13/06/2016
El carácter telemático de la nueva Administración
Se debaten en la Diputación de Badajoz las nuevas Leyes sobre el Procedimiento Administrativo Común y el Régimen Jurídico del Sector Público
Se está celebrando en la Diputación de Badajoz una Jornada para explicar y debatir las Leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Organizada por la institución provincial y la Fundación Democracia y Gobierno Local, la Jornada se ha dirigido a alcaldes, concejales, diputados provinciales, secretarios, interventores, directores de asesorías jurídicas, letrados de los gobiernos, administraciones y funcionarios locales, personal académico, así como cualquier persona interesada en el objeto de la misma.
El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, acompañado por el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Ramón Camp i Batalla, ha inaugurado el programa compuesto por cuatro ponencias pronunciadas por los catedráticos de Derecho Administrativo de universidades de Madrid, Salamanca y Extremadura Germán Fernández-Farreres, Ricardo Rivero Ortega, Vicente Álvarez García y Francisco Velasco Caballero.
Esta Jornada responde al cambio legislativo que entrará en vigor el próximo 2 de octubre y que hace variar el contenido de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo, normativa que se separa ahora en dos textos legales: La Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC), que regula la relación entre las Administraciones y los administrados; y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que hace referencia a la regulación de los entes que componen el sector público.
Básicamente, la nueva relación que se va a establecer entre la Administración y los ciudadanos pasa por la implantación de un completo carácter telemático, es decir, que va a llegar el momento en que la relación entre ambos será solamente electrónica, con la consiguiente eliminación definitiva del papel. Este cambio va a afectar no sólo a trabajadores y administrados, también a los políticos y a los alcaldes y concejales de los pueblos más pequeños. “Un gran reto para los pueblos de Badajoz”, ha observado Miguel Ángel Gallardo, “pues va a suponer una gran exigencia de excelencia en el trabajo de los trabajadores de la institución provincial que, además, son los encargados de organizar y atender las demandas de los municipios que deberán aplicar estas nuevas formas de relación virtual con los administrados”.
Estas novedades suponen también perfeccionar los instrumentos de técnica digital que se van a emplear en esta tarea, “de ahí la importancia que tiene la asistencia de quienes se han apuntado a asistir a esta Jornada, que evidencia su compromiso con la Administración intermedia a la que sirven y garantiza a su vez que los Ayuntamientos de la región podrán enfrentar el reto del paso a la Administración Virtual”, ha explicado el presidente de la Diputación.
En este sentido, Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, entiende que las Leyes pretenden que cada vez más los ciudadanos utilicen el ordenador para relacionarse con la Administración, “en parte para ahorrar y en parte para hacer las cosas más rápidas y fáciles, pero hay gente que prefiere todavía utilizar medios tradicionales”. Rivero sostiene la creencia de que “hay que diferenciar entre aquellas personas que sí tienen verdadera capacidad para el uso de nuevas tecnologías y las que no, y a estas últimas habrá que respetarlas y permitir que sigan utilizando esos medios más tradicionales”.
Según destaca el decano, la mayoría de las entidades, en los últimos diez años, “han ido adquiriendo con ayuda de las Diputaciones muchas veces las herramientas tecnológicas necesarias para adaptarse, pero el problema que tienen estas herramientas es que se quedan obsoletas muy rápidamente, por lo que esa tecnología adquirida hace cinco años a lo mejor no sirve hoy”. Ante esta tesitura, Rivero aboga por pensar “si esta necesaria y constante actualización tiene algún sentido, o hay que ir a un modelo más simple que evite tantos gastos ya que se presume muchas veces que todos los ciudadanos tenemos constantemente actualizadas nuestras aplicaciones informáticas, que disponemos del último navegador o la última versión, pero eso no es verdad”.
Las Diputaciones son claves para Ricardo Rivero, y “quien las considera prescindibles se equivoca ya que son absolutamente necesarias para ayudar a que las pequeñas y medianas entidades locales cumplan sin tantos problemas este tipo de exigencias normativas”.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Velasco Caballero, indica que la parte que no sea administración electrónica revela muchas pequeñas cosas: “hay nuevas técnicas que van a permitir agilizar el funcionamiento administrativo (sobre todo en el régimen de los convenios administrativos, una gran novedad), al igual que hay un nuevo régimen de funcionamiento de los órganos colegiados, que retoma una parte importante de lo que había antes y facilita esa función”. Más allá del mundo organizativo, añade el catedrático, existen también importantes asuntos en el régimen sancionador y de responsabilidad. Aún así, Velasco cree que estas nuevas leyes no van a significar un gran cambio estructural en el funcionamiento, sobre todo en la estructura organizativa de las administraciones públicas, “sino muchas pequeñas cosas que bien usadas pueden ser útiles”.
