15/10/2015
La Generalitat necesita 114 millones de euros más para atender a todos los dependientes de la Comunitat
Un informe del Síndic de Comptes advierte de que el 82% de las respuestas a los expedientes supera los seis meses de plazo que marca la normativa
La situación de la dependencia en la Comunitat sigue siendo negativa, aunque desde hace unos meses ha mejorado en algunos puntos concretos. Sin embargo, con la entrada al derecho de prestación de miles de personas con Grado I desde el pasado 1 de julio, el presupuesto que debe destinar el Consell tendrá que crecer en consonancia.
El Síndic de Comptes entregó ayer en Les Corts el informe: 'Para una mejor gestión en el reconocimiento de la dependencia: Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia', en la que advierte de que la Generalitat, desde julio, «tendrá que hacer frente al pago de un volumen significativo de prestaciones económicas, así como a la prestación de servicios».
Desde la Sindicatura se ha realizado un análisis de la situación evaluando con criterios de eficiencia, eficacia y economía el programa en el que se basaba la Conselleria de Bienestar Social para desarrollar sus presupuestos. La dependencia significaba el 18,3% del total, con 128,3 millones de euros. Aunque en estos momentos, prácticamente deberían doblarse con la entrada de nuevos expedientes. Concretamente, son necesarios según sus conclusiones, 114 millones más.
En este sentido, también analiza la ley que ampara el sector y que todavía no se ha instaurado al 100 por cien en la Comunitat. Así, explica que en 2014 había 96.610 reconocimientos solicitados, de los se han emitido 93.075 dictámenes que conllevan cerca de 55.000 personas con derecho a subsidio.
Desde la Sindicatura avisan de que en estos instantes en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no disponen «de una memoria económica cuantifique cuáles serían las necesidades presupuestarias adicionales» necesarias para hacer frente a las ayudas a todos los dependientes que integran el sistema, de modo que ha llevado a cabo un estimación para estipular la cantidad concreta.
Entre las cuestiones positivas que se extraen del informe es que, en 2012 (de cuando son los análisis de que disponen), la cantidad media destinada a cada persona beneficiaria era de 11.639 euros, por encima de la media nacional que superaba los 9.600. Asimismo, en lo que se refiere al calendario de pagos, el estudio también destaca que se han reducido considerablemente los días que se tarda en abonar las prestaciones, puesto que se ha situado «en 14 días lo que supone una reducción de 71 respecto a 2012».
Aunque también alerta de que no se está cumpliendo con lo que dicta la Ley de Dependencia, en la que se recoge que el plazo máximo para tramitar un expediente no debe superar los seis meses. Sin embargo, en el 82 por ciento de los analizados se incumple por la «complejidad del procedimiento. No obstante, se ha ido reduciendo durante los últimos ejercicios», afirma.
las provincias
El Síndic de Comptes entregó ayer en Les Corts el informe: 'Para una mejor gestión en el reconocimiento de la dependencia: Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia', en la que advierte de que la Generalitat, desde julio, «tendrá que hacer frente al pago de un volumen significativo de prestaciones económicas, así como a la prestación de servicios».
Desde la Sindicatura se ha realizado un análisis de la situación evaluando con criterios de eficiencia, eficacia y economía el programa en el que se basaba la Conselleria de Bienestar Social para desarrollar sus presupuestos. La dependencia significaba el 18,3% del total, con 128,3 millones de euros. Aunque en estos momentos, prácticamente deberían doblarse con la entrada de nuevos expedientes. Concretamente, son necesarios según sus conclusiones, 114 millones más.
En este sentido, también analiza la ley que ampara el sector y que todavía no se ha instaurado al 100 por cien en la Comunitat. Así, explica que en 2014 había 96.610 reconocimientos solicitados, de los se han emitido 93.075 dictámenes que conllevan cerca de 55.000 personas con derecho a subsidio.
Desde la Sindicatura avisan de que en estos instantes en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no disponen «de una memoria económica cuantifique cuáles serían las necesidades presupuestarias adicionales» necesarias para hacer frente a las ayudas a todos los dependientes que integran el sistema, de modo que ha llevado a cabo un estimación para estipular la cantidad concreta.
Entre las cuestiones positivas que se extraen del informe es que, en 2012 (de cuando son los análisis de que disponen), la cantidad media destinada a cada persona beneficiaria era de 11.639 euros, por encima de la media nacional que superaba los 9.600. Asimismo, en lo que se refiere al calendario de pagos, el estudio también destaca que se han reducido considerablemente los días que se tarda en abonar las prestaciones, puesto que se ha situado «en 14 días lo que supone una reducción de 71 respecto a 2012».
Aunque también alerta de que no se está cumpliendo con lo que dicta la Ley de Dependencia, en la que se recoge que el plazo máximo para tramitar un expediente no debe superar los seis meses. Sin embargo, en el 82 por ciento de los analizados se incumple por la «complejidad del procedimiento. No obstante, se ha ido reduciendo durante los últimos ejercicios», afirma.
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