07/06/2017
El conseller Vicent Marzà recibe el tercer mazazo del TSJ en 15 días por el decreto de plurilingüismo
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a emitir un auto y una vez más ha puesto de nuevo en dificultades a la Conselleria de Educación. La nueva resolución del TSJ hecha pública ayer aprueba por tercera vez medidas cautelares contra el decreto de plurilingüismo.
En esta ocasión el alto tribunal responde a la petición formulada por USO. El sindicato alegó contra el decreto de la Conselleria por la vía de derechos fundamentales y por la del contencioso.
Se da la circunstancia de que el mismo tribunal había aprobado un día antes, el pasado lunes, también medidas cautelares ante el recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Castellano.
Fuentes de la formación sindical indicaron que habían pedido que se aplicaran medidas cautelares al considerar que la puesta en marcha del decreto podría causar daños irreparables al alumnado. Desde USO resaltaron que la aplicación de una medida de estas características conlleva cambios muy importantes en la acción educativa por lo que tomar medidas cautelares es una forma de proteger a los alumnos.
Desde la Conselleria de Educación, por su lado, se indicó que para la Generalitat las nuevas medidas cautelares «no cambian absolutamente nada». Según fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà, la Abogacía presentará los recursos que sean necesarios «y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho respecto al primer auto del TSJCV».
Para Educación, «el fondo es el mismo y sobre el mismo tema. Las entidades que han pedido cautelares han utilizado los mismos argumentos que empleó la Diputación de Alicante. Por tanto, nos mantenemos firmes en la defensa de los intereses de todo el alumnado valenciano para garantizar el plurilingüismo educativo con nuestros argumentos».
Estas afirmaciones van en consonancia con las realizadas por la portavoz del Consell, Mónica Oltra, cuando afirmó que aunque «se mantenga la suspensión cautelar se aplicará el proyecto lingüístico del centro y no habrá variación y no se volverá al modelo del PP».
Argumentos
El auto del tribunal en respuesta al recurso de USO es prácticamente el mismo al emitido por la denuncia presentada por la Asociación para la Defensa del Castellano. Para el TSJ «la cuestión debatida es idéntica a la que se resolvió por fecha de 23 de mayo de 2017», es decir, el recurso presentado por la Diputación de Alicante y sobre el que ya dictaron medidas cautelares.
Por ello, la resolución explica que «las razones señaladas en el referido auto son totalmente trasladables al caso que nos ocupa por lo que procede dar la misma solución jurídica, en virtud de los principios de seguridad jurídica y unidad de doctrina».
Ante ello el TSJ acuerda «adoptar la medida cautelar de suspensión del Decreto recurrido durante la tramitación de este proceso, sin necesidad de prestar fianza». Contra esta resolución la Conselleria de Educación puede interponer recurso en un plazo de cinco días, algo que ya ha anunciado que va a hacer.
Los motivos que en su momento alegó el alto tribunal para aceptar las medidas cautelares demandadas por la Diputación de Alicante, primero de los recursos que contestó el TSJ, son los mismos que para los dos nuevos recursos aceptados.
Sin entrar en el fondo del procedimiento presentado por la corporación alicantina, la DDC ni por USO contra el decreto de plurilingüismo, el TSJ sí da claves que dejan entrever que hay aspectos de la norma que no convencen a la sala.
«Resulta evidente que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia un gran número de alumnos podría ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas», se dice, antes de añadir que «existe una diferencia entre los niveles Básico, Intermedio y Avanzado».
La Conselleria, por su lado, ya presentó alegaciones argumentando que no se producía ningún tipo de discriminación.
las provincias
En esta ocasión el alto tribunal responde a la petición formulada por USO. El sindicato alegó contra el decreto de la Conselleria por la vía de derechos fundamentales y por la del contencioso.
Se da la circunstancia de que el mismo tribunal había aprobado un día antes, el pasado lunes, también medidas cautelares ante el recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Castellano.
Fuentes de la formación sindical indicaron que habían pedido que se aplicaran medidas cautelares al considerar que la puesta en marcha del decreto podría causar daños irreparables al alumnado. Desde USO resaltaron que la aplicación de una medida de estas características conlleva cambios muy importantes en la acción educativa por lo que tomar medidas cautelares es una forma de proteger a los alumnos.
Desde la Conselleria de Educación, por su lado, se indicó que para la Generalitat las nuevas medidas cautelares «no cambian absolutamente nada». Según fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà, la Abogacía presentará los recursos que sean necesarios «y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho respecto al primer auto del TSJCV».
Para Educación, «el fondo es el mismo y sobre el mismo tema. Las entidades que han pedido cautelares han utilizado los mismos argumentos que empleó la Diputación de Alicante. Por tanto, nos mantenemos firmes en la defensa de los intereses de todo el alumnado valenciano para garantizar el plurilingüismo educativo con nuestros argumentos».
Estas afirmaciones van en consonancia con las realizadas por la portavoz del Consell, Mónica Oltra, cuando afirmó que aunque «se mantenga la suspensión cautelar se aplicará el proyecto lingüístico del centro y no habrá variación y no se volverá al modelo del PP».
Argumentos
El auto del tribunal en respuesta al recurso de USO es prácticamente el mismo al emitido por la denuncia presentada por la Asociación para la Defensa del Castellano. Para el TSJ «la cuestión debatida es idéntica a la que se resolvió por fecha de 23 de mayo de 2017», es decir, el recurso presentado por la Diputación de Alicante y sobre el que ya dictaron medidas cautelares.
Por ello, la resolución explica que «las razones señaladas en el referido auto son totalmente trasladables al caso que nos ocupa por lo que procede dar la misma solución jurídica, en virtud de los principios de seguridad jurídica y unidad de doctrina».
Ante ello el TSJ acuerda «adoptar la medida cautelar de suspensión del Decreto recurrido durante la tramitación de este proceso, sin necesidad de prestar fianza». Contra esta resolución la Conselleria de Educación puede interponer recurso en un plazo de cinco días, algo que ya ha anunciado que va a hacer.
Los motivos que en su momento alegó el alto tribunal para aceptar las medidas cautelares demandadas por la Diputación de Alicante, primero de los recursos que contestó el TSJ, son los mismos que para los dos nuevos recursos aceptados.
Sin entrar en el fondo del procedimiento presentado por la corporación alicantina, la DDC ni por USO contra el decreto de plurilingüismo, el TSJ sí da claves que dejan entrever que hay aspectos de la norma que no convencen a la sala.
«Resulta evidente que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia un gran número de alumnos podría ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas», se dice, antes de añadir que «existe una diferencia entre los niveles Básico, Intermedio y Avanzado».
La Conselleria, por su lado, ya presentó alegaciones argumentando que no se producía ningún tipo de discriminación.
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