23/10/2019
El Gobierno de Extremadura toma medidas destinadas a atender a personas con enfermedad mental grave y a familias en riesgo de exclusión social
Por una parte, el Ejecutivo ha autorizado la contratación del servicio de 12 plazas en pisos supervisados para personas con trastorno mental grave en Don Benito, 8 plazas en pisos supervisados para personas con trastorno mental grave en Zafra y 4 plazas en pisos supervisados para personas con discapacidad intelectual y trastorno de conducta en Montijo, por un importe total de 1.005.510,08 euros.
Con los nuevos recursos en Don Benito y Zafra se pretende ampliar, ha señalado Gil Rosiña, las 206 plazas de que dispone la Comunidad Autónoma “en recursos residenciales comunitarios para personas con trastorno mental grave, tanto en centros residenciales de rehabilitación como en pisos supervisados”
También como novedad, Gil Rosiña ha subrayado que el contrato incluye plazas en pisos supervisados para personas con discapacidad intelectual y trastorno de conducta (4 en Montijo), lo que supone la creación de esta tipología de plazas en Extremadura.
Esta medida cuenta con financiación del Fondo Social Europeo en un 80 por ciento del presupuesto, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, quien ha destacado, además, que mediante este contrato se pretende mejorar la financiación y la estabilidad presupuestaria de las plazas en pisos supervisados para personas con trastorno mental grave.
La consejera ha aclarado que de la fórmula que se ha utilizado hasta ahora (financiación vía subvención de fondos autonómicos) se pasa a la de un contrato administrativo con financiación del Fondo Social Europeo.
Todo ello supondrá una mejora importante en la red residencial comunitaria tanto para personas con trastorno mental grave como para las personas con discapacidad intelectual y trastorno de conducta, suponiendo estos recursos una alternativa a la hospitalización prolongada y a la institucionalización.
La segunda medida de carácter social que ha mencionado la portavoz del Ejecutivo es la autorización para la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Prevención con Familias y Menores en Riesgo Social para el año 2019, por un importe de 1.179.660,60 euros.
Se trata, ha dicho Gil Rosiña, de una medida ya consolidada puesto que se implantó a mediados de la década de los años ochenta del pasado siglo, y supone un “apoyo fundamental” para familias en situaciones de riesgo de exclusión social que cuentan con hijos menores a su cargo.
Podrán optar a estas ayudas las mancomunidades integrales de municipios y los ayuntamientos de las localidades que cuenten con más de 10.000 habitantes.
La asignación económica que se concederá por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma para financiar los gastos del programa será de 26.810,46 euros para cada una de las entidades públicas que resulten beneficiarias.
CAMINOS RURALES
Además, Gil Rosiña ha informado de los acuerdos por los que se autoriza la contratación de obras de acondicionamiento y mejora de caminos rurales (por lotes), con un presupuesto global de 2.547.758 euros.
Por una parte, se autoriza la contratación del acondicionamiento y la mejora de caminos rurales (en seis lotes), por un importe de 1.218.358,27 euros y una cofinanciación del 75 por ciento a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Estos trabajos se desarrollarán en los términos municipales de Arroyomolinos de la Vera, Pinofranqueado, Berzocana, Torrecillas de la Tiesa, Feria y Monesterio.
Además, se autoriza la contratación del acondicionamiento y la mejora de caminos rurales (en otros seis lotes), por un importe de 1.329.400,47 euros y una cofinanciación del 75 por ciento a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
En esta segunda contratación, las obras se llevarán a cabo en los términos municipales de Zarza de Granadilla, Plasencia, Pinofranqueado, Gata, Fuentes de León y Usagre.
BORRADOR ANTEPROYECTO DE LEY DE BIBLIOTECAS
Por último, ha explicado la portavoz, el Consejo de Gobierno ha realizado una primera lectura del anteproyecto de Ley de Bibliotecas de Extremadura, con el que se pretende adecuar la ley actual, que data de 1997.
La portavoz ha recordado que Extremadura es la comunidad autónoma que cuenta con un mayor número de bibliotecas públicas y ha destacado como uno de los objetivos esenciales del nuevo texto el de mejorar “la conectividad” en la Red de Bibliotecas de Extremadura.
Con este nuevo texto se pretende acometer un cambio integral en el régimen jurídico del Sistema Bibliotecario Extremeño de manera que permita el desarrollo de políticas bibliotecarias basadas en la cooperación institucional y orientadas a la consecución de objetivos comunes que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía y que ayuden a la disminución de la brecha digital.
