El Consorcio reubica a los acusados de estafa en la venta de entradas a los monumentos de Mérida

La Fiscalía de Mérida investiga a tres trabajadores del Consorcio de la Ciudad Monumental por un supuesto fraude en la venta de entradas a los monumentos de la capital autonómica. Se trata de tres taquilleros que, a través de la impresión de tíquets por duplicado, habrían conseguido apropiarse de más de 100.000 euros entre julio de 2018 y junio de 2019 procedentes de la venta de entradas al teatro y anfiteatro romanos y, en menor medida, el circo y la Casa del Mitreo. El Ministerio Fiscal solicita para ellos penas de tres y cuatro años de cárcel por un delito de estafa continuada, así como multas de 6.000 y 4.800 euros y una indemnización al Consorcio equivalente a la cantidad sustraída.

Según confirma la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, de la que depende el Consorcio, estos trabajadores han sido "apartados cautelarmente" de las taquillas, si bien continúan en plantilla desempeñando "otras labores". "Hasta que no se produzca una sentencia que determine las responsabilidades en el proceso, el Consorcio no hará valoraciones", indican desde el departamento que dirige Nuria Flores.

El escrito de acusación apunta que los duplicados se volvían a vender y no se validaban en el acceso "para apropiarse de la recaudación"

La causa se ha tramitado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Mérida. Se encuentra ya calificada tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, ejercida por el propio Consorcio, y se han presentado también los correspondientes escritos de defensa. La Sección tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Mérida, ha señalado juicio oral para el día 21 de septiembre de 2022.

Duplicados sin justificación

La acusación se dirige contra tres personas, todas en su calidad de taquilleros/vigilantes en plantilla del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, habilitados como tales para la venta y cobro de entradas en los diferentes espacios o recintos monumentales de la ciudad: teatro y anfiteatro, alcazaba, Casa del Mitreo-Columbarios, Morería, Circo Romano y Cripta de Santa Eulalia.

El sistema de venta de entradas, individuales para cada uno de los enclaves o para todo el conjunto, se encuentra informatizado desde el año 2018, pudiendo adquirirse los tíquets presencialmente en taquilla o a través de la página web del Consorcio. Cada entrada es validada en el momento del acceso al monumento por la persona encargada de la vigilancia. El sistema permite su reimpresión por si se diera algún fallo o error.

Los hechos se habrían producido, siempre según la calificación provisional del Ministerio Fiscal, entre el mes de julio de 2018 y el mes de junio de 2019. En estas fechas, una de las personas investigadas habría emitido de forma fraudulenta duplicados de entradas al Teatro y al Anfiteatro Romano de Mérida y, en menor medida, al Circo Romano y la Casa del Mitreo.

Estas entradas duplicadas se volvían a reimprimir, aun cuando las originales habían sido impresas correctamente y validadas por los turistas al entrar en los monumentos. La Fiscalía determina que "la creación del duplicado carecía de justificación, por lo que se presume que estas entradas iban destinadas a venderlas de nuevo para apropiarse de la recaudación".

Se habrían realizado un total de 1.513 reimpresiones en el teatro y anfiteatro romanos y, en menor medida, el circo y la Casa del Mitreo

El acusado de realizar estas segundas impresiones lo haría en connivencia con las otras dos personas investigadas, para evitar que estas entradas duplicadas entraran en el escáner de validación y se descubriese el entramado, o bien para compartir la recaudación obtenida. En el periodo de tiempo indicado se habrían realizado un total de 1.513 reimpresiones para duplicar entradas por un valor total de 103.605 euros.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de estafa continuada, de los artículos 248.1 y 250.5 del Código Penal en atención al valor total de la defraudación. Para el acusado de crear el entramado solicita cuatro años de prisión y 6.000 euros de multa (10 meses a razón de 20 euros diarios), y para los otros dos investigados tres años de prisión y 4.800 euros de multa (ocho meses a razón de 20 euros diarios). Deberán además indemnizar al Consorcio por el total de la cantidad presuntamente defraudada en concepto de responsabilidad civil.