25/05/2018
La condena al PP en el 'caso Gürtel' pone contra las cuerdas a Rajoy
Las 1.687 páginas de la sentencia de la primera época del 'caso Gürtel' (1995-2002) cayeron como una losa en el PP. El fallo no solo condena al partido por haberse lucrado de la trama de Francisco Correa y haber pagado campañas electorales con el dinero sucio de la trama, sino que la resolución va más allá de los peores presagios que se temían en Génova 13.
El tribunal de la Audiencia Nacional, con el apoyo de dos de los tres magistrados, certifica la existencia de una 'caja B' en el PP, al menos desde 1989. La resolución menciona en 81 ocasiones esa contabilidad paralela y opaca. Se trata de un varapalo inesperado porque la existencia de una contabilidad paralela se dilucidará en el juicio de los 'papeles de Bárcenas' y cuya sentencia, a la vista del fallo conocido ayer, también puede ser un revolcón para el PP. En los cálculos de los populares no entraba que el tribunal dijera que no creyó a Mariano Rajoy cuando compareció el 26 de julio pasado como testigo en el juicio y afirmó que las anotaciones de Bárcenas no se correspondían con la verdad y que no había contabilidad paralela.
El fallo deja en una situación política muy delicada a Rajoy y al PP, aunque en el partido daban por amortizada la sentencia antes de conocerla por ser un asunto «del pasado». Lo importante, decían los populares, era aprobar los Presupuestos, un éxito del que ayer ya nadie se acordaba. El presidente del Gobierno se ha encontrado de golpe con una amenaza de moción de censura que, de materializarse, podría acabar con su mandato mucho antes de su objetivo de 2020 y situaría en la Moncloa al socialista Pedro Sánchez. Y si no se lleva a efecto, sabe que sus relaciones con Ciudadanos están condenadas a la ruptura, con el agravante de que será Albert Rivera el que decida el momento del adiós. Si su margen de maniobra era estrecho antes de la sentencia, ahora es mínimo.
Pero la resolución del tribunal no solo es mala para Rajoy, también es muy dura con el resto de implicados. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a 351 años y un mes de cárcel a 29 de los 37 acusados. Son unas penas muy cercanas a las peticiones de la Fiscalía, que reclamaba un total de 446 años de cárcel. Además, el tribunal, en esencia, hace suyas todas las argumentaciones de Anticorrupción y dicta condenas por todos los delitos por los que acusó el Ministerio Público. El fallo incluye 28 delitos de prevaricación que alcanzan a 194 años de inhabilitación para los condenados. Detalla 24 delitos de cohecho que recaen sobre 12 personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que 11 recaen en el matrimonio Bárcenas-Iglesias. En total, 165 penas.
Salen particularmente mal parados con el fallo conocido ayer Luis Bárcenas, extesorero del PP, que es condenado a 33 años de cárcel y a una multa de 44 millones de euros. No solo eso, el tribunal impone a su mujer, Rosalía Iglesias, 15 años de prisión. La entrada en la cárcel de su esposa -ya advirtió Bárcenas- podría provocar que tirara de la manta y el PP estaría ante un nuevo frente en vísperas de los otros juicios de la trama Gürtel que se avecinan.
La mayor condena, como era de esperar, fue para el jefe de la trama, Francisco Correa, con 51 años, y la segunda para su mano derecha, Pablo Crespo, con 37. Sorpresiva fue la absolución de Álvaro Pérez, 'El Bigotes. La exministra Ana Mato, según la sentencia, se lucró de los regalos de Correa a su familia. Su exmarido, Jesús Sepúlveda, fue castigado con 14 años de prisión.
«Corrupción institucional»
Los jueces consideran acreditado que el grupo de Correa, además de establecer una relación comercial con el PP en Madrid, Andalucía y Castilla y León, puso en marcha «en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local gracias a su estrecha y continua relación con influyentes militantes del PP». Unos políticos, ahora condenados, «que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas». Las irregularidades fueron desde inflar precios a manipular las adjudicaciones o a cobrar comisiones.
Pero el dinero público saqueado no solo terminó en los bolsillos de los condenados ayer. Otras cantidades, según los jueces, sirvieron para pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones a la 'caja B' del partido. El fallo describe esa caja, que niegan todos los responsables del partido, como «una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos». Los jueces, avisan, no van más allá en este asunto porque los supuestos pagos en negro a los dirigentes del PP se enjuiciarán en la pieza de los 'papeles de Bárcenas'.
En cualquier caso, los magistrados ya avanzan que piensan que los apuntes del extesorero, en los que aparecían, entre otros, pagos opacos a «M.Rajoy», parecen verídicos, por mucho que lo negara el presidente del Gobierno ante la sala. La sentencia dice que «comparte» la tesis de la Fiscalía de que Rajoy, Javier Arenas, Álvarez Cascos o Pio García Escudero, no fueron «veraces» cuando señalaron que las anotaciones de Bárcenas no tenían «credibilidad», al tiempo que negaron la existencia de esa caja B.
El fallo apunta a que Rajoy no dijo la verdad para no reconocer que recibió dinero negro. Admitir la veracidad de los papeles de Bárcenas, dice la sentencia, habría sido tanto como «reconocer haber recibido estas cantidades» y admitir «la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública». La sentencia afirma que por este motivo «se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos (entre ellos Rajoy)», cuyo testimonio no es verosímil para rebatir las pruebas de la existencia de la caja B del PP.
