Los empresarios siguen siendo reticentes a la hora de contratar a personas con discapacidad intelectual, según una tesis de la UEx

El derecho a decidir sobre la propia vida es la principal demanda de las personas con discapacidad intelectual. Para ello, es importante la labor de los profesionales cuyo objetivo fundamental debe estar encaminado a ayudar al desarrollo de su independencia. Es por ello, que las organizaciones que realizan su labor diaria con estas personas tienen que tener muy claro los valores que la identifican como tal, cuál es su misión, su visión y su modo de trabajar, ya que este afecta directamente a la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Recientemente un estudio llevado  a cabo por la UEx, por Juana Iglesias, del departamento de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Educación de la UEx, psicopedagoga en el Centro Ocupacional de Plena Inclusión Montijo, (anteriormente conocido como APROSUBA 8) ha puesto de manifiesto la necesidad de conseguir que la sociedad cambie su percepción sobre las personas con discapacidad. Para ello afirma la investigadora, “es necesario que los profesionales y organizaciones  ayuden  a eliminar prejuicios e ideas erróneas que actualmente siguen muy arraigadas”.

Para la autora del estudio, es  importante “resaltar el valor de identificar las necesidades de estas personas junto al tipo e intensidad de los apoyos que requieren para poder participar en entornos comunitarios en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos”.

La investigación ha contado con la experiencia y opinión  de los profesionales del  ámbito de la discapacidad intelectual, para quienes su trabajo se debería desarrollar principalmente en entornos comunitarios, ofreciendo a las personas los apoyos que necesita en su ambiente natural. Tal y como afirma Juana Iglesias y según su propia experiencia, “desde las organizaciones se deben producir cambios que ayuden a incrementar el bienestar personal y reduzca la exclusión de este colectivo en la sociedad”.

Escaso avance

Asimismo, y a pesar de que en los últimos años se ha avanzado en diversos aspectos relacionados con la discapacidad, como es el caso del ordenamiento jurídico, el cual  ha  tratado de favorecer la rehabilitación funcional de las personas con discapacidad, hay  otros aspectos en los que todavía se acentúa las desigualdades sociales.

Así, según los profesionales encuestados, un bajo porcentaje de personas con discapacidad intelectual logran acceder al empleo ordinario, permitiéndoles vivir de una manera independiente, situación que se podría mejorar a través de adaptaciones, con los medios y apoyos adecuados.  En opinión de estos profesionales, las personas con discapacidad intelectual no disfrutan de las mismas oportunidades en la comunidad que el resto de personas, el menor nivel formativo, los estereotipos y prejuicios sociales vinculados al potencial laboral de este colectivo, la sobreprotección familiar y la desmotivación personal son obstáculos que entorpecen el acceso. En este sentido el empleo con apoyo se convierte en una medida que ofrece eficacia como resorte para la inclusión socio laboral, para la investigadora, “estos apoyos trabajan fundamentalmente la formación, la búsqueda de empleo, el seguimiento en el puesto de trabajo  y la dotación de los apoyos necesarios, con lo cual favorece un vida independiente y autónoma”.

Aún así, los empresarios siguen siendo reticentes a la hora de  contratar a  personas con discapacidad, pues desconocen por un lado la capacidad que tienen como trabajadores y además desconocen esta modalidad de empleo con  apoyo en su entorno natural de trabajo, mediante el cual un profesional acompaña a la persona con discapacidad en su puesto de trabajo el tiempo requerido, hasta que la persona adquiera aquellas habilidades que le permiten desarrollarse para llevar acabo bien sus tareas.

Para la investigadora, “los servicios de intermediación laboral juegan un papel primordial, puesto que  son servicios de contacto con empresas que ayudan a conocer la realidad de las personas con discapacidad y los beneficios que tienen para ambas partes la contratación, además de ayudar a las personas a formarse diseñando su itinerario profesional proporcionando habilidades que le van a servir posteriormente  en su puesto de trabajo”.

El estudio verifica que el acceso a un empleo mejora notablemente la calidad de vida incidiendo en la mejora del bienestar material y emocional de las personas con discapacidad intelectual. La Tesis ha sido dirigida por Sixto Cubo y Prudencia Gutiérrez, del departamento de Ciencias de la Educación.