Gallardo pide a la Asamblea extremeña que presente una ley que derogue la actual de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

Se ha desarrollado en la Diputación de Badajoz una jornada sobre “La nueva regulación local desde una visión autonómica” con la presencia del secretario general de Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Blanco; los presidentes de las instituciones provinciales de Cáceres y Badajoz, Rosario Cordero y Miguel Ángel Gallardo; y los redactores de esta nueva regulación local, Manuel Zafra y Rafael Jiménez Asensio. A esta jornada han asistido alcaldes y alcaldesas de la provincia pacense, el presidente de la FEMPEX y diputados provinciales.

     En el acto de inauguración, Gallardo ha manifestado que “las diputaciones no tenemos capacidad legislativa sino un fuerte compromiso con los municipios. Este debate pretende lograr una ley de carácter autonómico para la administración local” que acabe con la insuficiencia financiera de las haciendas locales y con la fuerte restricción de la autonomía de los ayuntamientos.

      En este sentido, el presidente de la Diputación de Badajoz ha rechazado la actual Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, LRSAL, porque cercena las competencias municipales y la posibilidad de legislar desde la Comunidad Autónoma.

    Para Gallardo, la LRSAL “ha provocado el rechazo de los gobiernos locales sean del color que sean, porque se nos vendió que esta Ley iba a ordenar el marco competencial de los municipios, que iba a evitar duplicidades y mejorar en eficiencia y eficacia. Sin consenso”. Porque, añade, “la administración local es el espacio de convivencia en el que tienen que residir las competencias que mejoren la vida de la gente”.

     La realidad, según han reiterado los intervinientes, es que la reforma local del Gobierno Central ha fracasado y se hace necesaria una Ley que defienda la autonomía local y que no controle el gasto público de los ayuntamientos ni limite su capacidad de gestión y gasto. Sobre todo cuando existen en la administración local 5.500 millones de euros de superávit que, subraya Miguel Ángel Gallardo, “no pueden gastar y que serían un impulso para la empresa local y la economía real”.

    Solo el 3,3% de la deuda del PIB español son de las entidades locales, El resto es de las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España.

    Después de los años de aplicación de la LRSAL, ha continuado diciendo Gallardo, “los ayuntamientos no somos entes derrochadores sino la parte buena de la Administración porque hemos sido capaces de contener nuestro gasto con responsabilidad. Y eso tiene que cambiar ahora para poder hacer uso del superávit para la generación de economía”.

    Para concluir su intervención, el presidente de la Diputación pacense ha lanzado dos peticiones, que la Asamblea de Extremadura sea valiente “en el desarrollo legislativo de la Ley aunque el Gobierno la recurra ya que debemos ser capaces de introducir todos los elementos que nos preocupan y ocupan”. Y que desde los municipios y las diputaciones “instemos a nuestro gobierno autonómico a que presente una ley que derogue la LRSAL”.

      La presidenta de la Diputación de Cáceres ha recordado que la Carta Magna reconoce el derecho de la autonomía local para tomar parte en las decisiones sobre la administración y financiación de los municipios.
   
       “El Estatuto de Autonomía de Extremadura -ha explicado Rosario Cordero-habla de una Ley de Autonomía Local donde quedan definidas las competencias del municipalismo. Espero que en esta legislatura sea una realidad su aplicación porque la Ley 27/2103 nos lo ha puesto más difícil ya que nos quita competencias”.

     Se ha referido también al superávit de las haciendas locales: “tenemos remanentes pero no podemos usarlos por la ley de estabilidad presupuestaria y techo de gasto, por eso queremos que esta ley autonómica permita que los ayuntamientos puedan gestionar sus competencias”.

    Cordero ha puesto como ejemplos el Plan Dinamiza de la Diputación de Badajoz y el Plan Activa de la de Cáceres, “planes que aprobamos para que los ayuntamientos decidan dónde gastar esos recursos según sus necesidades”.