta de Extremadura trabajará en una nueva Ley de Contratación Pública para la incorporación de cláusulas sociales
Así lo ha anunciado la secretaria general de Hacienda y Administración Pública, Mª Ascensión Murillo, en la inauguración, este martes, de las jornadas divulgativas de la instrucción aprobada por Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2016 sobre la incorporación de criterios sociales, medio ambientales, de promoción a las pymes y de impulso de la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura.
Durante su intervención, la secretaria general ha recordado el compromiso del actual Ejecutivo autonómico para la incorporación en la contratación pública de cláusulas sociales con el objetivo de que haya, con fondos públicos, un mayor fomento y calidad del empleo en la contratación.
“Se trata de optimizar fondos públicos en beneficio de los criterios sociales, medio ambientales y de apoyo a nuestro tejido empresarial”, ha dicho.
En este sentido, Murillo ha explicado que las clausulas sociales son el instrumento más eficaz con el que cuenta hoy en día la Administración para fomentar el empleo y elevar la calidad del mismo.
“Las medidas de las políticas de empleo y de inclusión social puestas en marcha en los últimos años, que apuntaban a mejorar la empleabilidad con incentivos a la contratación, no han sido suficientes y no son sostenibles; por eso seguimos teniendo mercados que son excluyentes y son discriminadores” ha matizado. Asimismo, ha insistido en que las Administraciones públicas van tomando conciencia de la capacidad y el potencial con el que cuentan para logar objetivos sociales a través de la contratación.
Por todo ello, ha matizado que es necesario seguir insistiendo para que en la adjudicación de contratos, las administraciones dejen de aplicar el precio de forma preferente y adopten una postura más responsable que favorezca la inserción socio-laboral, el comercio justo o el empleo de calidad en sus compras públicas.
Durante su intervención, la secretaria general ha recordado el compromiso del actual Ejecutivo autonómico para la incorporación en la contratación pública de cláusulas sociales con el objetivo de que haya, con fondos públicos, un mayor fomento y calidad del empleo en la contratación.
“Se trata de optimizar fondos públicos en beneficio de los criterios sociales, medio ambientales y de apoyo a nuestro tejido empresarial”, ha dicho.
En este sentido, Murillo ha explicado que las clausulas sociales son el instrumento más eficaz con el que cuenta hoy en día la Administración para fomentar el empleo y elevar la calidad del mismo.
“Las medidas de las políticas de empleo y de inclusión social puestas en marcha en los últimos años, que apuntaban a mejorar la empleabilidad con incentivos a la contratación, no han sido suficientes y no son sostenibles; por eso seguimos teniendo mercados que son excluyentes y son discriminadores” ha matizado. Asimismo, ha insistido en que las Administraciones públicas van tomando conciencia de la capacidad y el potencial con el que cuentan para logar objetivos sociales a través de la contratación.
Por todo ello, ha matizado que es necesario seguir insistiendo para que en la adjudicación de contratos, las administraciones dejen de aplicar el precio de forma preferente y adopten una postura más responsable que favorezca la inserción socio-laboral, el comercio justo o el empleo de calidad en sus compras públicas.
“Debe vincularse la contratación con la cohesión social, pudiendo abordarse diferentes temáticas en la contratación pública responsable como en la discapacidad, la igualdad entre hombres y mujeres, el comercio justo, el medio ambiente, la calidad en el empleo, la inserción socio-laboral, la innovación, la investigación…”, entre otros.
De esta forma, la inclusión de aspectos sociales en los procesos de contratación pública permite aprovechar el potencial que la contratación pública desempeña en la economía, teniendo en cuenta que en nuestro país el conjunto de las administraciones dedican a la adquisición de bienes y servicios o a la construcción de obras, alrededor del 16% del PIB.
Además, la incorporación de cláusulas sociales, ha explicado, forma parte de un sistema de contratación pública sostenible, en el que se aprovecha el potencial que la contratación pública desempeña en la economía como mecanismo de transferencia de recursos públicos al mercado, con el que, también, se pretende la promoción y consolidación de un tejido empresarial sostenible con un compromiso social y medioambiental.
Finalmente Murillo ha detallado que estas jornadas han sido el inicio de cuantas sean necesarias para dar a conocer las medidas de una nueva estrategia que concluye en que “la contratación pública no puede ser considerada un fin en sí misma, sino que debe ser visualizada como una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos” para el cumplimiento efectivo de sus fines o su política social.
“La contratación puede y debe ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales, medioambientales o de investigación en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo se deben canalizar los fondos públicos”, ha sentenciado.
De esta forma, la inclusión de aspectos sociales en los procesos de contratación pública permite aprovechar el potencial que la contratación pública desempeña en la economía, teniendo en cuenta que en nuestro país el conjunto de las administraciones dedican a la adquisición de bienes y servicios o a la construcción de obras, alrededor del 16% del PIB.
Además, la incorporación de cláusulas sociales, ha explicado, forma parte de un sistema de contratación pública sostenible, en el que se aprovecha el potencial que la contratación pública desempeña en la economía como mecanismo de transferencia de recursos públicos al mercado, con el que, también, se pretende la promoción y consolidación de un tejido empresarial sostenible con un compromiso social y medioambiental.
Finalmente Murillo ha detallado que estas jornadas han sido el inicio de cuantas sean necesarias para dar a conocer las medidas de una nueva estrategia que concluye en que “la contratación pública no puede ser considerada un fin en sí misma, sino que debe ser visualizada como una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos” para el cumplimiento efectivo de sus fines o su política social.
“La contratación puede y debe ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales, medioambientales o de investigación en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo se deben canalizar los fondos públicos”, ha sentenciado.
