El pleno de la Diputación aprueba por unanimidad una moción a favor de los derechos de la mujer.

La corporación provincial celebró un pleno en el que se aprobó una moción conjunta del Grupo Socialista y Grupo Popular con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebrará el próximo 8 de marzo. El texto propone reclamar al Gobierno de España el destino de los recursos necesarios en política de igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Asimismo apuesta por reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en los jóvenes. Exige la puesta en marcha en los Juzgados Especializados en Violencia de Género del acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial desde el momento en el que se pone la denuncia hasta el final del proceso. Por último, insta al Gobierno a reponer los organismos y políticas específicas de igualdad que sean necesarias.

    El debate surgió con otras dos mociones, una presentada por el Grupo Socialista sobre becas y ayudas al estudio y la segunda, del Grupo Popular, sobre negociación de los presupuestos generales del Estado.

    En la primera, el equipo de gobierno propone convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas para emitir un informe, preceptivo, antes de las convocatorias anuales de becas y ayudas al estudio. También pretende modificar la normativa reguladora de las becas para 'recuperar el derecho subjetivo sin que ningún estudiante que cumpla los requisitos se quede sin beca por cuestiones presupuestarias.
    La moción también insta al Gobierno central modificar los requisitos académicos actuales y propone que sean los mismos que para cualquier alumno no becario, además de establecer criterios claros, objetivos y ponderables para su obtención.

    Para el portavoz de los populares, Juan Antonio Barrios, propuso trasladar las políticas de becas al Parlamento nacional para que sean consensuadas entre los partidos allí representados. “Ustedes piden al Gobierno de España lo que no piden en Extremadura”, dijo, y recordó que en la Asamblea regional el Partido Popular pidió un aumento de las becas complementarias que fue votado en contra por el PSOE.  El portavoz socialista, Saturnino Alcázar, enumeró algunos “errores en materia educativa del gobierno de Monago, como el transporte escolar”. Zanjo el debate el presidente Miguel Ángel Gallardo al afirmar que esta reivindicación tiene que ir directamente al Gobierno  y no a los partidos políticos. También recordó que la Diputación apuesta por las ayudas a los estudiantes “ya que en el próximo curso las 184 plazas de la Residencia Universitaria Hernán Cortés estarán becadas”.

    Finalmente, la moción fue aprobada por la mayoría socialista con la abstención del Grupo Popular.

    Más debate hubo en la defensa de una tercera moción, esta presentada por los populares. En la misma se insta a los grupos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales a sentar las bases y alcanzar los acuerdos necesarios que permitan llegar a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. También proponen impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local que cumpla con las expectativas que los municipios llevan reclamando hace tiempo.

    Saturnino Alcázar, aunque dijo estar de acuerdo en parte de la moción, afirmó que con este texto “se pretende chantajear a este grupo para que el PSOE apoye en Madrid los Presupuestos Generales del Estado, y el argumento no tiene que ver nada con la propuesta”. Para Juan Antonio Barrios, con los presupuestos no sólo se aprueban las cuentas sino las líneas económicas. “El Congreso está tan fragmentado que ahora hay una posibilidad”, añadió.

    De nuevo fue el presidente Gallardo quien cerró el debate afirmando que se trataba de una “moción trampa e incongruente”. Para Gallardo, con esta propuesta se pretende que desde los ayuntamientos y las diputaciones se haga el trabajo a Rajoy, “y el Gobierno tiene en sus manos derogar las leyes de Racionalización y Estabilidad Presupuestaria”. La moción fue rechazada por la mayoría socialista.