17/12/2015
Emilio Pérez, de la automoción a dirigir Aido
La Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen (Aido) nació en 1988 como la primera asociación industrial de óptica de España, promovida por empresarios valencianos e impulsada por la Generalitat con la misión de aportar soluciones tecnológicas a las empresas mediante la óptica industrial. Veintisiete años después, el pasado mes de octubre, esta entidad privada sin ánimo de lucro, receptora de subvenciones, despidió a sus últimos trabajadores y cerró sus puertas, inmerso en una investigación judicial abierta por delitos de malversación, fraude de subvenciones, estafa y prevaricación con cerca de 32 millones de euros en ayudas europeas recibidas en la última década bajo sospecha.
Los indicios que constan en la causa atribuyen un papel capital al director del centro, Emilio Pérez, que participaba también en sociedades que supuestamente se beneficiaban de esa facturación ilegal, como avanzó LAS PROVINCIAS.
Pérez, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, llegó en 1999 a la dirección de Aido -presidido entonces por el también ingeniero industrial y patrono José Vicente González-, tras un año como director de marketing y logística de Bosal España, fabricante de componentes de automoción que entró en concurso este año y cerró su planta de Sagunto, con 222 despedidos.
Las declaraciones las tomaba el Consejo Rector, formado por la Generalitat, asociaciones y empresas
Previamente había ocupado durante cinco años la gerencia de la empresa de transporte DHL en Valencia, a la que llegó después de cuatro años como director de fabricación en Fosforera Marroquí y otros dos en la firma de prefabricados de hormigón Prevalesa. Según recoge su perfil en una red social, su carrera profesional comenzó un año antes, en 1984, como jefe de la oficina técnica de la mercantil Peris Andreu, también dedicada al transporte.
La etapa que más destaca en su currículum es, sin duda, la que le sitúa como director de Aido durante 16 años, desde 2001 a 2009 con José Luis Moscardó como presidente y después con Rafael Ros, ambos entre los cerca de veinte imputados en la causa por fraude, incluido Aido y también el que fuera subdirector desde 1989, José María Guijarro, el director técnico Santiago Simón y Darío Ginestar, que representaba en el consejo rector a Kronomav Sistemas, empresa participada por Emilio Pérez y que, según publicó este diario, facturó a Aido miles de euros por informes sacados de internet.
Órganos de gobierno
En Aido, el órgano ejecutivo de gobierno era el Consejo Rector, elegido a su vez por la Asamblea en la que participaban todos los socios y que también designaba al presidente, perteneciente al ámbito industrial. Al frente de ese Consejo Rector en el que se tomaban las decisiones estaba el presidente del centro, cuatro vicepresidentes correspondientes a la Conselleria de Industria, a la Asociación de Industriales Gráficos de Valencia y Provincia, al Colegio de Ópticos Optometristas de Valencia y a Empreses Audiovisuals Valencianes Federades (desde 2009). Y junto a ellos, un secretario y un máximo de 20 vocales con voz y voto, algunos también de la Generalitat.
Pérez se había encargado de logística y fabricación en varias empresas y ahora ejerce como consultor
El actual conseller de Economía, Rafael Climent, cuestionó recientemente en Les Corts el funcionamiento institucional de estos institutos y, además de reprochar al PP su "nefasta gestión", dejadez y ausencia de "cualquier control", cargó contra los directores de estos centros y les acusó de que, por norma, configuraban "consejos rectores afines" cuyas decisiones "controlan completamente", pese a no tener voto. También cuestionó que cobren hasta 285.000 euros por dirigir centros con ayudas públicas, en alusión a Aitex. Emilio Pérez cobró ese año 96.000 euros.
