18/01/2016
Hacienda revisará a la baja el valor de los inmuebles para ajustar un impuesto
Más de 18.000 compradores recurrieron el cobro excesivo de la tasa de transmisiones y una sentencia tumbó las valoraciones actuales
«Otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos y acabar con la judicialización» del impuesto de transmisiones. Éste es el objetivo que persigue la Conselleria de Hacienda, tras el conflicto judicial que se ha encontrado en la Comunitat en relación al citado gravamen, que ha sido recurrido ya por más de 18.000 compradores al considerarlo excesivo y los tribunales han empezado a darles la razón.
Para atajarlo, el departamento que dirige Vicent Soler va a aprobar una orden que modifica el procedimiento para realizar las valoraciones catastrales que sirven para calcular el importe del citado impuesto. Así, según explicaron ayer, «se han ajustado las cuantías a la situación actual del mercado inmobiliario, lo que comporta una reducción del valor». Pero, además, «se ha realizado un ajuste por zonas y distritos que, de momento, alcanza a las ciudades de Valencia y de Alicante».
El sistema sigue basándose en la aplicación de unos coeficientes, pero el Consell ha excluido a las plantas bajas y a los locales, emplazamientos a los que «se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes».
Con todo ello, Hacienda busca «afinar al máximo teniendo en cuenta la naturaleza del bien, de ahí la flexibilidad del nuevo modelo». «Esto, unido a la mayor aproximación al valor de mercado, son dos ventajas clave de la nueva regulación», señalaron.
Sin embargo, en el caso de que el contribuyente siga discrepando con la valoración realizada por la Generalitat, la Administración autonómica enviará un perito, «pero sólo en los supuestos de conflictividad», aclararon.
De esta forma, la conselleria quiere compatibilizar el criterio que ha llevado a la Justicia a anular el sistema utilizado (precisamente que ahora no se comprueba in situ el valor del inmueble) con los medios de los que dispone el Consell para «hacer viable la gestión de las comprobaciones de valores».
Otra de las novedades es que, en el caso de que exista un peritaje hipotecario, y siempre que forme parte de la documentación incluida en el préstamo que otorga la entidad bancaria, «se asumirá el cálculo realizado por este profesional y no se aplicarán los coeficientes».
Problema heredado
La Generalitat se ha visto obligada a poner en marcha todos estos cambios por un problema engendrado en 2013, ejercicio en el que el anterior Gobierno autonómico aprobó el sistema de valoración de inmuebles utilizado hasta ahora para calcular el impuesto de transmisiones que debían pagar los compradores y que, a grandes rasgos, se basa en una serie de coeficientes que se aplican al valor catastral de la vivienda, garaje o trastero adquirido. Sin embargo, el desplome de los precios de la vivienda durante la crisis económica llevó a que buena parte de los compradores adquirieran sus nuevos bienes por importes menores al valor catastral que la Administración utiliza como referencia, por lo que abonaron el citado impuesto de transmisiones en función del importe de la compraventa.
Por esta razón, durante los dos últimos años, la Conselleria de Hacienda ha remitido cerca de 55.000 liquidaciones complementarias al impuesto, es decir, a compradores que abonaron una cuantía inferior a la calculada por la Generalitat. De ellos, algo más de 36.000 contribuyentes aceptaron sin rechistar pagar la diferencia (en total, 54,6 millones de euros), pero otros 18.600 acudieron a los tribunales para recurrir la decisión. El Consell les reclamaba más de 68 millones de euros (de media, más de 3.600 euros a cada uno). La primera sentencia al respecto, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que daba la razón a un contribuyente de Elche al que Hacienda reclamaba 5.000 euros hizo tambalear los cimientos de todo el sistema usado para calcular el impuesto. «La resolución judicial se refiere a un caso concreto pero comportará la previsible estimación en cascada de las miles de liquidaciones recurridas por los ciudadanos y pendientes», advirtieron desde Hacienda.
A partir de ese momento, la actual conselleria decidió paralizar el envío de nuevas liquidaciones complementarias hasta aclarar un conflicto que podía afectar a otro millar de contribuyentes que, si bien todavía no habían interpuesto el recurso, estaban en disposición de hacerlo, por lo que la deuda total pendiente ascendía a 72 millones.
