El cierre presupuestario para 2016 evitará comprometer nuevos gastos “no prioritarios” para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha comparecido este jueves, a petición propia, ante la Cámara extremeña para explicar las consecuencias que se derivarán del cumplimiento de la orden de 30 de agosto por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2016 y apertura del 2017.

El cierre presupuestario previsto por la Junta de Extremadura para 2016 evitará comprometer nuevos gastos en aquellos supuestos que no se consideran prioritarios para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, y que a su vez generan mayor déficit.

De esta forma, según ha explicado la consejera, se han analizado todas las áreas para evaluar los daños de cierre, al tiempo que se ha priorizado y se ha asegurado que no quede fuera ninguna partida “políticamente sensible”.

Blanco-Morales ha detallado que la orden es similar a la de años anteriores, sin embargo, este cierre supone un adelanto de un mes en relación con la de los ejercicios de 2014 y 2015, que se publicaron los días 6 y 2 de octubre de los respectivos años.

Asimismo, ha destacado que a pesar de la confusión “interesada” que se ha creado en torno a la misma, “es un medida necesaria” que afecta exclusivamente a gastos financiados con fondos de la propia Comunidad Autónoma.

Se excluyen, por tanto, todos los gastos que se financien o cofinancien con Fondos Europeos o de otras entidades, públicas y privadas.

Además ha matizado que se excluyen, aunque estén financiados con fondos propios, los gastos relativos al endeudamiento, los de personal, los de contratación que se encuentren en fase de licitación, los gastos que estén ligados al cumplimiento de plazos impuestos por la normativa europea o deriven de obligaciones legales, los imprescindibles para el funcionamiento ordinario de los servicios que no puedan demorarse al ejercicio siguiente y, en general, todos los que tengan que ver con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, políticas sociales y dependencia).

En cuanto al impacto que pueda tener dicha orden de cierre sobre el presupuesto, Blanco-Morales ha sentenciado que oscilará entre una décima o décima y media del PIB regional, es decir de 20 a 25 millones de euros, lo que supone un 0’4 por ciento del presupuesto definitivo de la Junta de Extremadura.

GARANTÍA DE ESTABILIDAD

Con esta orden, el Gobierno autonómico refuerza los compromisos adquiridos con el Estado, que a fecha 15 de octubre deberá comunicar a la Comisión Europea medidas que garanticen la senda de estabilidad marcada.

“Es por este motivo, a pesar de las medidas ya adoptadas como el Plan de Ajuste y los Acuerdos de No Disponibilidad, por el que accedemos a esta medida exigida por el Ministerio”, ha sentenciado la consejera del ramo.

Una medida concebida para evitar que el gasto suba y que Blanco-Morales ha recordado, Hacienda propuso a Extremadura entre otras comunidades autónomas por el mes de julio con el objetivo de estabilizar el déficit, como así también lo había hecho el propio Ministerio el día 13 de ese mismo mes.

Con todo ello, el cierre permitirá un ahorro en el gasto corriente para combatir el déficit con nuestros propios recursos.

Sin embargo, ha insistido en que para ello es necesario que el Gobierno de la nación facilite el techo de gasto, fije un objetivo de déficit (a día de hoy fijado en el 0,3%) y conocer cuáles son las cantidades que Extremadura recibirá del Estado para elaborar los próximos presupuestos.