El fallo fija además una multa al PP de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. El tribunal concluye que el partido pagó con dinero de Gürtel actos electorales en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo. La Sala explica que concurren todos los requisitos del responsable a título lucrativo y, por tanto, el PP deberá abonar 133.628 euros por los actos de campaña llevados a cabo en Majadahonda y 111.864 euros por los de Pozuelo.
las provincias
El tribunal de la Audiencia Nacional, con el apoyo de dos de los tres magistrados, certifica la existencia de una 'caja B' en el PP, al menos desde 1989. La resolución menciona en 81 ocasiones esa contabilidad paralela y opaca. Se trata de un varapalo inesperado porque la existencia de una contabilidad paralela se dilucidará en el juicio de los 'papeles de Bárcenas' y cuya sentencia, a la vista del fallo conocido ayer, también puede ser un revolcón para el PP. En los cálculos de los populares no entraba que el tribunal dijera que no creyó a Mariano Rajoy cuando compareció el 26 de julio pasado como testigo en el juicio y afirmó que las anotaciones de Bárcenas no se correspondían con la verdad y que no había contabilidad paralela.
El fallo deja en una situación política muy delicada a Rajoy y al PP, aunque en el partido daban por amortizada la sentencia antes de conocerla por ser un asunto «del pasado». Lo importante, decían los populares, era aprobar los Presupuestos, un éxito del que ayer ya nadie se acordaba. El presidente del Gobierno se ha encontrado de golpe con una amenaza de moción de censura que, de materializarse, podría acabar con su mandato mucho antes de su objetivo de 2020 y situaría en la Moncloa al socialista Pedro Sánchez. Y si no se lleva a efecto, sabe que sus relaciones con Ciudadanos están condenadas a la ruptura, con el agravante de que será Albert Rivera el que decida el momento del adiós. Si su margen de maniobra era estrecho antes de la sentencia, ahora es mínimo.
Pero la resolución del tribunal no solo es mala para Rajoy, también es muy dura con el resto de implicados. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a 351 años y un mes de cárcel a 29 de los 37 acusados. Son unas penas muy cercanas a las peticiones de la Fiscalía, que reclamaba un total de 446 años de cárcel. Además, el tribunal, en esencia, hace suyas todas las argumentaciones de Anticorrupción y dicta condenas por todos los delitos por los que acusó el Ministerio Público. El fallo incluye 28 delitos de prevaricación que alcanzan a 194 años de inhabilitación para los condenados. Detalla 24 delitos de cohecho que recaen sobre 12 personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que 11 recaen en el matrimonio Bárcenas-Iglesias. En total, 165 penas.
Salen particularmente mal parados con el fallo conocido ayer Luis Bárcenas, extesorero del PP, que es condenado a 33 años de cárcel y a una multa de 44 millones de euros. No solo eso, el tribunal impone a su mujer, Rosalía Iglesias, 15 años de prisión. La entrada en la cárcel de su esposa -ya advirtió Bárcenas- podría provocar que tirara de la manta y el PP estaría ante un nuevo frente en vísperas de los otros juicios de la trama Gürtel que se avecinan.
La mayor condena, como era de esperar, fue para el jefe de la trama, Francisco Correa, con 51 años, y la segunda para su mano derecha, Pablo Crespo, con 37. Sorpresiva fue la absolución de Álvaro Pérez, 'El Bigotes. La exministra Ana Mato, según la sentencia, se lucró de los regalos de Correa a su familia. Su exmarido, Jesús Sepúlveda, fue castigado con 14 años de prisión.
«Corrupción institucional»
Los jueces consideran acreditado que el grupo de Correa, además de establecer una relación comercial con el PP en Madrid, Andalucía y Castilla y León, puso en marcha «en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local gracias a su estrecha y continua relación con influyentes militantes del PP». Unos políticos, ahora condenados, «que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas». Las irregularidades fueron desde inflar precios a manipular las adjudicaciones o a cobrar comisiones.
Pero el dinero público saqueado no solo terminó en los bolsillos de los condenados ayer. Otras cantidades, según los jueces, sirvieron para pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones a la 'caja B' del partido. El fallo describe esa caja, que niegan todos los responsables del partido, como «una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos». Los jueces, avisan, no van más allá en este asunto porque los supuestos pagos en negro a los dirigentes del PP se enjuiciarán en la pieza de los 'papeles de Bárcenas'.
En cualquier caso, los magistrados ya avanzan que piensan que los apuntes del extesorero, en los que aparecían, entre otros, pagos opacos a «M.Rajoy», parecen verídicos, por mucho que lo negara el presidente del Gobierno ante la sala. La sentencia dice que «comparte» la tesis de la Fiscalía de que Rajoy, Javier Arenas, Álvarez Cascos o Pio García Escudero, no fueron «veraces» cuando señalaron que las anotaciones de Bárcenas no tenían «credibilidad», al tiempo que negaron la existencia de esa caja B.
El fallo apunta a que Rajoy no dijo la verdad para no reconocer que recibió dinero negro. Admitir la veracidad de los papeles de Bárcenas, dice la sentencia, habría sido tanto como «reconocer haber recibido estas cantidades» y admitir «la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública». La sentencia afirma que por este motivo «se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos (entre ellos Rajoy)», cuyo testimonio no es verosímil para rebatir las pruebas de la existencia de la caja B del PP.
El fallo fija además una multa al PP de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. El tribunal concluye que el partido pagó con dinero de Gürtel actos electorales en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo. La Sala explica que concurren todos los requisitos del responsable a título lucrativo y, por tanto, el PP deberá abonar 133.628 euros por los actos de campaña llevados a cabo en Majadahonda y 111.864 euros por los de Pozuelo.
las provincias
