1 DE CADA 5 EXTREMEÑOS CREEN QUE HAY UNA POSIBILIDAD MEDIA O ALTA DE QUE LE 'OKUPEN' SU VIVIENDA

Cunde la alarma social: el 19% de los extremeños cree que hay posibilidades "medias o altas" de que le "okupen" su vivienda y el 79% considera que este fenómeno es ya un problema social en España.

·         Casi un tercio de la población española (31%) afirma conocer directa o indirectamente a alguien que ha sufrido la "okupación" de algún inmueble de su propiedad, siendo los habitantes de las Islas Baleares (39%) quienes más lo afirman.

·         Entre 2018 y 2022 los casos de "okupación" en España aumentaron casi un 40%, superando los 75.000 casos durante este periodo. Además, la duración de los procedimientos se ha convertido en otro problema: en 2022 los procesos de desalojo y sus recursos tuvieron un plazo medio de resolución de 20,5 meses.

·         Según la ciudadanía, las causas de la "okupación" son la lentitud de la justicia (28%), la permisividad social (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido a los altos precios (23%). Además, el 18% de la población de Extremadura piensa que las penas para este tipo de prácticas "son muy laxas" y que "no existe seguridad jurídica".

·         Las soluciones propuestas por los españoles: penas más severas y desalojos más rápidos (60%), facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos (45%) y actuar policialmente contra las mafias (31%).

·         Más de la mitad de los españoles (53%) está a favor de que los desalojos sean resueltos directamente por la policía y otro 35%, que intervenga siempre un juez, pero con plazos de resolución mucho más cortos que los actuales.

·         Por Comunidades Autónomas, un elevado porcentaje de los ciudadanos de Extremadura (79%) están preocupados por la proliferación de casos de "okupación". Los más preocupados son los ciudadanos de Cataluña (83%), Andalucía y Cantabria (81%). En el lado opuesto se sitúan Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, los territorios donde menos preocupación se registra. 

Enlace al videocomunicado con datos de Extremadura: https://vimeo.com/864851834/a34e820d77?share=copy

Enlace de descarga al informe completo: https://we.tl/t-kIGA5BmokC

Todos hemos visto imágenes de viviendas "okupadas" copando los informativos: puertas reventadas, manifestaciones a favor y en contra, desalojos muy violentos y afectados sumidos en la desesperación. Un fenómeno complejo que, durante meses, se ha situado en el centro de la actualidad informativa de nuestro país y que, según el CIS, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles.

De hecho, 1 de cada 5 extremeños (19%) cree que hay posibilidades "medias o altas" de que le "okupen" su vivienda y el 79% cree que este fenómeno es ya un problema social. El 18% de la población de Extremadura piensa que la "okupación" de viviendas es un fenómeno residual sin mayor trascendencia que suele exagerarse por motivos políticos.

Para los españoles, la "okupación" de viviendas cuenta con unas causas variadas: la lentitud de la justicia (28%), la permisividad de los políticos (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido al alto precio (23%). Además, 3 de cada 4 extremeños (74%) piensan que las penas para este tipo de prácticas "son muy laxas" y que "no existe seguridad jurídica".

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio "Los españoles ante la 'okupación' de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas", elaborado por Línea Directa Aseguradora a partir de los resultados de 1.700 encuestas realizadas en toda España.

Según destaca Mar Garre, Directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora, "nuestro modelo directo nos ha permitido detectar la gran preocupación que existe en la sociedad por la "okupación" de viviendas. Creemos que, como compañía aseguradora, debemos aportar alguna solución que ayude a paliar los efectos de un fenómeno que, sin duda, puede afectar gravemente a los perjudicados".

Un fenómeno al alza

Aunque la "okupación" no existe como tipo penal específico en nuestro ordenamiento jurídico, puede ser perseguida utilizando el delito de usurpación o el de allanamiento de morada, según las circunstancias de cada proceso. En cualquier caso, se trata de un fenómeno al alza: según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, los casos de "okupaciones" se han incrementado un 37% entre 2018 y 2022, superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles. Además, un 19% de los encuestados de Extremadura conoce directa o indirectamente algún caso de "okupación", un porcentaje especialmente relevante en las Islas Baleares (39%).

Por territorios, Cataluña, con 650 "okupaciones" denunciadas en 2022, Andalucía (535) y Comunidad Valenciana (390) son las comunidades con mayor número de casos registrados. En cuanto a qué Comunidades viven con más preocupación el fenómeno, Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%) son los territorios donde los ciudadanos se muestran más alarmados por la proliferación de casos de "okupación", mientras que Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana, donde menos.

En cualquier caso, y pese a la alarma social, solo el 22% de los extremeños afirma conocer bien la regulación actual de la "okupación", mientras que el 41% dice tener nociones generales y un 37% admite no conocerla en absoluto.

¿Qué proponen los españoles?

El endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos son las soluciones preferidas para mitigar las "okupaciones" según el 60% de los españoles, muy por delante de otras medidas como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrar la acción policial sobre las mafias organizadas (31%).

El proceso de desalojo que, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, puede tener una duración superior a los 20 meses, es otro de los objetos de debate. En este sentido, el 53% de los españoles es partidario de un desalojo de la policía sin intervención del juez en caso de que no se demuestre 'in situ' la propiedad o la existencia de un contrato vinculante. El 35% está a favor de que un juez intervenga siempre en el procedimiento, pero con plazos mucho más reducidos. Además, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro "antiokupación", siendo el pago de la hipoteca (35%) y de los gastos de proceso (30%) las coberturas más valoradas.