10/12/2018
El caos de los alquileres turísticos en Valencia
«Muchos son ilegales y están acabando con la ciudad». Estas dos afirmaciones son las más repetidas entre los vecinos de los barrios afectados por los apartamentos turísticos. Los residentes se han visto obligados a marcharse, los edificios se quedan vacíos y los nuevos vecinos son turistas.
Según manifiestan los residentes, los alojamientos de bajo coste atraen al turismo de borrachera que impide el descanso y la convivencia en las zonas céntricas y de ocio nocturno. Muchos vecinos afectados se han movilizado, junto a asociaciones como Ruzafa Descansa o Amics del Carme, y exigen a las administraciones que regulen la actividad.
Y es que la expansión de este modelo de negocio es imparable. De hecho, según datos de la Generalitat, entre el 1 de enero de este año y hasta el 29 de noviembre, se han registrado 16.410 nuevas altas en toda la Comunitat. Por provincias, hay 2.788 altas nuevas en la provincia de Castellón; 3.5787 en la provincia de Valencia y 10.044 en Alicante.
Desde la Conselleria de Turismo explican que han reforzado el plan de acción contra el intrusismo y han conseguido que aumente el número de viviendas registradas que, por tanto, ya no estarían haciendo una competencia desleal o fuera de la ley. Con estos nuevos datos, la suma total de inmuebles turísticos registrados en la Comunitat son 74.194, de los cuales 15.092 están en la provincia de Valencia; 14.048 en Castellón y sus localidades y 45.054 en el área de Alicante.
En el caso de Valencia ciudad, en 2017 se registraron 1.941 viviendas turísticas y las altas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de noviembre fueron de 1.815. En la actualidad, sólo en Valencia hay 5.824.
Con el retrovisor puesto en el pasado, cabe recordar que en 2014 había 38.688 alojamientos turísticos inscritos en la Generalitat y en la actualidad ya se ha duplicado con la ya citada cifra de 74.194.
Eso sí, reconocen que no se sabe cuántas empresas constituyen una oferta sumergida porque escapan a la regulación y no cumplen la normativa que les afecta. Y añaden que la lucha contra el intrusismo «es una actuación prioritaria de la Secretaría Autonómica de Turismo».
De hecho, desde Turismo han abierto 33 expedientes sancionadores a diversas plataformas que comercializan por internet apartamentos turísticos sin solicitar a sus propietarios el número de registro que garantiza que operan con todas las garantías legales.
De esos 33 expedientes, 26 ya están finalizados y siete en tramitación. De los 26 concluidos, 21 se han cerrado porque la plataforma de internet que comercializa los apartamentos han subsanado las deficiencias y ya incluye el número de registros el piso. Y Turismo ha afrontado tres recursos en sede judicial propiciados por las propias plataformas y los tribunales han dado la razón a la Generalitat desestimando dos y un tercero está por resolver.
Mientras las administraciones y los juzgados toman decisiones, la realidad es que los vecinos aseguran no poder más con el caos.
Ernesto Forner. Centro histórico
«Son ilegales. Convivir con pisos 'borrachera' es difícil»
Su altavoz es su 'balcón protesta' del que cuelga un cartel: «No a los apartamentos turísticos en edificios con viviendas, son ilegales». Ernesto tuvo que denunciar a cuatro alquileres turísticos que había en su edificiopor las continuas molestias que le ocasionaba cansado «de ejercer como portero» o de asumir responsabilidades «por el bien de la comunidad». Asegura que el hecho de que «estos pisos estén registrados no significa que sean legales». Explica que estos alojamientos incumplen la Ley de Propiedad Horizontal que permite a los vecinos decidir el espacio que es residencial, del comercial y añade «son un foco de fraude fiscal, son ilegales y tienen que cerrarlos». Ernesto está preocupado por el impacto social que conllevan: «Son apartamentos de 'borrachera' o 'narcoapartamentos' y convivir con ellos es muy difícil, perjudican a la ciudad y al bienestar de los vecinos». Ante la pasividad del Ayuntamiento y las autoridades competentes, pide tanto al Gobierno como a la oposición «que no exijan una financiación más justa, cuando están permitiendo actividades fraudulentas». La lucha continúa para Ernesto, su objetivo es evitar la destrucción del barrio.
