24/10/2018
Las inmobiliarias alertan del parón en la firma de hipotecas por la incertidumbre
Las agencias y los notarios confirman anulaciones de citas a la espera de aclarar quién asumirá el impuesto principal
Los ciudadanos empiezan a sufrir las consecuencias de la confusión e incertidumbre generadas por las sucesivas decisiones del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. Primero llegó la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso -competente en asuntos tributarios- que atribuye a la banca y no al cliente el abono de este tributo. Después, la decisión del presidente de esa misma Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, de suspender el «giro radical» producido en la jurisprudencia y, por último, la convocatoria para el 5 de noviembre del Pleno de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) para deliberar sobre este asunto tras la reunión de urgencia que organizó el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, para reconducir la situación.
A escasos días de que se anunciase el fallo contrario a los intereses de la banca, al que se sumaron otras dos sentencias en el mismo sentido, la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat, Nora García, alertó ayer del «parón en la firma de hipotecas» que afecta ya a numerosos valencianos. También desde el Colegio Notarial de Valencia y el de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (API) admiten anulaciones de citas previstas para estos días, aunque minimizan el impacto generado hasta la fecha e insisten en que «de momento se siguen firmando la mayoría de las hipotecas pactadas».
En Dénia, algunos notarios aprecian ya una «sensación de paralización» en este tipo de escrituras por la incertidumbre y otros auguran que afectará más a los actos de las próximas semanas. También los fedatarios de Gandia, que atisban un descenso de firmas a la espera de la decisión del Supremo, prevén que la actividad descienda en breve.
Así, a la suspensión de las audiencias previas y vistas por parte del juzgado de Valencia especializado en litigios hipotecarios, por la «grave situación de inseguridad jurídica» existente, se suma ahora el desconcierto de quienes han visto cancelada la cita de la que esperaban salir con la hipoteca firmada y las llaves de su futuro hogar en la mano.
Es el caso de un matrimonio octogenario de Valencia que, según relató García a LAS PROVINCIAS, se había mudado ya de su vivienda anterior y se ha quedado con sus enseres apilados dentro de un trastero, a la espera de una nueva fecha para firmar su crédito hipotecario y cerrar la compraventa pactada.
La preocupación crece asimismo entre quienes firmaron un contrato de arras para reservar el inmueble elegido, con un anticipo de fondos en concepto de señal, y temen que ese documento expire antes de poder firmar la hipoteca solicitada, lo que conllevaría un «incumplimiento de contrato» por su parte.
Según la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat, «es un momento de incertidumbre total porque las entidades no se atreven ni a dar precios, algunas incluso los han retirado de sus páginas web o nos han advertido de que las condiciones que habían ofertaban podrían cambiar ahora».
Y lo más acuciante, asegura, son «las operaciones en marcha, pendientes de firmar la compraventa».
En el caso de los notarios, recalcan que «es un tema fiscal» y que su deber es informar de la situación a ambas partes, tanto a los ciudadanos que obtienen los fondos necesarios para adquirir su vivienda como a las entidades financieras que les conceden ese crédito hipotecario.
Treinta días para pagarlo
En la práctica, eso implica que en las hipotecas que sí se han firmado en los últimos días el consumidor es quien se hace cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, como hasta ahora, aunque se le advierte de que dispone de treinta días de periodo voluntario de pago. Y, por lo tanto, si el Supremo aclara su postura el 5 de noviembre y finalmente son los bancos quienes deben costear ese tributo, estarían a tiempo de reclamar para que se modificase ese concepto (sujeto pasivo) antes de que el cliente hubiera pagado, explican desde el Colegio Notarial.
Mientras tanto, estos profesionales tratan de mantener su ritmo habitual de trabajo, aunque admiten haber recibido anulaciones tanto por parte de entidades financieras como de ciudadanos que prefieren esperar a ver qué sucede con ese importante desembolso. Y otras tantas consultas de afectados, preocupados por los vaivenes judiciales.
A su vez, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, dijo compartir la «preocupación» de la carrera judicial y la sociedad por unas decisiones «difícilmente explicables» y que «afectan negativamente a la imagen de la justicia» y a la confianza que debe suscitar en la ciudadanía.