La investigación de la Fiscalía parte de una denuncia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), que se circunscribía a un millón de euros en ayudas autonómicas y que, según indicios que constan en la causa, respondería a una venganza de un directivo del Ivace tras el despido de su mujer en Aido. Al margen del frente judicial, el comité de empresa culpa del cierre a la "nefasta gestión" de la cúpula, con impagos y recortes mientras protagonizaba asuntos turbios como la indemnización a Guijarro de 170.000 euros -el 8% de los fondos públicos que recibió en 2013-, apenas un año después de un ERE, o el mantenimiento de coches de lujo mientras aplicaban ese ERE, a razón de 1.199 euros al mes por el Audi Q5 de Pérez y 947 por un BMW X5 para Guijarro.
las provincias
Los indicios que constan en la causa atribuyen un papel capital al director del centro, Emilio Pérez, que participaba también en sociedades que supuestamente se beneficiaban de esa facturación ilegal, como avanzó LAS PROVINCIAS.
Pérez, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, llegó en 1999 a la dirección de Aido -presidido entonces por el también ingeniero industrial y patrono José Vicente González-, tras un año como director de marketing y logística de Bosal España, fabricante de componentes de automoción que entró en concurso este año y cerró su planta de Sagunto, con 222 despedidos.
Las declaraciones las tomaba el Consejo Rector, formado por la Generalitat, asociaciones y empresas
Previamente había ocupado durante cinco años la gerencia de la empresa de transporte DHL en Valencia, a la que llegó después de cuatro años como director de fabricación en Fosforera Marroquí y otros dos en la firma de prefabricados de hormigón Prevalesa. Según recoge su perfil en una red social, su carrera profesional comenzó un año antes, en 1984, como jefe de la oficina técnica de la mercantil Peris Andreu, también dedicada al transporte.
La etapa que más destaca en su currículum es, sin duda, la que le sitúa como director de Aido durante 16 años, desde 2001 a 2009 con José Luis Moscardó como presidente y después con Rafael Ros, ambos entre los cerca de veinte imputados en la causa por fraude, incluido Aido y también el que fuera subdirector desde 1989, José María Guijarro, el director técnico Santiago Simón y Darío Ginestar, que representaba en el consejo rector a Kronomav Sistemas, empresa participada por Emilio Pérez y que, según publicó este diario, facturó a Aido miles de euros por informes sacados de internet.
Órganos de gobierno
En Aido, el órgano ejecutivo de gobierno era el Consejo Rector, elegido a su vez por la Asamblea en la que participaban todos los socios y que también designaba al presidente, perteneciente al ámbito industrial. Al frente de ese Consejo Rector en el que se tomaban las decisiones estaba el presidente del centro, cuatro vicepresidentes correspondientes a la Conselleria de Industria, a la Asociación de Industriales Gráficos de Valencia y Provincia, al Colegio de Ópticos Optometristas de Valencia y a Empreses Audiovisuals Valencianes Federades (desde 2009). Y junto a ellos, un secretario y un máximo de 20 vocales con voz y voto, algunos también de la Generalitat.
Pérez se había encargado de logística y fabricación en varias empresas y ahora ejerce como consultor
El actual conseller de Economía, Rafael Climent, cuestionó recientemente en Les Corts el funcionamiento institucional de estos institutos y, además de reprochar al PP su "nefasta gestión", dejadez y ausencia de "cualquier control", cargó contra los directores de estos centros y les acusó de que, por norma, configuraban "consejos rectores afines" cuyas decisiones "controlan completamente", pese a no tener voto. También cuestionó que cobren hasta 285.000 euros por dirigir centros con ayudas públicas, en alusión a Aitex. Emilio Pérez cobró ese año 96.000 euros.
La investigación de la Fiscalía parte de una denuncia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), que se circunscribía a un millón de euros en ayudas autonómicas y que, según indicios que constan en la causa, respondería a una venganza de un directivo del Ivace tras el despido de su mujer en Aido. Al margen del frente judicial, el comité de empresa culpa del cierre a la "nefasta gestión" de la cúpula, con impagos y recortes mientras protagonizaba asuntos turbios como la indemnización a Guijarro de 170.000 euros -el 8% de los fondos públicos que recibió en 2013-, apenas un año después de un ERE, o el mantenimiento de coches de lujo mientras aplicaban ese ERE, a razón de 1.199 euros al mes por el Audi Q5 de Pérez y 947 por un BMW X5 para Guijarro.
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