José López. Ruzafa
«La vida aquí es imposible, nos están tirando de casa»
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José es un pensionista de 71 años, que vive en el barrio de Ruzafa. Ha visto como los edificios de las calles más emblemáticas se iban vaciando de vecinos para dar paso al trasiego constante de turistas. Vive en un primer piso de la calle Cádiz. «En mi edificio hay cuatro y la vida aquí es imposible». Ruidos constantes, desperfectos en el portal, inseguridad y miedo. «No se trata sólo de no poder dormir por la noches, es la inseguridad de saber que puede entrar quien sea y no sabes quienes son». Para él estos alquileres son ilegales, critica la falta de actuación por parte de la administración: «¿Cómo cree el Consistorio que esto nos beneficia? Se les está yendo de las manos, están echando a todos los vecinos de sus casas, no hay derecho». José se siente intimidado en su propia casa, en la comunidad no asumen sus quejas, pues la mayoría de propietarios están ya alquilando su vivienda.
Antonio Cassola. El Carmen
«La situación ha llegado al límite y nada nos ampara»
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En el barrio del Carmen el escenario se repite. «La convivencia es hostil y la falta de seguridad generalizada», explica Antonio Cassola, vecino del barrio y de la asociación Amics del Carme. Para él «la situación es límite». Asegura que desde la asociación emprenderán acciones legales contra el Consistorio, porque «no hay solución ni defensa de ningún partido y menos con la Enmienda a la Ley de Acompañamiento, con ello van a modificar la Ley de Turismo y ese cambio da vía libre a los apartamentos turísticos, porque permite que estén en edificios residenciales, nada nos ampara». Considera que tampoco ayudan las nuevas medidas: «El acuerdo entre Ayuntamiento y Generalitat es una trampa, el Consistorio pretende eximir su actividad y se lava las manos». La única solución para Cassola es cesar su actividad.
M. ª José Volta y Nuria Pérez. Velluters
«Somos el parque temático del turismo en Valencia»
María José y Nuria llevan mucho tiempo luchando para preservar el barrio de Velluters. Para ambas «un barrio sin vecinos deja de existir». Es precisamente lo que está ocurriendo en Velluters. Todas aquellas fincas rehabilitadas dejan de ser residencias para pasar a constituirse como alojamientos turísticos. Las dos han denunciado en varias ocasiones. «Sabemos que hay un descontento general entre los vecinos y que no dejan de presentar quejas, pero no sirve para nada, nunca llega el cese de la actividad pese a ser ilegales». María José añade: «Lo que nos gustaría es que hubiera más vecinos y no gente de entrada y salida, porque generan inseguridad y no suponen ningún ingreso. Somos el parque temático del turismo y al Ayuntamiento parece no importarle, tendrá que pronunciarse». Nuria ha trabajado en el sector de la hostelería, conoce los principales problemas: «No están recogidos legalmente, esa es su ventaja, a partir de ahí pueden hacer lo que quieran, no tienen ni recepción, ni sistemas de seguridad o emergencia», explica.
«Van a por los pisos censados, no a por los que son ilegales»
Una caza de brujas. Eso es lo que aseguran estar sufriendo los propietarios de viviendas turísticas por parte del Ayuntamiento de Valencia. En la Asociación de Propietarios de Viviendas de Estancias Cortas explican que «han cogido el listado en mano de los apartamentos que sí estamos registrados en la Conselleria de Turismo para pedirnos el orden de cierre». Y añaden que «no están persiguiendo a los que son ilegales y no están censados, que es a los que deberían de controlar».
Aseguran que tienen conocimiento de 200 expedientes abiertos y cada uno afecta a emprendedores que tienen varios apartamentos. Explican que «llevamos años registrados y cumplimos la ley de Turismo que estaba vigente, en cambio, el Ayuntamiento nos está pidiendo que nos convirtamos en terciario hotelero cuando no es comparable, es como si a un bar le pidieran licencia de discoteca».