También los agentes de la propiedad inmobiliaria constatan la «confusión» vivida estos días. Según su portavoz en Valencia, Vicente Díez, «se siguen firmando hipotecas porque llevaban un tiempo estudiándose, había fecha de notaría y unos plazos pactados para realizar la compra, así que no queda otro remedio». De momento, el impuesto lo paga el cliente, aunque confíe en reclamárselo al banco a partir del día 5.
las provincias
A escasos días de que se anunciase el fallo contrario a los intereses de la banca, al que se sumaron otras dos sentencias en el mismo sentido, la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat, Nora García, alertó ayer del «parón en la firma de hipotecas» que afecta ya a numerosos valencianos. También desde el Colegio Notarial de Valencia y el de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (API) admiten anulaciones de citas previstas para estos días, aunque minimizan el impacto generado hasta la fecha e insisten en que «de momento se siguen firmando la mayoría de las hipotecas pactadas».
En Dénia, algunos notarios aprecian ya una «sensación de paralización» en este tipo de escrituras por la incertidumbre y otros auguran que afectará más a los actos de las próximas semanas. También los fedatarios de Gandia, que atisban un descenso de firmas a la espera de la decisión del Supremo, prevén que la actividad descienda en breve.
Así, a la suspensión de las audiencias previas y vistas por parte del juzgado de Valencia especializado en litigios hipotecarios, por la «grave situación de inseguridad jurídica» existente, se suma ahora el desconcierto de quienes han visto cancelada la cita de la que esperaban salir con la hipoteca firmada y las llaves de su futuro hogar en la mano.
Es el caso de un matrimonio octogenario de Valencia que, según relató García a LAS PROVINCIAS, se había mudado ya de su vivienda anterior y se ha quedado con sus enseres apilados dentro de un trastero, a la espera de una nueva fecha para firmar su crédito hipotecario y cerrar la compraventa pactada.
La preocupación crece asimismo entre quienes firmaron un contrato de arras para reservar el inmueble elegido, con un anticipo de fondos en concepto de señal, y temen que ese documento expire antes de poder firmar la hipoteca solicitada, lo que conllevaría un «incumplimiento de contrato» por su parte.
Según la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat, «es un momento de incertidumbre total porque las entidades no se atreven ni a dar precios, algunas incluso los han retirado de sus páginas web o nos han advertido de que las condiciones que habían ofertaban podrían cambiar ahora».
Y lo más acuciante, asegura, son «las operaciones en marcha, pendientes de firmar la compraventa».
En el caso de los notarios, recalcan que «es un tema fiscal» y que su deber es informar de la situación a ambas partes, tanto a los ciudadanos que obtienen los fondos necesarios para adquirir su vivienda como a las entidades financieras que les conceden ese crédito hipotecario.
Treinta días para pagarlo
En la práctica, eso implica que en las hipotecas que sí se han firmado en los últimos días el consumidor es quien se hace cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, como hasta ahora, aunque se le advierte de que dispone de treinta días de periodo voluntario de pago. Y, por lo tanto, si el Supremo aclara su postura el 5 de noviembre y finalmente son los bancos quienes deben costear ese tributo, estarían a tiempo de reclamar para que se modificase ese concepto (sujeto pasivo) antes de que el cliente hubiera pagado, explican desde el Colegio Notarial.
Mientras tanto, estos profesionales tratan de mantener su ritmo habitual de trabajo, aunque admiten haber recibido anulaciones tanto por parte de entidades financieras como de ciudadanos que prefieren esperar a ver qué sucede con ese importante desembolso. Y otras tantas consultas de afectados, preocupados por los vaivenes judiciales.
A su vez, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, dijo compartir la «preocupación» de la carrera judicial y la sociedad por unas decisiones «difícilmente explicables» y que «afectan negativamente a la imagen de la justicia» y a la confianza que debe suscitar en la ciudadanía.
También los agentes de la propiedad inmobiliaria constatan la «confusión» vivida estos días. Según su portavoz en Valencia, Vicente Díez, «se siguen firmando hipotecas porque llevaban un tiempo estudiándose, había fecha de notaría y unos plazos pactados para realizar la compra, así que no queda otro remedio». De momento, el impuesto lo paga el cliente, aunque confíe en reclamárselo al banco a partir del día 5.
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