22/07/2016
El mercadillo se trasladará a los aparcamientos del ferial
del 16 de agosto al 13 de septiembre
La portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha dado cuenta en rueda de prensa del último informe trimestral de la Intervención municipal relativo al pago de proveedores señalando que ha aumentado en cinco días con respecto al mismo dato del mes de mayo.
En concreto, el dato del mes de julio señala que el ayuntamiento tiene un periodo medio de pago a proveedores de 146 días. El importe total de las facturas a proveedores actual es de 9.176.766,75 euros, y este incremento se debe a varios imprevistos, como el caso de varias sentencias judiciales que el Ayuntamiento ha tenido que cumplir, como la de la agrupación de interés urbanístico del acceso Norte, por más de 245.000 euros, o la sentencia por el accidente laboral de un trabajador de La Encina, por más de 137.000 euros, a lo que hay que sumar los intereses y costas de los procedimientos.
Además, en 2016 el Ayuntamiento deberá pagar casi 5 millones de euros de la deuda financiera de los reales decretos de pago a proveedores (que tenían años de carencia), así como hacer frente al reintegro de subvenciones no gestionadas en la anterior legislatura y que no se justificaron de forma debida.
El Ayuntamiento deberá asumir este año las devoluciones y reintegros d los tributos del Estado, que se cobraron durante 2013, ya que la estimación se hizo por encima de lo que luego se ingresó. Y además, ha asumido la paga extra de diciembre de 2012.
De otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio con la Unión de Consumidores de Extremadura para que durante el mes de agosto la oficina municipal de información al consumidor se instale en la sede de esta entidad, en la Plaza de Santa María.
Asimismo se ha aprobado el cambio de ubicación del mercadillo desde el 16 de agosto al 13 de septiembre, por la celebración de la Feria. Pasará de su actual ubicación en el ferial a los aparcamientos del propio ferial.
También se ha aprobado un convenio con la asociación de Parkinson de Extremadura para la celebración de prácticas no laborales en atención a personas a domicilio y otro con Cycitex para realizar un ensayo de control de dos especies invasoras, ailanthus altissima y acacia dealbata, en el ámbito del proyecto Life-invasep, a realizar en espacios verdes de la ciudad.
En relación a una actuación de la Junta de Extremadura en una vivienda ocupada, Yáñez ha señalado que “la familia que ha sido desalojada tenía ya una vivienda social adjudicada en la barriada Juan Canet, en la que están empadronados, y ahora ocupaban una segunda vivienda; lo que ha hecho la administración regional no es un desahucio sino abrir una vivienda vacía, porque nadie en la Junta tenía constancia tras los procedimientos llevados a cabo y el expediente que se había iniciado, que la vivienda estuviera vacía, por lo que en ningún caso se ha producido un desalojo”.
“Es sorprendente que los partidos que han hecho declaraciones se negaron a firmar el pacto anti-desahucios de la Junta de Extremadura. No hicieron aportaciones, no colaboraron y no asistieron a la firma y ahora se ponen del lado de quienes quieren cometer una ilegalidad, extorsionar a la administración, no beneficiando a quienes realmente necesitan una vivienda y están en la calle en una situación económica de dificultad, y se ponen del lado de quienes ocupan viviendas de forma ilegal, o quieren tener una segunda vivienda sin que nadie sepa que uso se le está dando”.
En concreto, el dato del mes de julio señala que el ayuntamiento tiene un periodo medio de pago a proveedores de 146 días. El importe total de las facturas a proveedores actual es de 9.176.766,75 euros, y este incremento se debe a varios imprevistos, como el caso de varias sentencias judiciales que el Ayuntamiento ha tenido que cumplir, como la de la agrupación de interés urbanístico del acceso Norte, por más de 245.000 euros, o la sentencia por el accidente laboral de un trabajador de La Encina, por más de 137.000 euros, a lo que hay que sumar los intereses y costas de los procedimientos.
Además, en 2016 el Ayuntamiento deberá pagar casi 5 millones de euros de la deuda financiera de los reales decretos de pago a proveedores (que tenían años de carencia), así como hacer frente al reintegro de subvenciones no gestionadas en la anterior legislatura y que no se justificaron de forma debida.
El Ayuntamiento deberá asumir este año las devoluciones y reintegros d los tributos del Estado, que se cobraron durante 2013, ya que la estimación se hizo por encima de lo que luego se ingresó. Y además, ha asumido la paga extra de diciembre de 2012.
De otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio con la Unión de Consumidores de Extremadura para que durante el mes de agosto la oficina municipal de información al consumidor se instale en la sede de esta entidad, en la Plaza de Santa María.
Asimismo se ha aprobado el cambio de ubicación del mercadillo desde el 16 de agosto al 13 de septiembre, por la celebración de la Feria. Pasará de su actual ubicación en el ferial a los aparcamientos del propio ferial.
También se ha aprobado un convenio con la asociación de Parkinson de Extremadura para la celebración de prácticas no laborales en atención a personas a domicilio y otro con Cycitex para realizar un ensayo de control de dos especies invasoras, ailanthus altissima y acacia dealbata, en el ámbito del proyecto Life-invasep, a realizar en espacios verdes de la ciudad.
En relación a una actuación de la Junta de Extremadura en una vivienda ocupada, Yáñez ha señalado que “la familia que ha sido desalojada tenía ya una vivienda social adjudicada en la barriada Juan Canet, en la que están empadronados, y ahora ocupaban una segunda vivienda; lo que ha hecho la administración regional no es un desahucio sino abrir una vivienda vacía, porque nadie en la Junta tenía constancia tras los procedimientos llevados a cabo y el expediente que se había iniciado, que la vivienda estuviera vacía, por lo que en ningún caso se ha producido un desalojo”.
“Es sorprendente que los partidos que han hecho declaraciones se negaron a firmar el pacto anti-desahucios de la Junta de Extremadura. No hicieron aportaciones, no colaboraron y no asistieron a la firma y ahora se ponen del lado de quienes quieren cometer una ilegalidad, extorsionar a la administración, no beneficiando a quienes realmente necesitan una vivienda y están en la calle en una situación económica de dificultad, y se ponen del lado de quienes ocupan viviendas de forma ilegal, o quieren tener una segunda vivienda sin que nadie sepa que uso se le está dando”.