Detallan que las fuentes oficiales dan información sesgada. «Nos quieren aplicar el terciario y supondría que no se podría tener una vivienda única sino que sería necesario poseer toda la planta no sólo de una finca, sino de cualquier edificio en bloque que tenga varios patios». Recuerdan que han ido a juicio «y el juez nos ha dado la razón y se ha paralizado el cese, pero el Consistorio ha recurrido».
Desde la Asociación de Apartamentos de la CV (Apartval), el presidente, José Benavent, indica que trabajan en su mayoría con edificios enteros. Asegura que no está claro el certificado de compatibilidad urbanística que pide el Consistorio. «No han concedido todavía ningún permiso».
Recuerda que «nuestros clientes no son de borrachera y los propietarios tenemos control de los pisos». Y añade que hay que profesionalizar el sector, en referencia a eliminar los ilegales. Indica que los asociados están poniendo sistemas de vigilancia y «algunos se están montando sensores de ruido para controlar que no se exceda». Comentan que los clientes «no vienen en pensión completa y sí están consumiendo en los supermercados y restaurantes.
Dieciocho certificados pedidos y ninguno resuelto
El Ayuntamiento de Valencia ha comenzado a exigir que los empresarios que monten un apartamento turístico pidan un certificado de compatibilidad urbanística. Hasta el momento, son dieciocho empresas los que lo han solicitado, pero están en tramitación.
En el Consistorio explican que entre los requisitos se pide que el apartamento turístico esté por encima de comercios y oficinas y por debajo de residenciales y sin compartir rellano con una casa particular. Tampoco pueden superar el 50% del edificio.
Uno de los puntos donde se han puesto más restricciones a las viviendas de alquiler turístico es en el centro histórico. El Ayuntamiento prepara un plan especial para Ciutat Vella. Este plan está ahora en fase de estudio de alegaciones. Se han presentado un total de 170 y se tienen que ir analizando, para ver si hay sugerencias que se pueden incluir.
En el caso de que la alegación aceptada supusiera un cambio sustancial, habría que hacer una segunda exposición pública si no supone grandes cambios, se incorporaría y se aprobaría de forma provisional y se informaría a Cultura, a la espera de la aprobación de dirección general de Urbanismo.
En Ciutat Vella se elimina la compatibilidad de uso residencial y turístico, salvo en San Francesc, que se permiten edificios enteros a 150 metros de distancia. Y se permite el alquiler ocasional con un máximo de 60 días.
las provincias
Según manifiestan los residentes, los alojamientos de bajo coste atraen al turismo de borrachera que impide el descanso y la convivencia en las zonas céntricas y de ocio nocturno. Muchos vecinos afectados se han movilizado, junto a asociaciones como Ruzafa Descansa o Amics del Carme, y exigen a las administraciones que regulen la actividad.
Y es que la expansión de este modelo de negocio es imparable. De hecho, según datos de la Generalitat, entre el 1 de enero de este año y hasta el 29 de noviembre, se han registrado 16.410 nuevas altas en toda la Comunitat. Por provincias, hay 2.788 altas nuevas en la provincia de Castellón; 3.5787 en la provincia de Valencia y 10.044 en Alicante.
Desde la Conselleria de Turismo explican que han reforzado el plan de acción contra el intrusismo y han conseguido que aumente el número de viviendas registradas que, por tanto, ya no estarían haciendo una competencia desleal o fuera de la ley. Con estos nuevos datos, la suma total de inmuebles turísticos registrados en la Comunitat son 74.194, de los cuales 15.092 están en la provincia de Valencia; 14.048 en Castellón y sus localidades y 45.054 en el área de Alicante.
En el caso de Valencia ciudad, en 2017 se registraron 1.941 viviendas turísticas y las altas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de noviembre fueron de 1.815. En la actualidad, sólo en Valencia hay 5.824.
Con el retrovisor puesto en el pasado, cabe recordar que en 2014 había 38.688 alojamientos turísticos inscritos en la Generalitat y en la actualidad ya se ha duplicado con la ya citada cifra de 74.194.
Eso sí, reconocen que no se sabe cuántas empresas constituyen una oferta sumergida porque escapan a la regulación y no cumplen la normativa que les afecta. Y añaden que la lucha contra el intrusismo «es una actuación prioritaria de la Secretaría Autonómica de Turismo».
