29/12/2016
Las instituciones extremeñas se unen para proteger a las familias en riesgo de ejecución inmobiliaria
La Junta, Diputaciones y Colegios de Abogados de Extremadura han firmado hoy un convenio de colaboración
Mérida ha sido escenario de la firma de un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres y los Colegios de Abogados de las dos provincias para la implantación, puesta en marcha y atención del Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria en Extremadura.
El convenio busca proteger a las personas, familias o cualquier unidad de convivencia en riesgo de ejecución hipotecaria y de otros procedimientos de desahucio en el ámbito de la comunidad regional.
El Instituto de Consumo de la Junta de Extremadura será el encargado de coordinar las acciones de protección a estas personas y se realizará a través de una red de cuatro Oficinas de Enlace y veinticuatro Puntos de Atención Presencial, doce en cada una de las provincias. Con esta red, cualquier persona estará a menos de treinta y cinco minutos de la Oficina de Intermediación Bancaria Presencial más cercana.
Las Diputaciones aportan 36.000 euros cada una y la infraestructura y mantenimiento de las oficinas. Los Colegios de Abogado aportan el personal, todos letrados en ejercicio que tienen una formación especial en esta materia.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, recordó que la Diputación de Badajoz fue pionera en la firma de este tipo de acuerdos, ya que en la anterior legislatura hubo abiertas siete Oficinas de Intermediación Bancaria en la provincia.
Según el consejero, Extremadura es la sexta comunidad autónoma que menos desahucios tiene y el perfil de las familias afectadas suele ser de unos cincuenta años que tiene todavía un préstamo hipotecario de entre 50.000 y 150.000 euros. La Junta ha atendido hasta el momento a 233 familias a las que en su mayor parte se les ha reestructurado la hipoteca, se la ha renegociado o se ha obtenido para ellas la dación en pago. Vergeles ha dicho que “el objetivo de la Junta es que los desahucios se reduzcan a cero”.
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se mostró satisfecho “porque la unión hace la fuerza y la Junta y las Diputaciones están trabajando codo con codo para proteger a los que tienen más dificultades”. Para Gallardo existe un antes y un después de esta legislatura en cuanto a la colaboración de las administraciones. “Esto permite avanzar mucho más rápido en la defensa de los que lo necesitan”, añadió.
Respecto al contenido del convenio señaló que con muy poco coste se está haciendo mucho bien y dio las gracias a todos los que han participado en la negociación de este convenio “que ha sido laborioso pero obedece al objetivo de la Diputación de que las personas vivan mejor cada día”.
El convenio es de dos años prorrogables a cuatro.
El convenio busca proteger a las personas, familias o cualquier unidad de convivencia en riesgo de ejecución hipotecaria y de otros procedimientos de desahucio en el ámbito de la comunidad regional.
El Instituto de Consumo de la Junta de Extremadura será el encargado de coordinar las acciones de protección a estas personas y se realizará a través de una red de cuatro Oficinas de Enlace y veinticuatro Puntos de Atención Presencial, doce en cada una de las provincias. Con esta red, cualquier persona estará a menos de treinta y cinco minutos de la Oficina de Intermediación Bancaria Presencial más cercana.
Las Diputaciones aportan 36.000 euros cada una y la infraestructura y mantenimiento de las oficinas. Los Colegios de Abogado aportan el personal, todos letrados en ejercicio que tienen una formación especial en esta materia.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, recordó que la Diputación de Badajoz fue pionera en la firma de este tipo de acuerdos, ya que en la anterior legislatura hubo abiertas siete Oficinas de Intermediación Bancaria en la provincia.
Según el consejero, Extremadura es la sexta comunidad autónoma que menos desahucios tiene y el perfil de las familias afectadas suele ser de unos cincuenta años que tiene todavía un préstamo hipotecario de entre 50.000 y 150.000 euros. La Junta ha atendido hasta el momento a 233 familias a las que en su mayor parte se les ha reestructurado la hipoteca, se la ha renegociado o se ha obtenido para ellas la dación en pago. Vergeles ha dicho que “el objetivo de la Junta es que los desahucios se reduzcan a cero”.
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se mostró satisfecho “porque la unión hace la fuerza y la Junta y las Diputaciones están trabajando codo con codo para proteger a los que tienen más dificultades”. Para Gallardo existe un antes y un después de esta legislatura en cuanto a la colaboración de las administraciones. “Esto permite avanzar mucho más rápido en la defensa de los que lo necesitan”, añadió.
Respecto al contenido del convenio señaló que con muy poco coste se está haciendo mucho bien y dio las gracias a todos los que han participado en la negociación de este convenio “que ha sido laborioso pero obedece al objetivo de la Diputación de que las personas vivan mejor cada día”.
El convenio es de dos años prorrogables a cuatro.