Tras analizar tanto esta sentencia como otras en sentido contrario de otras autonomías como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, y consultarlo con la Abogacía de la Generalitat, el Gobierno autonómico ha decidido elevar el caso al Tribunal Supremo «para que unifique el criterio a seguir en todo el territorio», apuntaron. Pero mientras tanto, el Consell «va a poner en marcha un nuevo modelo para conciliar las exigencias del Tribunal Superior de Justicia».
las provincias
Para atajarlo, el departamento que dirige Vicent Soler va a aprobar una orden que modifica el procedimiento para realizar las valoraciones catastrales que sirven para calcular el importe del citado impuesto. Así, según explicaron ayer, «se han ajustado las cuantías a la situación actual del mercado inmobiliario, lo que comporta una reducción del valor». Pero, además, «se ha realizado un ajuste por zonas y distritos que, de momento, alcanza a las ciudades de Valencia y de Alicante».
El sistema sigue basándose en la aplicación de unos coeficientes, pero el Consell ha excluido a las plantas bajas y a los locales, emplazamientos a los que «se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes».
Con todo ello, Hacienda busca «afinar al máximo teniendo en cuenta la naturaleza del bien, de ahí la flexibilidad del nuevo modelo». «Esto, unido a la mayor aproximación al valor de mercado, son dos ventajas clave de la nueva regulación», señalaron.
Sin embargo, en el caso de que el contribuyente siga discrepando con la valoración realizada por la Generalitat, la Administración autonómica enviará un perito, «pero sólo en los supuestos de conflictividad», aclararon.
De esta forma, la conselleria quiere compatibilizar el criterio que ha llevado a la Justicia a anular el sistema utilizado (precisamente que ahora no se comprueba in situ el valor del inmueble) con los medios de los que dispone el Consell para «hacer viable la gestión de las comprobaciones de valores».
Otra de las novedades es que, en el caso de que exista un peritaje hipotecario, y siempre que forme parte de la documentación incluida en el préstamo que otorga la entidad bancaria, «se asumirá el cálculo realizado por este profesional y no se aplicarán los coeficientes».
Problema heredado
La Generalitat se ha visto obligada a poner en marcha todos estos cambios por un problema engendrado en 2013, ejercicio en el que el anterior Gobierno autonómico aprobó el sistema de valoración de inmuebles utilizado hasta ahora para calcular el impuesto de transmisiones que debían pagar los compradores y que, a grandes rasgos, se basa en una serie de coeficientes que se aplican al valor catastral de la vivienda, garaje o trastero adquirido. Sin embargo, el desplome de los precios de la vivienda durante la crisis económica llevó a que buena parte de los compradores adquirieran sus nuevos bienes por importes menores al valor catastral que la Administración utiliza como referencia, por lo que abonaron el citado impuesto de transmisiones en función del importe de la compraventa.
Por esta razón, durante los dos últimos años, la Conselleria de Hacienda ha remitido cerca de 55.000 liquidaciones complementarias al impuesto, es decir, a compradores que abonaron una cuantía inferior a la calculada por la Generalitat. De ellos, algo más de 36.000 contribuyentes aceptaron sin rechistar pagar la diferencia (en total, 54,6 millones de euros), pero otros 18.600 acudieron a los tribunales para recurrir la decisión. El Consell les reclamaba más de 68 millones de euros (de media, más de 3.600 euros a cada uno). La primera sentencia al respecto, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que daba la razón a un contribuyente de Elche al que Hacienda reclamaba 5.000 euros hizo tambalear los cimientos de todo el sistema usado para calcular el impuesto. «La resolución judicial se refiere a un caso concreto pero comportará la previsible estimación en cascada de las miles de liquidaciones recurridas por los ciudadanos y pendientes», advirtieron desde Hacienda.
A partir de ese momento, la actual conselleria decidió paralizar el envío de nuevas liquidaciones complementarias hasta aclarar un conflicto que podía afectar a otro millar de contribuyentes que, si bien todavía no habían interpuesto el recurso, estaban en disposición de hacerlo, por lo que la deuda total pendiente ascendía a 72 millones.
Tras analizar tanto esta sentencia como otras en sentido contrario de otras autonomías como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, y consultarlo con la Abogacía de la Generalitat, el Gobierno autonómico ha decidido elevar el caso al Tribunal Supremo «para que unifique el criterio a seguir en todo el territorio», apuntaron. Pero mientras tanto, el Consell «va a poner en marcha un nuevo modelo para conciliar las exigencias del Tribunal Superior de Justicia».
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