De hecho, desde Turismo han abierto 33 expedientes sancionadores a diversas plataformas que comercializan por internet apartamentos turísticos sin solicitar a sus propietarios el número de registro que garantiza que operan con todas las garantías legales.
De esos 33 expedientes, 26 ya están finalizados y siete en tramitación. De los 26 concluidos, 21 se han cerrado porque la plataforma de internet que comercializa los apartamentos han subsanado las deficiencias y ya incluye el número de registros el piso. Y Turismo ha afrontado tres recursos en sede judicial propiciados por las propias plataformas y los tribunales han dado la razón a la Generalitat desestimando dos y un tercero está por resolver.
Mientras las administraciones y los juzgados toman decisiones, la realidad es que los vecinos aseguran no poder más con el caos.
Ernesto Forner. Centro histórico
«Son ilegales. Convivir con pisos 'borrachera' es difícil»
Su altavoz es su 'balcón protesta' del que cuelga un cartel: «No a los apartamentos turísticos en edificios con viviendas, son ilegales». Ernesto tuvo que denunciar a cuatro alquileres turísticos que había en su edificiopor las continuas molestias que le ocasionaba cansado «de ejercer como portero» o de asumir responsabilidades «por el bien de la comunidad». Asegura que el hecho de que «estos pisos estén registrados no significa que sean legales». Explica que estos alojamientos incumplen la Ley de Propiedad Horizontal que permite a los vecinos decidir el espacio que es residencial, del comercial y añade «son un foco de fraude fiscal, son ilegales y tienen que cerrarlos». Ernesto está preocupado por el impacto social que conllevan: «Son apartamentos de 'borrachera' o 'narcoapartamentos' y convivir con ellos es muy difícil, perjudican a la ciudad y al bienestar de los vecinos». Ante la pasividad del Ayuntamiento y las autoridades competentes, pide tanto al Gobierno como a la oposición «que no exijan una financiación más justa, cuando están permitiendo actividades fraudulentas». La lucha continúa para Ernesto, su objetivo es evitar la destrucción del barrio.
José López. Ruzafa
«La vida aquí es imposible, nos están tirando de casa»
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José es un pensionista de 71 años, que vive en el barrio de Ruzafa. Ha visto como los edificios de las calles más emblemáticas se iban vaciando de vecinos para dar paso al trasiego constante de turistas. Vive en un primer piso de la calle Cádiz. «En mi edificio hay cuatro y la vida aquí es imposible». Ruidos constantes, desperfectos en el portal, inseguridad y miedo. «No se trata sólo de no poder dormir por la noches, es la inseguridad de saber que puede entrar quien sea y no sabes quienes son». Para él estos alquileres son ilegales, critica la falta de actuación por parte de la administración: «¿Cómo cree el Consistorio que esto nos beneficia? Se les está yendo de las manos, están echando a todos los vecinos de sus casas, no hay derecho». José se siente intimidado en su propia casa, en la comunidad no asumen sus quejas, pues la mayoría de propietarios están ya alquilando su vivienda.
Antonio Cassola. El Carmen
«La situación ha llegado al límite y nada nos ampara»
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En el barrio del Carmen el escenario se repite. «La convivencia es hostil y la falta de seguridad generalizada», explica Antonio Cassola, vecino del barrio y de la asociación Amics del Carme. Para él «la situación es límite». Asegura que desde la asociación emprenderán acciones legales contra el Consistorio, porque «no hay solución ni defensa de ningún partido y menos con la Enmienda a la Ley de Acompañamiento, con ello van a modificar la Ley de Turismo y ese cambio da vía libre a los apartamentos turísticos, porque permite que estén en edificios residenciales, nada nos ampara». Considera que tampoco ayudan las nuevas medidas: «El acuerdo entre Ayuntamiento y Generalitat es una trampa, el Consistorio pretende eximir su actividad y se lava las manos». La única solución para Cassola es cesar su actividad.