El ámbito local no es el mejor destinatario de esta Ley, ya que la perspectiva de esta normativa es más de ministerios que de entidades locales, aunque también se aplique en estas últimas, aclara.
Sobre el debate de la desaparición de las Diputaciones, Velasco considera que es un tema que se plantea cíclicamente cada lustro. Ahora mismo, precisa el catedrático, “lo que se dice es que hay que reconfigurar el objetivo de estas instituciones, es decir, que sirvan para municipios de menos de 20.000 habitantes”. Por ello, replantear ahora cual es la finalidad de las Diputaciones para localidades mayores es un debate que no aporta nada porque su foco de actuación no son los municipios grandes sino los pequeños.
“Todos los partidos que debaten sobre el futuro de estas instituciones lo que asumen es que por debajo de la cifra de 20.000 habitantes, se llamen Diputaciones u otra denominación, tiene que existir una organización de soporte y de asistencia porque no tienen capacidades técnicas ni económicas para gestionar muchas de las tareas que corresponden a los Ayuntamientos”, asevera Francisco Velasco, para quien ese debate no tiene mucho futuro porque todos los países mínimamente desarrollados han implantado un nivel administrativo intermedio. “Cómo se defina o se regule depende de cada Estado, de sus estructuras regionales o de las dimensiones de los municipios, con elección o no directa, con más o menos recursos...”, precisa.
Para Velasco, el problema de España es que sus provincias no están pensadas con las dimensiones correctas desde el principio “porque no estaban ideadas para ser lo que hoy son ya que las provincias se crearon más como una idea de desarrollo regional que local en realidad”.
Respecto a la pertenencia de la Diputación Provincial de Badajoz a la Fundación Democracia y Gobierno Local, Miguel Ángel Gallardo lo defiende por las ventajas que supone para la institución, ya que “sus análisis permanentes sobre el funcionamiento de las diputaciones del país son imprescindibles para saber cómo están respondiendo éstas a sus retos cotidianos y más en una situación como la actual de cuestionamiento de su funcionamiento”.
Organizada por la institución provincial y la Fundación Democracia y Gobierno Local, la Jornada se ha dirigido a alcaldes, concejales, diputados provinciales, secretarios, interventores, directores de asesorías jurídicas, letrados de los gobiernos, administraciones y funcionarios locales, personal académico, así como cualquier persona interesada en el objeto de la misma.
El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, acompañado por el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Ramón Camp i Batalla, ha inaugurado el programa compuesto por cuatro ponencias pronunciadas por los catedráticos de Derecho Administrativo de universidades de Madrid, Salamanca y Extremadura Germán Fernández-Farreres, Ricardo Rivero Ortega, Vicente Álvarez García y Francisco Velasco Caballero.
Esta Jornada responde al cambio legislativo que entrará en vigor el próximo 2 de octubre y que hace variar el contenido de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo, normativa que se separa ahora en dos textos legales: La Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC), que regula la relación entre las Administraciones y los administrados; y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que hace referencia a la regulación de los entes que componen el sector público.
Básicamente, la nueva relación que se va a establecer entre la Administración y los ciudadanos pasa por la implantación de un completo carácter telemático, es decir, que va a llegar el momento en que la relación entre ambos será solamente electrónica, con la consiguiente eliminación definitiva del papel. Este cambio va a afectar no sólo a trabajadores y administrados, también a los políticos y a los alcaldes y concejales de los pueblos más pequeños. “Un gran reto para los pueblos de Badajoz”, ha observado Miguel Ángel Gallardo, “pues va a suponer una gran exigencia de excelencia en el trabajo de los trabajadores de la institución provincial que, además, son los encargados de organizar y atender las demandas de los municipios que deberán aplicar estas nuevas formas de relación virtual con los administrados”.
Estas novedades suponen también perfeccionar los instrumentos de técnica digital que se van a emplear en esta tarea, “de ahí la importancia que tiene la asistencia de quienes se han apuntado a asistir a esta Jornada, que evidencia su compromiso con la Administración intermedia a la que sirven y garantiza a su vez que los Ayuntamientos de la región podrán enfrentar el reto del paso a la Administración Virtual”, ha explicado el presidente de la Diputación.
