22/01/2016
Las desaladoras de Torrevieja y El Campello tuvieron un sobrecoste de 70 millones
El Tribunal de Cuentas ya advirtió en septiembre de 2014 de la revisión de precios y modificados de presupuestos en dos de las obras implicadas en la operación 'Frontino'
Dos de las principales obras implicadas en la denominada 'operación Frontino', que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que ha causado ya el ingreso en prisión de cinco de los trece detenidos por el supuesto fraude de la empresa pública Acuamed, registraron un sobrecoste de 69,3 millones de euros. Se trata de la desaladora de Torrevieja para garantizar los regadíos del Trasvase Tajo-Segura y de la desaladora de la Marina Baja situada en El Campello y Mutxamel. Así lo pone de manifiesto el último informe del Tribunal de Cuentas, de septiembre de 2014, que ya advirtió de prácticas poco ortodoxas que ahora están sujetas al indicio de delito criminal: revisión de precios y modificados de proyectos y de liquidaciones.
En su informe, firmado por el presidente del organismo supervisor y fiscalizador de las empresas públicas del Estado, Ramón Álvarez de Miranda, se analizan y fiscalizan las cuentas de Acuamed en los ejercicios 2011 y 2012, si bien extiende el estudio al período 2005-2012 (etapa en la que gobernó Rodríguez Zapatero, autor del Programa Agua que sustituía el PHN y el trasvase del Ebro por la desalación de agua marina en toda el área levantina). Las ministras Narbona, Espinosa y Aguilar estuvieron al frente del Ministerio de Medio Ambiente durante la ejecución de obras. Al menos, el grueso de los proyectos.
En el apartado de la planta desaladora de Torrevieja, indica que el contrato de las obras se adjudicó por 192,6 millones de euros, pero en octubre de 2011 se tramitó una modificación del proyecto de 34 millones de euros con un incremento del 18% sobre el precio de adjudicación. El Tribunal de Cuentas lo achaca principalmente a «condicionantes ambientales». Además, apunta que la revisión de precios supuso 11,2 millones de euros más. Aunque la conclusión de la obra estaba prevista para finales del ejercicio de 2012, a esa fecha era del 92% en ejecución y estaba pendiente de la autorización ambiental integrada de la Generalitat Valenciana, lo que causó en su día no poca polémica y críticas desde el sector agrícola. En total, costó a las arcas públicas 238,1 millones de euros, un 23,1% más, lo que supone 45,2 millones de euros más al erario. 18 millones fueron para expropiación del terreno.
«Subactuaciones vinculadas»
En el caso de la planta desaladora que tenía por objeto garantizar el suministro de boca para l'Alacantí e incluso para Benidorm y buena parte de la Marina Baja, por la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio, que no está salpicada en el sumario, el auditor del Estado indica que había un presupuesto de 53,6 millones de euros en 2010 que, en el año 2011, se elevó hasta los 77,7 millones «debido a una serie de subactuaciones vinculadas a este proyecto que, finales del ejercicio de 2011, se hallaban pendientes de planificación definitiva». Esas subactuaciones vinculadas suponen, pues, 24 millones de euros más al bolsillo de los contribuyentes tras dispararse el proyecto inicial un 45% en su coste real. A final de 2010, se había ejecutado el 64% del contrato principal de la obra por 30,4 millones y, además, se realizó un modificado del proyecto que supuso un incremento del 13,6%. El contrato principal finalizó en 2012 con una obra ejecutada al 72% de la inversión total por valor de 49,3 millones.
Estas mismas advertencias las formula el organismo sobre un total de nueve desaladoras de Acuamed en el área mediterránea. Según el Tribunal de Cuentas, Acuamed pagó sobrecostes por 330 millones de euros, entre los que están los 70 en la provincia de Alicante. De las nueve desaladoras analizadas por el Tribunal, solo la del Campo de Dalías (Almería) supera a la de Torrevieja, con una desviación o «revisión» de 73,4 millones de euros. El organismo fiscalizador, a modo de conclusión, hace una recomendación para «minimizar desviaciones» de los presupuestos motivadas por «errores y defectos en la planificación de la inversión».
las provincias
En su informe, firmado por el presidente del organismo supervisor y fiscalizador de las empresas públicas del Estado, Ramón Álvarez de Miranda, se analizan y fiscalizan las cuentas de Acuamed en los ejercicios 2011 y 2012, si bien extiende el estudio al período 2005-2012 (etapa en la que gobernó Rodríguez Zapatero, autor del Programa Agua que sustituía el PHN y el trasvase del Ebro por la desalación de agua marina en toda el área levantina). Las ministras Narbona, Espinosa y Aguilar estuvieron al frente del Ministerio de Medio Ambiente durante la ejecución de obras. Al menos, el grueso de los proyectos.
En el apartado de la planta desaladora de Torrevieja, indica que el contrato de las obras se adjudicó por 192,6 millones de euros, pero en octubre de 2011 se tramitó una modificación del proyecto de 34 millones de euros con un incremento del 18% sobre el precio de adjudicación. El Tribunal de Cuentas lo achaca principalmente a «condicionantes ambientales». Además, apunta que la revisión de precios supuso 11,2 millones de euros más. Aunque la conclusión de la obra estaba prevista para finales del ejercicio de 2012, a esa fecha era del 92% en ejecución y estaba pendiente de la autorización ambiental integrada de la Generalitat Valenciana, lo que causó en su día no poca polémica y críticas desde el sector agrícola. En total, costó a las arcas públicas 238,1 millones de euros, un 23,1% más, lo que supone 45,2 millones de euros más al erario. 18 millones fueron para expropiación del terreno.
«Subactuaciones vinculadas»
En el caso de la planta desaladora que tenía por objeto garantizar el suministro de boca para l'Alacantí e incluso para Benidorm y buena parte de la Marina Baja, por la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio, que no está salpicada en el sumario, el auditor del Estado indica que había un presupuesto de 53,6 millones de euros en 2010 que, en el año 2011, se elevó hasta los 77,7 millones «debido a una serie de subactuaciones vinculadas a este proyecto que, finales del ejercicio de 2011, se hallaban pendientes de planificación definitiva». Esas subactuaciones vinculadas suponen, pues, 24 millones de euros más al bolsillo de los contribuyentes tras dispararse el proyecto inicial un 45% en su coste real. A final de 2010, se había ejecutado el 64% del contrato principal de la obra por 30,4 millones y, además, se realizó un modificado del proyecto que supuso un incremento del 13,6%. El contrato principal finalizó en 2012 con una obra ejecutada al 72% de la inversión total por valor de 49,3 millones.
Estas mismas advertencias las formula el organismo sobre un total de nueve desaladoras de Acuamed en el área mediterránea. Según el Tribunal de Cuentas, Acuamed pagó sobrecostes por 330 millones de euros, entre los que están los 70 en la provincia de Alicante. De las nueve desaladoras analizadas por el Tribunal, solo la del Campo de Dalías (Almería) supera a la de Torrevieja, con una desviación o «revisión» de 73,4 millones de euros. El organismo fiscalizador, a modo de conclusión, hace una recomendación para «minimizar desviaciones» de los presupuestos motivadas por «errores y defectos en la planificación de la inversión».
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