M. ª José Volta y Nuria Pérez. Velluters
«Somos el parque temático del turismo en Valencia»
María José y Nuria llevan mucho tiempo luchando para preservar el barrio de Velluters. Para ambas «un barrio sin vecinos deja de existir». Es precisamente lo que está ocurriendo en Velluters. Todas aquellas fincas rehabilitadas dejan de ser residencias para pasar a constituirse como alojamientos turísticos. Las dos han denunciado en varias ocasiones. «Sabemos que hay un descontento general entre los vecinos y que no dejan de presentar quejas, pero no sirve para nada, nunca llega el cese de la actividad pese a ser ilegales». María José añade: «Lo que nos gustaría es que hubiera más vecinos y no gente de entrada y salida, porque generan inseguridad y no suponen ningún ingreso. Somos el parque temático del turismo y al Ayuntamiento parece no importarle, tendrá que pronunciarse». Nuria ha trabajado en el sector de la hostelería, conoce los principales problemas: «No están recogidos legalmente, esa es su ventaja, a partir de ahí pueden hacer lo que quieran, no tienen ni recepción, ni sistemas de seguridad o emergencia», explica.
«Van a por los pisos censados, no a por los que son ilegales»
Una caza de brujas. Eso es lo que aseguran estar sufriendo los propietarios de viviendas turísticas por parte del Ayuntamiento de Valencia. En la Asociación de Propietarios de Viviendas de Estancias Cortas explican que «han cogido el listado en mano de los apartamentos que sí estamos registrados en la Conselleria de Turismo para pedirnos el orden de cierre». Y añaden que «no están persiguiendo a los que son ilegales y no están censados, que es a los que deberían de controlar».
Aseguran que tienen conocimiento de 200 expedientes abiertos y cada uno afecta a emprendedores que tienen varios apartamentos. Explican que «llevamos años registrados y cumplimos la ley de Turismo que estaba vigente, en cambio, el Ayuntamiento nos está pidiendo que nos convirtamos en terciario hotelero cuando no es comparable, es como si a un bar le pidieran licencia de discoteca».
Detallan que las fuentes oficiales dan información sesgada. «Nos quieren aplicar el terciario y supondría que no se podría tener una vivienda única sino que sería necesario poseer toda la planta no sólo de una finca, sino de cualquier edificio en bloque que tenga varios patios». Recuerdan que han ido a juicio «y el juez nos ha dado la razón y se ha paralizado el cese, pero el Consistorio ha recurrido».
Desde la Asociación de Apartamentos de la CV (Apartval), el presidente, José Benavent, indica que trabajan en su mayoría con edificios enteros. Asegura que no está claro el certificado de compatibilidad urbanística que pide el Consistorio. «No han concedido todavía ningún permiso».
Recuerda que «nuestros clientes no son de borrachera y los propietarios tenemos control de los pisos». Y añade que hay que profesionalizar el sector, en referencia a eliminar los ilegales. Indica que los asociados están poniendo sistemas de vigilancia y «algunos se están montando sensores de ruido para controlar que no se exceda». Comentan que los clientes «no vienen en pensión completa y sí están consumiendo en los supermercados y restaurantes.
Dieciocho certificados pedidos y ninguno resuelto
El Ayuntamiento de Valencia ha comenzado a exigir que los empresarios que monten un apartamento turístico pidan un certificado de compatibilidad urbanística. Hasta el momento, son dieciocho empresas los que lo han solicitado, pero están en tramitación.
En el Consistorio explican que entre los requisitos se pide que el apartamento turístico esté por encima de comercios y oficinas y por debajo de residenciales y sin compartir rellano con una casa particular. Tampoco pueden superar el 50% del edificio.
Uno de los puntos donde se han puesto más restricciones a las viviendas de alquiler turístico es en el centro histórico. El Ayuntamiento prepara un plan especial para Ciutat Vella. Este plan está ahora en fase de estudio de alegaciones. Se han presentado un total de 170 y se tienen que ir analizando, para ver si hay sugerencias que se pueden incluir.
En el caso de que la alegación aceptada supusiera un cambio sustancial, habría que hacer una segunda exposición pública si no supone grandes cambios, se incorporaría y se aprobaría de forma provisional y se informaría a Cultura, a la espera de la aprobación de dirección general de Urbanismo.
En Ciutat Vella se elimina la compatibilidad de uso residencial y turístico, salvo en San Francesc, que se permiten edificios enteros a 150 metros de distancia. Y se permite el alquiler ocasional con un máximo de 60 días.
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