En este sentido, Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, entiende que las Leyes pretenden que cada vez más los ciudadanos utilicen el ordenador para relacionarse con la Administración, “en parte para ahorrar y en parte para hacer las cosas más rápidas y fáciles, pero hay gente que prefiere todavía utilizar medios tradicionales”. Rivero sostiene la creencia de que “hay que diferenciar entre aquellas personas que sí tienen verdadera capacidad para el uso de nuevas tecnologías y las que no, y a estas últimas habrá que respetarlas y permitir que sigan utilizando esos medios más tradicionales”.
Según destaca el decano, la mayoría de las entidades, en los últimos diez años, “han ido adquiriendo con ayuda de las Diputaciones muchas veces las herramientas tecnológicas necesarias para adaptarse, pero el problema que tienen estas herramientas es que se quedan obsoletas muy rápidamente, por lo que esa tecnología adquirida hace cinco años a lo mejor no sirve hoy”. Ante esta tesitura, Rivero aboga por pensar “si esta necesaria y constante actualización tiene algún sentido, o hay que ir a un modelo más simple que evite tantos gastos ya que se presume muchas veces que todos los ciudadanos tenemos constantemente actualizadas nuestras aplicaciones informáticas, que disponemos del último navegador o la última versión, pero eso no es verdad”.
Las Diputaciones son claves para Ricardo Rivero, y “quien las considera prescindibles se equivoca ya que son absolutamente necesarias para ayudar a que las pequeñas y medianas entidades locales cumplan sin tantos problemas este tipo de exigencias normativas”.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Velasco Caballero, indica que la parte que no sea administración electrónica revela muchas pequeñas cosas: “hay nuevas técnicas que van a permitir agilizar el funcionamiento administrativo (sobre todo en el régimen de los convenios administrativos, una gran novedad), al igual que hay un nuevo régimen de funcionamiento de los órganos colegiados, que retoma una parte importante de lo que había antes y facilita esa función”. Más allá del mundo organizativo, añade el catedrático, existen también importantes asuntos en el régimen sancionador y de responsabilidad. Aún así, Velasco cree que estas nuevas leyes no van a significar un gran cambio estructural en el funcionamiento, sobre todo en la estructura organizativa de las administraciones públicas, “sino muchas pequeñas cosas que bien usadas pueden ser útiles”.
El ámbito local no es el mejor destinatario de esta Ley, ya que la perspectiva de esta normativa es más de ministerios que de entidades locales, aunque también se aplique en estas últimas, aclara.
Sobre el debate de la desaparición de las Diputaciones, Velasco considera que es un tema que se plantea cíclicamente cada lustro. Ahora mismo, precisa el catedrático, “lo que se dice es que hay que reconfigurar el objetivo de estas instituciones, es decir, que sirvan para municipios de menos de 20.000 habitantes”. Por ello, replantear ahora cual es la finalidad de las Diputaciones para localidades mayores es un debate que no aporta nada porque su foco de actuación no son los municipios grandes sino los pequeños.
“Todos los partidos que debaten sobre el futuro de estas instituciones lo que asumen es que por debajo de la cifra de 20.000 habitantes, se llamen Diputaciones u otra denominación, tiene que existir una organización de soporte y de asistencia porque no tienen capacidades técnicas ni económicas para gestionar muchas de las tareas que corresponden a los Ayuntamientos”, asevera Francisco Velasco, para quien ese debate no tiene mucho futuro porque todos los países mínimamente desarrollados han implantado un nivel administrativo intermedio. “Cómo se defina o se regule depende de cada Estado, de sus estructuras regionales o de las dimensiones de los municipios, con elección o no directa, con más o menos recursos...”, precisa.
Para Velasco, el problema de España es que sus provincias no están pensadas con las dimensiones correctas desde el principio “porque no estaban ideadas para ser lo que hoy son ya que las provincias se crearon más como una idea de desarrollo regional que local en realidad”.
Respecto a la pertenencia de la Diputación Provincial de Badajoz a la Fundación Democracia y Gobierno Local, Miguel Ángel Gallardo lo defiende por las ventajas que supone para la institución, ya que “sus análisis permanentes sobre el funcionamiento de las diputaciones del país son imprescindibles para saber cómo están respondiendo éstas a sus retos cotidianos y más en una situación como la actual de cuestionamiento de su funcionamiento”.
